¿Cuántos pobres?

Aunque la situación económica en los hogares del país se agudiza, las cifras oficiales insisten que la pobreza y desigualdad han disminuido.


Cercano a las elecciones del 2018, el cambio en la forma de medición ha arrebatado la confianza sobre los verdaderos resultados de los programas de combate a la pobreza.


Aunque se trató de un cambio en los criterios de captación de la información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), lo cierto es que el resultado de la medición se llevó la certeza sobre la disminución de la brecha de desigualdad y dejó la sospecha del uso político de los indicadores.


El cambio en el mecanismo utilizado por el INEGI dejará al país sin datos sobre medición de pobreza de este año.


No solo se daña la percepción sobre los resultados de las políticas públicas, sino la planeación a futuro.


Las derivaciones de la medición de pobreza son utilizadas por el Gobierno federal y los gobiernos estatales y municipales para diseñar programas y llevar a cabo acciones de mitigación que permitan mejorar la calidad de vida de la población.


El conflicto por las cifras de pobreza destapó el uso político que se ha dado al problema durante décadas, sin proponer una solución que abata la desigualdad en México.


La Polémica


Las alertas se encendieron cuando el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) anunció que, de un año para otro, el ingreso de los hogares más pobres del país aumentó un 33 por ciento.


El anuncio se acompañó de otro: el Instituto había modificado las variables que formaron parte de la metodología de medición de la pobreza en el Módulo de Condiciones Socioeconómicas 2015.


El cambio en la metodología estuvo a cargo de la anterior administración del INEGI, encabezada por Eduardo Sojo.


La planeación del ejercicio comenzó en octubre del 2014; en los primeros meses del 2015 se planearon los cuestionarios y la metodología. Para noviembre del año pasado ya se habían terminado de levantar las encuestas.


Eduardo Sojo dejó el cargo en diciembre del 2015; a partir de enero del 2016, fue Julio Santaella –el nuevo presidente del INEGI- el encargado de concluir con los resultados.


El impulso para realizar el ejercicio en el 2015 se hizo desde la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y la Secretaría de Desarrollo Social, que estaba a cargo de Rosario Robles.


Los dos entes acordaron en el 2014 llevar a cabo la medición intercensal y municipal del 2015 y encargaron la tarea al INEGI y al Coneval.


El cambio provocó que el ingreso de quienes se ubican en el decil más bajo de la población, los más pobres, aumentara un 33.6 por ciento… al menos en el papel.


Este porcentaje representa un aumento de alrededor de mil pesos mensuales en los ingresos de estos hogares.


Convenientemente, con esos resultados la brecha de desigualdad se reduce. Quedó asentado que el ingreso de los más ricos creció un 10 por ciento, muy por debajo del 33 por ciento de aumento en los más pobres.


Al presentar los resultados, el INEGI alertó que estos no serían comparables con los del 2014.


“Las acciones instrumentadas para mejorar la captación del ingreso en campo hacen que el Módulo de este año no sea comparable con los ejercicios estadísticos previos”, expuso el INEGI.


El Instituto decidió que el resultado de las mediciones de ingresos de los hogares podía ser muy engañoso, por lo que se propuso aplicar un segundo cuestionario en donde había “ingresos sospechosamente bajos”.


“Imaginen ustedes la situación, cuando una persona nos pregunta por nuestros ingresos, peso o edad, la mayoría de las veces evaluamos la situación por lo menos unos segundos antes de responder con lo que pensamos que es la mejor respuesta para la ocasión”, justificó Julio Santaella,
presidente del INEGI, ante legisladores de la Comisión Permanente del Congreso.


El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) reclamó por este cambio y la imposibilidad de comparar los índices reales de uno y otro año.


El daño más grave, indicó Gonzalo Hernández Licona, secretario técnico del Coneval, fue que en 2015 se tendría, por primera vez, un instrumento para evaluar la evolución de las condiciones de pobreza por cada municipio.


Ante diputados y senadores, Hernández Licona expuso que en el Coneval se tomó el acuerdo, en el 2008, de no modificar por 10 años la forma en que calculan la evolución de la pobreza, para garantizar la comparabilidad y también para evitar sospechas.


“Aun cuando los cambios sean con buena intención y mejoran las estadísticas, en un país con historias lejanas que no siempre deseamos el indicador real, vale la pena tener transparencia y no modificar las cosas a menos que se planee”, enfatizó.


De inmediato, sectores académicos y políticos criticaron la falta del INEGI al no garantizar la comparabilidad del crecimiento o baja real de los resultados de este año con anteriores.


Un grupo de 156 expertos, convocados por el Centro de Estudios Espinosa Yglesias y Oxfam
México, expresaron su preocupación por el conflicto de las cifras y llamaron a participar en el diseño de una metodología alterna que nuevamente dé certeza a los resultados.


El INEGI y el Coneval plantearon la conformación de un grupo de trabajo para decidir cómo se podría rescatar algo del trabajo hecho en el 2015 y garantizar que la medición del 2016 tenga un mejor futuro.


La situación económica de los hogares mexicanos se agudiza; sin embargo, el INEGI  anunció que de un año para otro el ingreso mensual de los más pobres aumentó mil pesos, por lo que para éste, la brecha de desigualdad se reduce


En relación a las encuestas aplicadas por el INEGI, Julio Santaella, presidente de dicho instituto, dijo que muchas veces la gente piensa dar la mejor respuesta.


Politización de la pobreza


El escándalo por la modificación en las cifras de pobreza en México destapó para muchos el uso político que se da a la situación de los pobres en el país.


