Secuestros, al archivo

A pocos días de conmemorarse el Día Internacional de las Victimas de Desaparición Forzada, en Michoacán no se alzó ni una sola voz oficial para hablar al respecto. 

El gobierno estatal no contempla este tema dentro de su agenda, pese a que esta entidad se ubica en los primeros diez lugares del ranking nacional. 

Solo en lo que va de este año han desaparecido 115 mujeres y se estima en 127 la desaparición de hombres en todo el estado.

Tampoco hubo este día una explicación sobre el estado que guardan las investigaciones que han corrido por cuenta de la procuraduría de justicia de esta entidad, sobre los periodistas desaparecidos, los que suman una lista de seis comunicadores. 

De igual forma siguen sin esclarecerse los asesinatos de dos periodistas más, cuyos expedientes se encuentran archivados en la Procuraduría de Justicia del Estado.

La mayor parte de las desapariciones que se tienen registradas en instancias oficiales en Michoacán, que corresponden a mujeres, se ubican en los municipios de la llamada zona de Tierra Caliente, principalmente en Coalcomán, Aquila, Buenavista, Tepalcatepec, Chinicuila y Churumuco. 

La mayor cantidad de desapariciones de hombres se ubican en la parte del bajío michoacano, en los municipios Zamora, Puruándiro, Yurécuaro y Sahuayo.  

La Comisión Estatal de Derechos Humanos ha reconocido como un problema las desapariciones forzadas en la entidad, y ha lamentado que a pesar de ello el gobierno estatal no ha establecido una política de atención especializadas al tema. 

Ni siquiera hay una agencia del ministerio público especializada en desapariciones forzadas, mucho menos una subprocuraduría que atienda este problema.

Sin protocolo

En la mayoría de los casos son los familiares de las propias víctimas quienes realizan las investigaciones iniciales, cuando estas deberían estar atendidas por una agencia especializada, bajo la normatividad de un protocolo bien definido, explica el abogado Ismael Soto, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

“En Michoacán las desapariciones se tratan sin ningún protocolo, sólo se turnan al Ministerio Público en funciones, se le asigna un número de averiguación previa y se espera a que alguien aporte datos sobre el paradero de la víctima. La mayoría de las veces todos los expedientes terminan archivados”, dice Evangelina Martínez, familiar de una desaparecida.

Rosa Elena Martínez, del municipio de Apatzingán, salió de su casa el pasado 27 de mayo. Como todos los días, faltando 15 minutos para las nueve de la mañana se dirigió a su trabajo. 

Nunca llegó a la oficina donde se desempeñaba como recepcionista. 

Su familia interpuso la denuncia de su desaparición ante la agencia del Ministerio Público del fuero común, apenas habían pasado tres horas de su desaparición, pero el fedatario no recibió la denuncia hasta que se cumplieron 48 horas de la desaparición. “Porque así lo establece el protocolo”, explicó a los familiares.

Es necesario que en Michoacán se cambie la ley, para que se pueda recibir una denuncia de desaparición apenas ocurra, dijo Evangelina Martínez, teniendo la certeza de que si se hubiera aceptado la denuncia de desaparición de su hermana al momento en que se presentó, se pudo haber logrado su ubicación antes de que fuera sustraída de la zona, como se presume.

El caso de Rosa Elena Martínez es uno de los 242 que existen en expedientes, tanto en la procuraduría de justicia del estado de Michoacán como en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. 

La mayoría de las desapariciones forzadas son de mujeres, y a pesar de ello no se ha decretado una alerta de género por parte del gobierno estatal, se queja Fabiola Alanís Sámano, presidenta de la fundación “Aquí Vamos por Michoacán”.

La fundación que encabeza la exdirigente estatal del PRD es la institución más activa que ha venido recopilando datos sobre este problema en Michoacán, desde donde se ha señalado como foco rojo a toda la zona de Tierra Caliente, justamente en donde se encuentra desplegada la mayor parte de las fuerzas federales que participan en tareas de seguridad pública.

De alto riesgo para los periodistas

El problema de las desapariciones también afecta al gremio periodístico, en donde –proporcionalmente– se ha registrado la mayor cantidad de desapariciones forzadas de comunicadores en todo el país. 

A la fecha de un total de 15 periodistas con estatus de desaparecido, 6 son de Michoacán.

El tema también incomoda al gobierno estatal, en donde no hay una dependencia que le haga seguimiento permanente a las averiguaciones.

Pese al número de periodistas desaparecidos, el gobierno estatal no ha querido recibir asesoría por parte de instituciones promotoras de protocolos para la seguridad de los comunicadores, mucho menos ha atendido peticiones de organismos no gubernamentales que exigen resultados.

Organismos no gubernamentales como La Casa de los Derechos de los Periodistas han intentado el acercamiento con el gobierno actual de Michoacán, para establecer cursos de autoprotección y mecanismos de seguridad para los comunicadores.

Sin embargo, al gobernador interino Jesús Reyna García, al secretario de gobierno Jaime Mares Camarena y al coordinador de comunicación social, Julio Hernández Granados, no les ha interesado.

De igual forma se ha intentado hacer comunicación con diputados locales para que se legisle sobre la creación de una ley que permita un mecanismo de seguridad para los periodistas en Michoacán, y tampoco se ha tenido respuesta. 

Sobre los reporteros desaparecidos no hay informe oficial del gobierno estatal que indique el grado de avance en las investigaciones o el estado en el que se encuentre el expediente que se apertura al momento de la denuncia de su desaparición. 

De la larga lista de periodistas ejecutados en México, por cuyos asesinatos no hay detenidos y se diluyen las líneas de investigación por parte de las procuraduría de justicia, Michoacán mantiene dos expedientes abiertos, sin una respuesta que satisfaga a sus deudos; aun no se esclarece el asesinato de Jaime Arturo Olvera, periodista independiente, y de Gerardo Israel García Pimentel del diario La Opinión de Michoacán.

Mientras en el resto del país, a propuesta de Amnistía Internacional hubo manifestaciones entorno a las desapariciones, en el estado de Michoacán, el gobierno de Jesús Reyna hizo pasar de noche el recuerdo a las víctimas.

Siguen buscándolos

De acuerdo a datos publicados por la organización Reporteros Sin Fronteras, los desaparecidos en Michoacán son:

> José Antonio García Apac del periódico Ecos de la Cuenca

Desaparecido el 20 de Noviembre del 2006 

> Gamaliel López Candonosa de TV Azteca

Desaparecido el 10 de mayo del 2007

> Juan Pablo Solís, empresario de la radio

Desaparecido el 7 de diciembre del 2007

> Mauricio Estrada Zamora del diario La Opinión 

Desaparecido el 12 de febrero del 2008

> María Esther Aguilar Casimbe del diario Cambio

Desaparecida el 11 de noviembre del 2009 

>Ramón Ángeles Zalpa del diario Cambio de Michoacán

Desaparecido el 6 de abril del 2010