Siembran la duda

Una cascada de dudas se cierne sobre los hechos ocurridos el pasado viernes en las inmediaciones de la comunidad de Tinaja de Vargas, Michoacán, donde perdieron la vida 43 personas durante un aparente enfrentamiento entre civiles al servicio del crimen organizado y fuerzas federales.

Las líneas de investigación abiertas por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), así como testimonios de las policías municipales de la zona, han dejado ver algunas inconsistencias en el parte oficial que fue dado a conocer por el titular de la Comisión Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido.

Extraoficialmente, algunos de los investigadores que realizan los trabajos de campo en la zona, han apuntado a la posibilidad de que en el Rancho del Sol, cercano a la comunidad de Tinaja de Vargas, a unos metros de la utopista Morelia-Guadalajara, “se hayan llevado a cabo hechos extrajudiciales en contra de los que finalmente fueron entregados como muertos”.

Más allá de la versión de los policías que participaron en el posible enfrentamiento, las evidencias que civiles han reunido poco a poco suponen el ocultamiento de información por parte del Gobierno federal.

La principal línea de investigación retomada por el personal de la CNDH es en relación a los muertos que se encontraron dentro del Rancho del Sol; los que estaban abatidos en terrenos claros y llanos, en donde es difícil creer que los occisos pudieron elegir para encarar un enfrentamiento con las fuerzas federales.

Otra línea de investigación, revelada por funcionarios del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), es la incompatible incautación de armas frente al número de personas abatidas que aparentemente participaron en el enfrentamiento.

De acuerdo al comunicado oficial del comisionado de Seguridad, en la refriega perdieron la vida 42 presuntos sicarios, pero solamente se incautaron 36 rifles de asalto, dos pistolas, un lanzagranadas y un fusil calibre 50. En total fueron 40 armas las que pudieron haber utilizado los 42 abatidos.

Personal del departamento de peritajes de la Procuraduría de Justicia del Estado (PGJE) de Michoacán destacó de manera anónima escenas inconsistentes que apuntan a la posibilidad de que algunos cuerpos hayan sido movidos antes de que se iniciara la averiguación.

Algunos de los cuerpos, que fueron levantados al interior del Rancho del Sol, no tenían zapatos y sus cuerpos estaban a una distancia mayor a los 30 metros de donde se encontraba el arma de fuego más próxima. “La posición de algunos cuerpos no correspondió a la cinemática natural del deceso”, filtró uno de los peritos.

Un incendio al interior del rancho, el que finalmente consumió al menos cuatro vehículos que eran utilizados por los presuntos sicarios, también ha sembrado la duda, pues el fuego comenzó una vez que las fuerzas federales ya tenían bajo su control el rancho donde quedaron regados los cuerpos de los 42 presuntos miembros del crimen organizado, explicó a escondidas un policía estatal que mantenía en resguardo el perímetro de la zona.

La inconsistencia 

De acuerdo a la versión del comisionado Monte Alejandro Rubido, la agresión a las fuerzas federales ocurrió al filo de las 9:15 de la mañana, momento en el que se solicitó apoyo por radio, pero a las policías municipales de La Piedad, Yurécuaro, Ecuandureo y Tanhuato se les pidió que salieran de la frecuencia radial del Centro de Computo Comando y Control (C4), advirtiendo que no se acercaran a la zona.

La versión oficial indica que los efectivos de la Policía federal, justo cuando realizaban un patrullaje para desalentar la criminalidad en la zona, fueron agredidos por hombres armados, en las inmediaciones de la finca Rancho del Sol, de 112 hectáreas. Pero una versión policial del municipio de Ecuandureo revela que la balacera comenzó en la comunidad de Tinaja de Vargas, a tres kilómetros del rancho.

Hasta La Tinaja (de Vargas) –dijo la fuente policial– llegó un convoy para buscar la detención de dos hombres señalados como responsables del asesinato del candidato de Morena a la alcaldía de Yurécuaro, y líder los grupos de autodefensa, Enrique Hernández Salcedo. La captura no se pudo lograr porque un grupo de hombres disparó sus armas de fuego contra los uniformados.

Los agresores fueron perseguidos por los policías, llegando a las puertas del Rancho del Sol, en donde se dio la refriega hasta en tres puntos distintos, explicó Rubido.

Sin embargo, personal de peritaje de la PGJE, filtraron que el número de cascajos percutidos, que pudieron haber salido de las armas de los agresores fue notoriamente inferior al que se hubiese necesitado para mantener un ritmo de “fuego intermitente” por espacio de tres horas. Algunos cuerpos de agresores caídos fueron ubicados con apenas tres o cinco cascajos en su entorno.

Denuncia anónima

Fuentes de la policía municipal de Tanhuato, cuyo alcalde, Gustavo Garibay García, fue ejecutado el pasado 22 de marzo del 2014, revelaron a Reporte Índigo que allí se recibió una denuncia de una vecina de Tinaja de Vargas que pedía la presencia de los uniformados porque se había iniciado una balacera. La llamada fue recibida en la corporación al filo de las 8 de la mañana, una hora antes del inicio oficial de la conflagración.

Se presume que los policías federales que se balearon con sus agresores, fueron tras de ellos, hasta acorralarlos en las inmediaciones de la finca del Rancho del Sol, en donde estaban otros integrantes del crimen organizado, reanudando la balacera.

La policía federal, insisten policías de Tanhuato, entró a la finca Rancho del Sol apenas media hora después de iniciada la balacera. Casi 40 minutos después, cuando la policía de Tanhuato ya llegaba a la ranchería, se escuchó la orden por la frecuencia de radio del C4 para que se alejaran de la zona.

Aun cuando los policías municipales no se hicieron presentes en la zona, todas las corporaciones se declararon en alerta, logrado conocer que el cese de la balacera se registró al filo de las 10:00 de la mañana, por lo que se estima que los policías federales estuvieron en la escena de la confrontación, sin la presencia del ministerio público, al menos dos horas.

Para algunos jefes policiacos municipales de la zona, los caídos en el enfrentamiento con las fuerzas federales puede que no pertenezcan al Cártel de Jalisco Nueva Generación. “Se trata de trabajadores (sicarios) que estaban al servicio de la familia Vargas, la que se ha distinguido en los últimos 20 años al servicio del cártel que predomine en la entidad”.

Sospechas de la CNDH

La versión de un funcionario enviado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) apunta hacia la posibilidad de que la escena del crimen y algunos de los cuerpos caídos en el lugar, fueron manipulados.

Uno de los puntos de la indagatoria que más ha desconcertado a los investigadores ajenos a las fuerzas federales es la presencia de un incendio al interior de la finca. La conflagración que consumió seis autos –al parecer de lujo–, se registró una hora antes de que arribara al lugar el agente del ministerio público del fuero común y dos horas después de que ya estaba asegurada la zona.

También ha sembrado dudas sobre un acto extrajudicial dentro de la finca, el desorden que encontró el agente del ministerio público, entorno a una casa que está a la cabeza de las 112 hectáreas de suelo agrícola, en donde se encontró ropa esparcida por todos lados, zapatos que podrían corresponder a algunos de los presuntos sicarios caídos en el enfrentamiento.

Oficialmente se ha dicho que es una propiedad que fue arrebatada a su legítimo dueño por el crimen organizado, pero en la oficina de la propiedad predial del Gobierno de Michoacán se oculta el nombre del propietario.

Reporte Índigo solicitó ante la oficina de la propiedad inmobiliaria acceso al expediente  de la propiedad, pero –como todo en Michoacán– se dio a conocer que el expediente no existe.