Sentencian a cinco años a expolicía que participó en tortura de la periodista Lydia Cacho
Mora Olvera se desempeñaba como policía judicial de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) del estado de Quintana Roo cuando participó en la detención arbitraria de la periodista
Indigo StaffUn juez federal sentenció a cinco años y tres meses de prisión al expolicía judicial Miguel ‘N’, por su participación en el delito de tortura contra la periodista Lydia Cacho.
El juez también determinó que el expolicía de Quintana Roo sea inhabilitado para desempeñar empleo, cargo o comisiones públicas mientras cumple su condena.
Mora Olvera se desempeñaba como policía judicial de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) del estado de Quintana Roo cuando participó en la detención arbitraria de la periodista.
De acuerdo con la carpeta de investigación, Mora Olvera fue el encargado de detener y trasladar a Cacho fuera de la entidad.
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Derivado de las pruebas que presentó la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), de la Fiscalía General de la República (FGR), el juez Segundo de Distrito en Quintana Roo determinó que el imputado es culpable “por su participación a título de coautor en el delito de tortura” en perjuicio de Cacho.
Falta extradición Kamel Nacif
El 13 de mayo, el empresario Kamel Nacif Borge fue detenido en Líbano, otro de los involucrados en la tortura de la que fue víctima la activista.
Nacif también es acusado de comprar niñas pequeñas para obligarlas a ejercer la prostitución.
Fue la periodista Lydia Cacho quien dio a conocer la detención del empresario, además señaló que fue llamada a testificar ante las autoridades libanesas.
Testificando ante las autoridades libanesas por el arresto de Kamel Nacif Borge. El empresario tratante de niñas que orquestó mi tortura, compró niñas pequeñas para prostituirlas, lava dinero y evadió al fisco en los Estados Unidos. 15 años después #AquíNadieSeRinde pic.twitter.com/Fqp0nsoLXj
— Lydia Cacho (@lydiacachosi) May 13, 2021
En 2005, la escritora y activista fue victimizada con el aval del entonces gobernador de Puebla, Mario Marín, en represalia por denunciar una red de explotación sexual infantil encabezada por los empresarios Kamel Nacif y Jean Succar Kuri.
