SNA, ¿cuotas y cuates?
Elegir al nuevo miembro del CPC del Sistema Nacional Anticorrupción no será una tarea fácil entre toda la polémica que ha envuelto este nombramiento, pues los mismos participantes han acusado a la Comisión de Selección de simular un proceso democrático que no garantiza que el ganador cuente con el mejor perfil
Imelda García[kaltura-widget uiconfid=”39952882″ entryid=”0_99t3hypd” responsive=”true” hoveringControls=”false” width=”100%” height=”75%” /]
Ni el Sistema Nacional Anticorrupción se salva de cuestionamientos por prácticas indebidas.
En el proceso para elegir al nuevo integrante del Comité de Participación Ciudadana (CPC), algunos candidatos se han mostrado inconformes con el procedimiento que siguió la Comisión de Selección del SNA para definir a los finalistas, quienes lo califican como una simulación.
En octubre pasado arrancó el proceso para elegir a quien sustituirá a Mariclaire Acosta Urquidi como miembro del CPC, pues su encargo termina el 8 de febrero próximo.
Al proceso se inscribieron 19 personas y, tras una valoración documental de los perfiles, se definió a 5 finalistas que serán entrevistados por la Comisión de Selección este 25 de enero.
No hubo ningún ensayo o propuesta donde los candidatos hablaran de sus ideas para el combate a la corrupción; no hubo exámenes, pruebas o entrevistas con ninguno de ellos para conocerlos y entender sus planteamientos
Además de otros documentos, sólo se les pidió una carta de exposición de motivos en la que señalaran “las razones por las cuales la candidatura es idónea y cómo su experiencia lo califica para integrar el Comité”, se estipuló en la convocatoria.
La definición de los cinco finalistas se basó sólo en la valoración de los documentos que presentaron los interesados. Y aunque en la metodología de evaluación se estableció que serían asignados valores cuantitativos para tasar cada uno de los criterios, este valor fue otorgado de manera subjetiva por los evaluadores.
Los resultados de esta valoración documental no fueron entregados ni siquiera a los interesados, a quienes sólo se les notificó que no habían pasado a la siguiente etapa del proceso en una carta donde no se fundamentó la decisión.
Este procedimiento ya provocó que uno de los candidatos rechazados presentara un amparo contra la resolución de la Comisión de Selección —y que le fuera concedida la suspensión provisional del acto reclamado— y una queja ante la Secretaría de la Función Pública por “posibles actos de corrupción” contra dicha Comisión.
No es algo inédito. Desde el primer proceso de selección de los miembros del Comité Participación Ciudadana, a finales del 2016, hubo quejas sobre la forma discrecional en que se llevó a cabo el procedimiento; una inconformidad que llegó incluso a los juzgados
Los afectados ubican el problema en una falla de origen: la conformación y la actuación de la Comisión de Selección, nombrada por el Senado en el 2016, para elegir a quienes formarán parte del CPC.
Esta Comisión de Selección está conformada por 9 personas, cinco de ellos miembros de instituciones de educación superior y cuatro de organizaciones de la sociedad civil
Quienes se han pronunciado públicamente contra la forma en que se elige a los miembros del CPC califican como una farsa la labor realizada por esta Comisión: se trata de un asunto de cuotas y cuates.
El tema cobra especial relevancia al ser el CPC el encargado de “proponer políticas anticorrupción, metodologías e indicadores de evaluación y, sobre todo, vigilar el funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción”, como se define el propio Comité en su página web.
La Comisión de Selección está integrada por José Luis Caballero, director del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana; Cynthia Patricia Cantero, presidenta del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco; Antonio Carlos Gómez, presidente de la Asociación Interamericana de Contabilidad; Edna Jaime, directora de México Evalúa; y Sergio López Ayllón, director general del CIDE.
También están María Elena Morera, presidenta de Causa en Común; Juan Pardinas, hoy director del diario Reforma; Viridiana Ríos, investigadora del Wilson Center, en Washington, Estados Unidos; y Pedro Salazar, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
El SNA está en la mira del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en el 2016 criticó el Sistema Nacional Anticorrupción, al que calificó como un “ente burocrático costosísimo”.
Una vez que López Obrador ganó las elecciones, su equipo puso manos a la obra para revisar a fondo el SNA.
En el proceso de la Comisión de Selección del SNA para determinar al nuevo miembro del CPC no hubo exámenes o entrevistas, la definición de los cinco finalistas se basó sólo en la valoración de los documentos que presentaron los interesados
Uno de sus objetivos es reexaminar “a profundidad el modelo de designación de las cabezas institucionales”, como anunció la hoy secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval. Por lo pronto, el proceso de la Comisión de Selección para elegir al nuevo miembro del CPC ya se dirime en juzgados.
El proceso 2019
Para elegir a quien ocupará la vacante que dejará Mariclaire Acosta Urquidi en el CPC, la Comisión de Selección abrió una convocatoria en octubre pasado.
En dicho ejercicio se establecían, entre otros requisitos, tener experiencia verificable de al menos 5 años “en materia de transparencia, evaluación, fiscalización, rendición de cuentas o combate a la corrupción”, así como “gozar de buena reputación”
Además de documentos de identidad, se requería que los interesados fueran postulados por “instituciones u organizaciones promotoras” —es decir, nadie podía registrarse por sí mismo; y que entregaran una carta de exposición de motivos “de aproximadamente 5 mil caracteres” en la que se señalaran las razones por las cuales la candidatura fuera considerada idónea.
La Comisión de Selección publicó después la metodología que sería utilizada para evaluar a los candidatos.
Los expedientes serían repartidos en equipos de tres miembros de la Comisión y se explicó que se otorgarían valores cuantitativos a cada elemento de los documentos que proveyeron los interesados; pero nunca no se dijo cómo serían definidos esos valores.
Desde la convocatoria se definió que sólo pasarían a la etapa de entrevistas los cinco candidatos que obtuvieran los puntajes más altos en la valoración de su documentación, lo que restringió el acceso de los interesados a un encuentro con la Comisión de Selección
Una vez que concluyó la etapa de valoración de los documentos, el pleno de la Comisión de Selección tomó un acuerdo para decidir cuáles candidaturas no cumplían los requisitos.
El 15 de enero, los candidatos que no fueron seleccionados recibieron una carta en la que se les informaba que no estaban considerados dentro del grupo de 5 finalistas, sin explicar el porqué.
El 16 de enero se dio a conocer la lista de las 5 personas que pasaron a la siguiente etapa: Jorge Alatorre Flores; Óscar Arredondo Pico; Rosa María Cruz Lesbros; Benjamín Fuentes Castro y Ludivina Leija Rodríguez.
El 1 de febrero se dará a conocer la decisión de la Comisión de Selección sobre quién será el nuevo miembro del CPC
Ese mismo día, se hizo público un acuerdo de la Comisión en el que argumenta por qué algunos candidatos no pasaron a la siguiente etapa. Sin embargo, esa información no se entregó directamente a los interesados.
Los cinco finalistas serán entrevistados por la Comisión de Selección del SNA este viernes 25 de enero, el mismo día que se llevará a cabo un foro de consulta ciudadana en que se recibirán comentarios sobre los finalistas.
La convocatoria establece que el 1 de febrero se dará a conocer la decisión de la Comisión de Selección sobre quién será el nuevo miembro del CPC.
La metodología aplicada por la Comisión de Selección del SNA para elegir al nuevo integrante del CPC ha sido criticada por carecer de elementos que garanticen que la persona que se designe sea la más adecuada para el puesto
Sin embargo, el proceso podría retrasarse por la resolución de un juez al recurso legal que Enrique Carpizo Aguilar, uno de los candidatos, interpuso contra la Comisión de la Selección.
Hasta las últimas consecuencias
Enrique Carpizo Aguilar es uno de los abogados que se postuló para ser el nuevo miembro del CPC a partir de febrero próximo.
El 15 de enero, Carpizo recibió una carta de la Comisión de Selección donde se le informó que su nombre no estaba dentro del grupo de cinco finalistas sin darle a conocer los motivos de su rechazo
El jurista decidió entonces emprender una batalla legal contra la Comisión de Selección del SNA por considerar que se violaron sus derechos al no serle expuestos los argumentos por los que se rechazó su postulación.
Al día siguiente de recibir su carta de rechazo, Carpizo impugnó el proceso y presentó una demanda de amparo.
“El amparo, por esta vez nada más, está relacionado con la falta de fundamentación y motivación. Es un deber, es una obligación de toda autoridad o de toda institución de participación ciudadana, respetar la Constitución y fundar y motivar sus determinaciones. El amparo es nada más con ese objetivo (…)”, expuso Carpizo en entrevista.
El abogado argumentó que la Comisión violó los artículos 1, 8, 14 y 16 de la Constitución Política mexicana.
El abogado Enrique Carpizo acusó a la Comisión de Selección del SNA de incurrir en posibles actos de corrupción y dijo estar dispuesto a acudir a instancias internacionales para que se resuelva el caso
Jonathan Bass Herrera, juez segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, concedió a Carpizo Aguilar la suspensión provisional el 17 de enero, lo que impide a la Comisión de Selección consumar el nombramiento del nuevo miembro del CPC hasta que el asunto se resuelva de fondo.
“La concesión de la medida provisional solicitada es para el efecto de que las autoridades responsables continúen con el procedimiento de selección del nuevo integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, pero se abstengan de designar al candidato vencedor hasta en tanto este órgano judicial resuelva sobre la suspensión definitiva”, señala la resolución del juzgador.
La audiencia constitucional está citada para el 14 de febrero, dos semanas después de la fecha en que debía darse a conocer al ganador del proceso de selección.
No es el único recurso que Carpizo presentó contra la Comisión de Selección. El jurista presentó también una queja ante la Secretaría de la Función Pública por posibles actos de corrupción.
Los documentos de Enrique Carpizo fueron evaluados por Edna Jaime, María Elena Morera y Sergio López Ayllón
Uno de los argumentos de Enrique Carpizo es que Pedro Salazar, uno de los miembros de la Comisión y con quien el abogado tiene una enemistad pública, no se excusó de la evaluación de su expediente.
Aunque Salazar, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, no evaluó directamente el expediente de Carpizo, sí participó del acuerdo en el que el pleno de la Comisión decidió no aceptar que avanzara a la etapa de entrevistas.
La enemistad de Carpizo y Salazar data del 2014, cuando el sobrino de Jorge Carpizo McGregor, exrector de la UNAM, denunciara públicamente que el entonces abogado general de la UNAM, Luis Raúl González Pérez —hoy presidente de la CNDH— había plagiado uno de sus trabajos de investigación para integrarlo a su tesis de doctorado.
Carpizo, abogado litigante y presidente del Instituto para la Protección de los Derechos Humanos (INPRODH), señala que a partir de ese momento comenzó una campaña de acoso en su contra, que terminó con su salida de la UNAM en noviembre del 2014, apenas dos meses después de que Salazar fuera designado director del IIJ.
“Lamento mucho que su entrada al Instituto represente mi salida. El Dr. (Jorge) Carpizo se volvería a morir si viera una universidad donde muchos de sus colaboradores cercanos se allanan al servicio de la presunta corrupción patente en el actuar de muchos”, escribió Enrique Carpizo en una misiva dirigida a Salazar en octubre del 2014.
La suspensión provisional del proceso que un juez entregó a Carpizo retrasará el nombramiento del nuevo miembro del CPC
En percepción de Carpizo, esta enemistad es suficiente para que Salazar o cualquier persona cercana a él se excusara de la revisión de su expediente.
Los documentos de Enrique Carpizo fueron evaluados por Edna Jaime, María Elena Morera y Sergio López Ayllón, quien tiene una estrecha relación personal y profesional con Salazar.
Enrique Carpizo señala que está dispuesto a acudir a instancias internacionales para que se resuelva lo que, acusa, es una simulación en el combate a la corrupción en México.
Acusan simulación y opacidad
El de Carpizo no es el único caso en que la inconformidad por la actuación de la Comisión de Selección ya llegó a los juzgados.
En el 2016, cuando se llevó a cabo el primer proceso de selección de los miembros del Comité de Participación Ciudadana (CPC), Salvador Mejía, un abogado experto en prevención de lavado de dinero, anticorrupción, inteligencia y contrainteligencia, solicitó un amparo porque su candidatura fue rechazada por supuestamente haber entregado un documento fuera del plazo establecido.
Lo que sucedió, según la propia narrativa de la Comisión de Selección en su Libro Blanco sobre el proceso, fue que Mejía entregó sus documentos en el último día del plazo, pero le hizo falta una declaración que la Comisión le solicitó y que el abogado entregó después.
El juez que estudió el caso consideró que la entrega se había hecho fuera del plazo para la recepción de documentos —aunque la convocatoria estipulaba que si hacía falta alguno, lo solicitaría más tarde— y negó el amparo. Mejía renunció así a su intención de ser parte del Sistema Nacional Anticorrupción.
Para Mejía, socio director de la firma Asimetrics, todo el proceso para elegir a los integrantes del CPC se trata de una simulación, pues es un procedimiento que no está diseñado para incorporar a los mejores perfiles en la lucha contra la corrupción
“¿Quién seleccionó a la Comisión (de Selección)? El Senado. ¿Con qué parámetros? ¿Y quiénes son? Las mismas personas de los mismos think tanks de siempre, los iluminados de siempre. Que son personas que en pocos casos han generado una que otra acción en materia de rendición de cuentas, pero son persona que jamás han trabajado en el mundo anticorrupción.
“Sin embargo, ellos eran académicos con grandes cartas credenciales de universidades en el extranjero, que con el paso de los años hemos visto que algunos ya han tomado posiciones políticas”, acusó Mejía en entrevista.
Mejía recordó que, incluso, Antonio Carlos Gómez Espiñeira, miembro de la Comisión de Selección, reconoció en una carta que no se habían elegido a los mejores perfiles de combate a la corrupción; y que la propia Jacqueline Peschard, primera presidenta del CPC, reconoció que se habían elegido a defensores de Derechos Humanos sin experiencia en temas anticorrupción.
“Pude ver que había personas que evidentemente no tenían conocimientos y que se estaban postulando, y que traían 8, 9, 10 organizaciones atrás de ellos. Es decir, yo creo que se politizó. Y como lo dije muchas veces en redes sociales: No gracias, yo no le vuelvo a entrar; ya entendí que esto es una cosa de cuotas y de cuates”, sentenció Mejía.
El abogado recalcó que para una tarea como la del SNA era necesario incorporar a perfiles expertos en ejecutar tareas anticorrupción, no solo a personas que las mencionan en sus discursos.
Mejía calificó como una simulación y una fantasía el combate a la corrupción en el país, auspiciada por los mismos grupos de poder de siempre.
Del actual proceso, otro de los participantes que se mostró inconforme con el procedimiento utilizado por la Comisión de Selección es Francisco Javier Mena Corona, un abogado experto en temas de transparencia, quien acusó en redes sociales que “corrupción también es diseñar para simular una aparente buena elección”.
En entrevista, Mena bajó el tono de sus acusaciones y comentó que más que un acto de corrupción se trata de opacidad en la decisión.
“Desde el momento en que estás concursando y no te hacen saber tu calificación, creo que generas cierta opacidad”, expuso Mena Corona.
Al igual que a Enrique Carpizo, a Francisco Mena sólo le fue enviada una carta en la que se le notificó que no había pasado a la etapa de entrevistas, sin decirle los motivos.
Esas acciones, indicó, restan credibilidad a un proceso que debe ser plenamente transparente y más aun tratándose de la máxima representación ciudadana en el combate a la corrupción en México.
En los últimos dos procesos que se han llevado a cabo para elegir a nuevos integrantes del CPC, por los menos uno de los participantes ha acusado a la Comisión de Selección de incurrir en prácticas que fomentan la corrupción
“¿Cuál fue el criterio para filtrar 5 perfiles? ¿Cómo es que daremos peso a los indicadores que nos evaluaron si no los conocemos quienes participamos?¿Cómo legitimarán su decisión si no nos permitieron garantía de audiencia?”, cuestionó en Twitter el abogado.
“La duda quedará en el aire”, sentenció, resumiendo el cuestionado proceder de la Comisión de Selección del SNA.
