"No entiendo por qué razón ‘El Gerber’ (Rodrigo Vallejo) podrá terminar sus asuntos pendientes con la justicia en unos cuantos meses, y sin embargo el comandante (José Manuel) Mireles todavía se mantiene en prisión, cuando su único delito fue denunciar la corrupción de funcionarios estatales y miembros del cártel de los Templarios"
La sentencia irrisoria aplicada a Rodrigo Vallejo Mora, hijo del gobernador priista con licencia médica Fausto Vallejo Figueroa, por encubrir al jefe del cártel de los Caballeros Templarios, más allá de polarizar a la opinión pública de Michoacán, ha puesto en evidencia la facciosa aplicación de la justicia en México.
Mientras para un juez no es de gravedad que el hijo del que fuera en su momento gobernador de Michoacán se haya reunido con el jefe de los Templarios, para otros jueces federales reuniones más breves y menos documentadas que esa han servido de base para dictar sentencias condenatorias de hasta 20 años de prisión.
Solo en las cárceles federales de Almoloya y Puente Grande, al menos 82 presos recibieron sentencia condenatoria en los últimos cinco años, con penas que van desde los 10 a los 20 años de prisión, luego que el agente del Ministerio Público de la federación pudo demostrar y documentar la reunión de los sentenciados con quienes en su momento fueron jefes de cártel.
En la mayoría de los sentenciados, por haberse reunido con ‘El Chapo Guzmán’, Heriberto Lazcano, Osiel Cárdenas Guillen, Sergio Enrique Villareal o el mismo Servando Gómez Martínez, las reuniones fueron demostradas ante el juez mediante testimonios y concatenación de hechos, en ningún caso se demostró una reunión tan fehacientemente como con una videograbación.
En el caso del hijo del gobernador con licencia de Michoacán, el agente del Ministerio Público demostró ante el juez como un hecho histórico real la reunión entre Rodrigo Vallejo Mora y el jefe de los Caballeros Templarios, Servando Gómez Martínez, en por lo menos tres ocasiones distintas. Los encuentros fueron con firmados por el propio jefe del cártel michoacano, de acuerdo a lo deposado en su declaración ministerial.
Por el delito de delincuencia organizada, que se fincó en base a reuniones con Servando Gómez Martínez, argumentadas por el agente del Ministerio Público de la PGR, actualmente existen por lo menos 125 procesos penales abiertos, cuyos acusados se encuentran en cárceles del sistema penitenciario federal. La mayoría de esos presos están en riesgo de ser sentenciados a por lo menos 10 años de prisión.
A Rodrigo Vallejo Mora se le sentenció a 11 meses y siete días de cárcel, pese a que se demostró y documentó la reunión con Servando Gómez Martínez ‘La Tuta’. Aun así el juez que conoció del caso no encontró elementos para fincar responsabilidad al hijo del gobernador con licencia de Michoacán, sobre el delito grave de delincuencia organizada.
En contraparte resaltan los casos del ex gobernador interino de Michoacán, Jesús Reyna García y el ex diputado local priista, José Trinidad Martínez Pasalagua, quienes están presos en la cárcel federal de Almoloya, acusados del delito grave de delincuencia organizada, por reunirse con ‘La Tuta’.
El señalamiento que pesa sobre Reyna García y Martínez Pasalagua se finca en una acusación, en donde la prueba que ha aportado el agente del Ministerio Público de la federación son videograbaciones poco nítidas de lo que parecen ser sendas reuniones entre los que fueron funcionarios estatales y el jefe del cártel de los caballeros Templarios.
La sentencia dictada a Rodrigo Vallejo Mora, de la que ya ha pagado una parte con la prisión preventiva que compurgó antes de alcanzar la libertad bajo caución, podría darle la posibilidad de finiquitar sus asuntos con la ley antes de que termine el presente año, toda vez que no está impedido para solicitar beneficios de ley.
Especialistas en derecho estiman, de acuerdo al trato preferencial que se le ha dado al proceso de Rodrigo Vallejo, que posiblemente el hijo el gobernador con licencia de Michoacán podría estar de regreso en su casa en los días previos a la navidad, toda vez que no está impedido para alcanzar beneficios de ley, en donde se encuentra la conmutación de la pena.
