Sí fue una ejecución
Sí hubo al menos una ejecución extrajudicial en la matanza del 6 de enero del 2015, ocurrida en Apatzingán, donde elementos de la Policía Federal habían informado oficialmente que el resultado de 12 personas muertas había sido consecuencia de un enfrentamiento contra civiles armados, identificados como miembros del grupo de autodefensas comandados por Luis Antonio Torres, “El Americano”.
J. Jesús Lemus
Sí hubo al menos una ejecución extrajudicial en la matanza del 6 de enero del 2015, ocurrida en Apatzingán, donde elementos de la Policía Federal habían informado oficialmente que el resultado de 12 personas muertas había sido consecuencia de un enfrentamiento contra civiles armados, identificados como miembros del grupo de autodefensas comandados por Luis Antonio Torres, “El Americano”.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a través de la recomendación 3/2015, emitida a la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena), Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Gobierno de Michoacán y Gobierno municipal de Apatzingán, reconoció uso excesivo de la fuerza causa principal de la muerte de cinco personas, y ejecución extrajudicial en el caso de otra de las víctimas fallecidas.
El órgano garante de los derechos humanos en México recomendó a la Sedena, cuyos elementos participaron en la detención de civiles que luego fueron presentados como responsables de los homicidios, que “se instruya a quien corresponda, a fin de que proceda a la reparación del daño que corresponda por las lesiones innecesarias para su sujeción y/o sometimiento causadas (a dos personas) así como el trato cruel, inhumano y/o degradante en agravio de una persona que se arrodilló ante personal militar, quienes le tomaron fotografías”.
A la CNS, como responsable de la actuación de la PF, la CNDH recomendó que “se instruya a quien corresponda, a fin de que se colabore ampliamente con la PGR en la investigación de la privación de la vida de (una persona) dentro de la indagatoria correspondiente”.
También se ha recomendado al comisionado nacional de Seguridad que “se instruya a quien corresponda, a fin de que se colabore ampliamente en la averiguación previa y en el procedimiento administrativo que se inicien con motivo de la denuncia y queja que presente esta Comisión Nacional por las violaciones graves a derechos humanos consistentes en el uso excesivo de la fuerza que derivó en la pérdida de la vida (de cinco personas), así como en el en el uso excesivo de la fuerza que derivó en la ejecución extrajudicial de una persona”.
Frente a la recomendación de la CNDH, donde se reconoce la ejecución extrajudicial, salta el discurso oficial que en su momento hizo el entonces gobernador de Michoacán, Salvador Jara Guerrero, quien avaló la versión emitida por la PGR y el propio comisionado para la seguridad de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, cuando se aseguró que las víctimas habían disparado contra las fuerzas federales.
El entonces gobernador de Michoacán aseguró que las víctimas, entre las que se encuentran dos menores de edad, habían disparado armas de grueso calibre, lo que ha quedado desmentido por la averiguación de Derechos Humanos, donde se ha encontrado que al menos seis de las 12 víctimas de la matanza se encontraban desarmadas al momento de ser abatidas por fuerzas federales.
Sumado a exceso de fuerza y ejecución extrajudicial por parte de las fuerzas federales, la CNDH también encontró que hubo “dilación en la prestación de auxilio e inadecuada atención médica prehospitalaria que se les brindó (a las víctimas) por parte de los paramédicos adscritos a la PF”. También se ignoró una solicitud de auxilio médico de un lesionado que luego murió a consecuencia de las lesiones de bala.
Las investigaciones a que está llamando la CNDH, para ubicar mediante una causa penal a los responsables del homicidio de las víctimas de la matanza del 6 de enero del 2015 en Apatzingán, recaerán en los 44 policías federales y en los 287 soldados que participaron en los hechos, a los que se intentó deslindar mediante la consignación de otros autodefensas como presuntos responsables de la matanza.
Tanhuato
> Transparencia En tanto, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) instruyó a la Policía Federal a elaborar y entregar en versión pública los reportes generados por policías federales que participaron en los hechos ocurridos en Tanhuato, Michoacán, en mayo pasado, y que dejaron un saldo de 43 personas muertas.
> Reserva La Policía Federal en un principio reservó la información por 12 años, pero, tras revisar los documentos, el comisionado ponente, Francisco Javier Acuña Llamas, modificó su respuesta y puso a disposición del particular una versión pública de los reportes generados por los policías federales sobre los hechos referidos, que consisten en las notas informativas números 518 y 519..
>Otra versión El pleno del INAI determinó elaborar una nueva versión pública de las notas informativas, número 518 y 519, en la que sólo podrá clasificar como reservada alguna información por motivos de seguridad y resguardo de datos personales.
>Nombres Se determinó resguardar la información de los presuntos agresores.