No pasaron ni tres días de que el INEGI diera a conocer los resultados del Módulo de Condiciones Socioeconómicas, cuando varios gobernadores ya salían a presumir “las buenas políticas” de sus gobiernos.


Durante años, los gobiernos han aplicado diversas estrategias para combatir la pobreza y, en especial, la alimentaria.


En los años 80, por ejemplo, el gobierno de Miguel de la Madrid lanzó el Programa Nacional de Alimentación, para atender a la población más marginada.


En 2003, el presidente Vicente Fox lanzó el “Pa’quete Alcance”, en el que se repartió 200 pesos mensuales por familia en las comunidades rurales.


Esta política cambió después al Programa de Apoyo Alimentario (PAL), con el que se atendía a la población en condiciones de extrema pobreza; fue éste el que luego evolucionó a Oportunidades y ahora a Programa de Inclusión Social Prospera, que añade otros apoyos como el Abasto de Leche y el de Abasto Rural.


En el inicio del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, fue Rosario Robles Berlanga –hoy titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu)-, pero a principios de sexenio secretaria de Desarrollo Social, la encargada de echar a andar los programas de combate a la pobreza.


Lanzó así la Cruzada Nacional contra el Hambre, un programa que no ha dado los resultados esperados, según expertos.


Cifras del Coneval citadas por el Instituto Belisario Domínguez, del Senado de la República, indican que entre el 2012 y el 2014 el porcentaje de población en pobreza en México se incrementó de 53.3 a 55.3 millones de personas, lo que representó un incremento 2 millones.


En ese mismo periodo, la población en pobreza extrema se redujo de 11.5 a 11.4 millones de personas, una reducción de aproximadamente 87 mil personas.


Empero, la carencia por acceso a la alimentación pasó de 23.3 por ciento a 23.4 por ciento, es decir, de 27.4 a 28.0 millones de personas.


La falta de resultados tangibles de la Cruzada contra el Hambre se da, en parte, por la falta de acceso a mediciones certeras sobre si los recursos llegan o no a su destino.
Esta situación podría empeorar con la no comparabilidad de los resultados en las mediciones del INEGI.


En un análisis sobre las consecuencias de esta medición, el mismo Instituto Belisario Domínguez alerta sobre la imposibilidad que se tendrá de saber con certeza si hay avances o no en la lucha contra la pobreza.


“Esto impedirá conocer y evaluar el grado de efectividad de políticas públicas de esta administración, tales como la Cruzada contra el Hambre o el programa Prospera”, advierte el Instituto.


Rosario Robles no lo ve así. En una entrevista con el periodista Óscar Mario Beteta, en Radiofórmula, la titular de la Sedatu señala que en este Módulo de Condiciones Socioeconómicas 2015 se demuestra que más de 3 millones de personas salieron de su condición de pobreza alimentaria.


“(Esto) habla de que sí dio resultados la Cruzada Nacional contra el Hambre”, soltó la funcionaria.


Se requiere la comparabilidad


El riesgo por el cambio en la forma de recolectar la información del INEGI puede extenderse no solo a los resultados de medición del 2015, sino a los del 2016, que a partir de hoy obtendrán los encuestadores del INEGI.


Para los resultados de este año, que se darán a conocer en el 2017 –un año antes de la sucesión presidencial- las autoridades ya han desplegado una estrategia para modificar no las condiciones de pobreza de la población, sino las respuestas que los ciudadanos darán a las encuestas, consideró
Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.


Para quien fue titular del programa Oportunidades entre el 2001 y el 2006, durante casi todo el gobierno de Vicente Fox, con el cambio realizado por el INEGI no solo se pierde la comparabilidad entre 2014 y 2015, sino que está en riesgo la del 2016, porque ya hoy comienza el levantamiento de la encuesta, lo que quiere decir que se hizo con los mismos parámetros que la del 2015 y no podrá ser comparada con la anterior.


Un hecho preocupante, a pesar de las cifras, es que los gobiernos de todos los niveles parecen no tener una verdadera intención de disminuir la pobreza, insistió.


“Hay esta obsesión por logros fáciles aunque no se cambie la realidad, por logros en indicadores que modifican variables pero no modifican realidades, es muy grave. Y es en todos los gobiernos.


“La discusión más importante es que ya se debe hacer frente a la pobreza; sea cual sea el número, es mucho, para qué le hacemos al cuento. Aunque les compremos el numerito actual de la 2015, ¿a poco está bien que haya 53 millones de personas a las que no les alcanza para vivir? No basta con ‘resolver el problema’ en un año, hay que hacer algo”, sentenció.


Para Roberto Vélez, director de Movilidad Social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), la falta de claridad en los cambios realizados en la medición ponen en tela de juicio las medidas de un indicador que debiera ser transparente.


“Si no aseguramos la comparabilidad, el gobierno no está en condiciones de poder, ya no se diga identificar si sus estrategias de combate a la pobreza están funcionando o no, sino que en términos de mensaje público no está en condiciones de hablar de logros o retrocesos porque ¿en qué se va a basar para decir que el decremento se debe a su acción?, y eso es muy grave para el gobierno”, dijo.


Vélez expuso que en el 2018 vendrá una discusión sobre si los métodos que se usan para medir la pobreza son correctos o requieren un ajuste; pero éste deberá venir no de la presión o la decisión de un solo sector, sino de un ejercicio consensuado entre todos los actores.


Sigue leyendo ” Meade insiste en combate “ por Carlos Salazar