Se caen los casos de importancia
La sentencia de 11 meses y 7 días que un juez federal consideró como sanción contra Rodrigo Vallejo Mora, por no haber “colaborado” para –en su momento- dar con la captura de Servando Gómez Martínez, luego de acreditarse al menos dos reuniones entre ambos, representa un revés para el programa de restauración del estado de derecho que pretende la federación desde el 16 de enero del 2014 en el estado de Michoacán.
Salvo el encarcelamiento del jefe fundador de los grupos de autodefensa, José Manuel Mireles Valverde, que sigue preso en la cárcel federal de Hermosillo, ninguna de las acciones emblemáticas y de impacto mediático que el gobierno federal ha pretendido en Michoacán en los últimos 20 meses se ha consolidado en los tribunales.
El primer caso en donde el estado fue derrotado fue el encarcelamiento de Hipólito Mora Chávez, jefe de los grupos de autodefensa, el que en primera instancia fue llevado a proceso penal acusado de la muerte de dos autodefensas. El procesamiento de Hipólito Mora fue una acción impulsada por quien fuera el comisionado Alfredo Castillo Cervantes.
Tampoco prosperó la intención del gobierno federal de someter a proceso penal a otro jefe de las autodefensas: Luis Antonio Torres ‘El Americano’, al que se le acusó de haber participado en una refriega en donde perdieron la vida al menos media docena de autodefensas, todos ellos miembros del grupo de Hipólito Mora Chávez.
De la misma forma, Mora fue absuelto por segunda ocasión, luego de ser señalado por el Ministerio Público como responsable de la muerte de por lo menos cuatro autodefensas del grupo de Luis Antonio Torres ‘El Americano’.
Igualmente se destaca el caso de la matanza del 6 de enero del 2015, la ocurrida en calles del centro de la ciudad de Apatzingán, en donde fuerzas federales dispararon contra la población civil, y posteriormente existió la versión de un enfrentamiento entre miembros de dos grupos de autodefensas. Los acusados y procesados fueron puesto en libertad sin reservas de ley.
Actualmente, bajo acusaciones endebles, el Gobierno estatal –con la instrucción de la federación- mantiene bajo proceso penal a por lo menos tres jefes de autodefensas, a los que acusa de portar armas de uso exclusivo de las fuerzas federales, cuando esas armas fueron entregadas por los propios funcionarios de la federación encargados de la pacificación de la entidad.
Mireles, ni para cuando
Como una “incongruencia de la justicia” es visto el caso de la ligera sentencia otorgada a Rodrigo Vallejo Mora, según las palabras del jefe de los grupos de autodefensa de la zona de Aguililla, el Comandante Felipe, quien dice que no entiende la razón por la que un juez le ha dado tan reducida sentencia a un hombre que hizo tanto daño a Michoacán.
“No entiendo –trata de explicar el jefe de las autodefensas- por qué razón ‘El Gerber’ (Rodrigo Vallejo) podrá terminar sus asuntos pendientes con la justicia en unos cuantos meses, y sin embargo el comandante (José Manuel) Mireles todavía se mantiene en prisión, cuando su único delito fue denunciar la corrupción de funcionarios estatales y miembros del cartel de los Templarios.
”Por lo que se ve, se trata de meter a la cárcel al que se defiende de los delincuentes, y a los delincuentes se trata de dejarlos en libertad. La prueba está no solo en el encarcelamiento del doctor Mireles, sino también en el de Semeí (Verdía). Pobre, lo están acusando de homicidio y lo único que ha hecho es tratar de defender su vida, la que se la han querido quitar en por lo menos tres veces”.
La libertad del doctor Mireles, dijo el jefe de las autodefensas, aunque no se ve para cuando, “va a tener que ocurrir pronto a menos que el gobierno federal quiera que esta revolución se haga más grande, porque la gente no va a aguantar ver que los delincuentes estén saliendo de la cárcel y los autodefensas estén quedándose adentro. Solo falta que la Tuta salga libre por falta de pruebas”.
