Plantean legalizar ‘escuchas’ del CISEN

El Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (CISEN) podría tener más motivos para solicitar la intervención de comunicaciones privadas de las que tiene hoy día para realizar sus labores de espionaje.

Una iniciativa del senador panista Roberto Gil Zuarth propone que el CISEN pueda intervenir cualquier comunicación privada de una persona o un grupo de personas, en caso de una amenaza a la seguridad interior.

“La intervención de comunicaciones privadas abarca todo sistema de comunicación o programas que sean resultado de la evolución tecnológica, que permitan el intercambio de datos, informaciones, audio, video, mensajes, así como archivos electrónicos que graben, conserven el contenido de las conversaciones o registren datos que identifiquen la comunicación.

“Podrán ser objeto de intervención las comunicaciones privadas que se realicen de forma oral, escrita, por signos, señales o mediante el empleo de aparatos eléctricos, electrónicos, mecánicos, alámbricos o inalámbricos, sistemas o equipos informáticos, así como cualquier otro medio o forma que permita la comunicación entre uno o varios emisores y uno o varios receptores”, dice la propuesta.

Las intervenciones podrían ser solicitadas por el director general del CISEN o por otros funcionarios del Centro a quienes se les dé esa facultad, y la solicitud deberá ser resuelta por el juez de control de forma inmediata en una audiencia privada o en un plazo máximo de seis horas a partir de la solicitud.

Actualmente, el titular de la PGR –o funcionarios de la Procuraduría facultados para ello-; el CISEN; y la Policía Federal tienen facultad para pedir a un juez la intervención de comunicaciones.

En el caso del CISEN, dicha facultad se encuentra establecida en el Artículo 34 de la Ley de Seguridad Nacional.

En la propuesta de Gil Zuarth, los supuestos se amplían y el CISEN podría intervenir comunicaciones si existe una amenaza a la seguridad interior.

Entre dichas amenazas están tratar de impedir que las autoridades federales, estatales o municipales administren o ejecuten programas de apoyo federal; obstaculizar o impedir la actuación de las autoridades en casos de emergencia o desastre; o realizar actos tendentes a consumar violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad, entre otros que no aparecen en la Ley de Seguridad Nacional.

Además de la intervención de comunicaciones, el CISEN tendría la facultad de pedir la geolocalización en tiempo real a los concesionarios y operadores de servicios de telefonía, a través de un juez, así como los datos conservados en los equipos de comunicación que se asocien a una línea telefónica.

Regular uso de Fuerzas Armadas

En su iniciativa, Gil Zuarth pretende que se regule la participación de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interior, vacío legal que se tiene desde que el Ejército y la Marina comenzaron a participar en actividades de seguridad pública.

La propuesta establece los supuestos en que debe declararse una afectación a la seguridad interior, declaratoria que puede darse a petición del presidente de la República, los gobernadores, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, la mayoría de los diputados de los congresos locales o el Senado.

Para hacer esa declaratoria, uno de los requisitos será “aportar elementos que permitan la identificación de los sujetos, grupos o agentes generadores del supuesto de afectación de que se trate, cuando ello sea posible”.

Prevé la creación de un Comité de Seguridad Interior, que será la máxima instancia de coordinación, y en el que participarán los secretarios de Gobernación, Defensa Nacional, Marina y Relaciones Exteriores; así como el fiscal General de la Nación y otros funcionarios en tareas de seguridad, como el CISEN o la Policía Federal, además de una representación del Congreso.

El senador panista propuso que las Fuerzas Armadas puedan actuar en los casos en que se haga la declaratoria de afectación a la seguridad interior.

Se busca crear, además, un cuerpo de Fuerzas Especiales de Apoyo Federal, que tendrán un adiestramiento especial y cuya intervención quedará sujeta a la declaratoria.

Si esta Fuerza Especial o algún otro cuerpo de las Fuerzas Armadas intervienen en algún lugar, se deben establecer previsiones para la instalación de puestos de revisión en la vía pública –en donde se contempla la presencia permanente de personal de la CNDH-, la inspección de personas y bienes y los protocolos de uso legítimo de la fuerza.

“Las implicaciones para los órdenes constitucionales modernos, de carácter democrático, civil y de vigencia plena de los derechos humanos, genera limitaciones, incentivos y pautas para respuestas diversas a fin de balancear las relaciones entre autoridades civiles y militares, la creación de fuerzas intermedias o especializadas, el diseño de mecanismos administrativos, judiciales y parlamentarios de control, evaluación y fiscalización de dichas funciones. En un esfuerzo de esta naturaleza, se presenta esta iniciativa”, argumentó el expresidente del Senado.

Hasta ahora, advierte, la actuación de las Fuerzas Armadas en asuntos de seguridad de carácter civil ha estado fundada constitucionalmente en criterios jurisprudenciales de la SCJN, pero sin la existencia de un marco legal secundario que ha provocado “inseguridad jurídica”, que se busca subsanar con la propuesta.

La iniciativa fue suscrita por varios senadores más del PRI y del PAN y estará en análisis en las comisiones de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos.