Las organizaciones de la sociedad civil jugarán un papel de contrapeso y ejercerán presión ante temas decisivos para el futuro del país durante el nuevo gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador.
Con el triunfo del político tabasqueño y la mayoría que tendrá su partido Morena y aliados en la próxima Legislatura, la sociedad civil tendrá ante sí una nueva oportunidad de manifestarse con respecto a decisiones en las que intervengan los poderes Ejecutivo y Legislativo, y a buscar que sean tomadas en cuenta sus peticiones.
“Tal como viene la inercia en los últimos años, se vuelve fundamental la participación de la sociedad civil. No solamente para generar presión sobre los temas que deberán estar en las agendas y a los órganos de poder público que los discutan, sino también para ser un contrapeso real a factores de poder”
En los próximos meses temas como la revocación de la Reforma Educativa, el nombramiento del nuevo fiscal general de la República, en la concesión o continuación de la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México o del Tren Maya, las organizaciones de la sociedad civil podrían tener una participación medular en las determinaciones por las que opte el gobierno.
Una de las primeras controversias que enfrentarán las organizaciones civiles será la del nombramiento del titular de la Fiscalía General de la República (FGR), por la cual los colectivos #FiscalíaQueSirva y #VamosPorMás han exigido que esta institución cuente con autonomía e independencia y no herede las irregularidades de diseño y funcionamiento de la Procuraduría General de la República (PGR).
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Ambos colectivos, integrados por más de 100 organizaciones, académicos, expertos y ciudadanos, intervinieron de manera relevante en la eliminación de la fracción 16 transitoria del artículo 102 constitucional, que estipulaba el pase automático del procurador General de la República a ocupar el cargo de fiscal general.
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Esta eliminación constitucional fue confirmada por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el miércoles, tras haber sido aprobada en 17 congresos locales, y fue resultado en parte de la exigencia iniciada por la sociedad civil desde el 2013, que también ha incluido que se revisen los lineamientos en los que laborará la FGR en la elaboración de la ley orgánica que la rija desde su creación.
La estructuración y definición del próximo titular de la FGR vuelve al centro de la discusión, luego de que la semana pasada Andrés Manuel López Obrador informó, después de una reunión que mantuvo con Peña Nieto en Palacio Nacional, que ambos acordaron que se incluirá en la terna para la designación del futuro fiscal personajes que el morenista ha propuesto para que ocupen el cargo.
“Creo que (el nombramiento del fiscal general) va a ser el gran termómetro al que se enfrente el nuevo gobierno, porque desde el punto de vista práctico, teórico y legal, la única gran posibilidad de catapultar la reforma en materia de justicia y creo yo, de legitimidad del gobierno, tendrá que ser sacar avante a un fiscal con la ley pertinente en el contexto pleno de la autonomía”, agrega el académico de la FES Acatlán de la UNAM.
La eliminación del pase automático fue resultado de una labor de presión de organizaciones hacia los poderes de la federación iniciada desde el 2013
Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto la sociedad civil se ha atribuido diversos logros en temas de transparencia, educación, anticorrupción, justicia y seguridad, en los cuales ha sido tomada en cuenta con base en sus pronunciamientos y análisis, que han incidido en cambios determinantes para la vida reciente del país.
+600 mil
Estos organismos integrados por académicos, ciudadanos y en ocasiones de empresarios, han impulsado leyes como la 3de3, la creación del Sistema Nacional Anticorrupción y se han mostrado en contra de temas polémicos como la promulgación de Ley de Seguridad Interior, los lineamientos de las fiscalías General de la República, anticorrupción y electoral.
Controversias en Reforma Educativa
En el transcurso de su campaña electoral y ya como presidente electo, Andrés Manuel López Obrador ha dejado clara su postura en torno a cancelar la Reforma Educativa y promover modificaciones en la estructura de la Secretaría de Educación Pública.
Entre los cambios de la reforma estructural en materia educativa que implementó el gobierno de Peña Nieto, el tabasqueño ha propuesto eliminar los castigos al magisterio por no aprobar las evaluaciones que estipula la legislación.
En el mes de mayo, en plena campaña electoral, la iniciativa “10 preguntas por la educación” -integrada por Mexicanos Primero, México Evalúa, el Instituto Mexicano para la Competitividad, entre otras organizaciones- invitó al entonces candidato presidencial, López Obrador, a plantear su postura en torno a la reforma.
Pese a que el morenista no acudió al encuentro en el que se le realizarían 10 cuestionamientos en torno al tema educativo, envió su respuesta por escrito, pero más tarde fue cuestionado por el colectivo quien solicitó al hoy presidente electo que dejara clara su postura en torno a la Reforma Educativa.
Una de las críticas ante la respuesta del candidato la hizo Alexandra Zapata, directora de Educación e Innovación Cívica del IMCO, quien señaló que AMLO nunca planteó su intención de echar para atrás la Reforma y que unos días después de haber enviado sus conclusiones, en un mitin con integrantes del magisterio, expresó que sí promovería su eliminación. Por lo anterior, el colectivo “10 preguntas por la educación” exhortó al tabasqueño a definir su postura.
La intención del presidente electo, de echar para atrás la Reforma Educativa, ya ha ocasionado reacciones de colectivos como el de 10 preguntas por la Educación
Es por esa razón que la discusión con respecto a la Reforma Educativa podría enfrentar al poder público con las organizaciones civiles.
En el futuro del NAIM
Una de las principales obras públicas que podrían culminarse durante el próximo sexenio es la del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAIM), y podría contar con la participación de la sociedad civil debido a que López Obrador ha informado su intención de que sean organizaciones de ese tipo las que instrumenten una consulta ciudadana para definir el futuro de la edificación.
El presidente electo ha volteado a ver a la sociedad civil como una alternativa para organizar dicha consulta, debido a que el Instituto Nacional Electoral ha dejado en claro que no podría planearla de no ser en un proceso de elección federal que ocurrirá dentro de tres años.
Sin embargo, Andrés Manuel ha expresado que la consulta se lleve a cabo en el mes de octubre para que en diciembre, mes en el que rendirá como nuevo presidente de México, ya se tenga la determinación de la ciudadanía en torno a la construcción del NAIM.
