“Trabajar en los actos cotidianos en donde se presentan las disparidades, como los salarios (...) Esto nos habla que la educación nos lleva a la igualdad”
En Jalisco las muertes por presunto homicidio en mujeres incrementó 75.1 por ciento desde el año 2007 a 2014, como lo evidencia el estudio ‘La violencia feminicida en México, aproximaciones y tendencias 1985-2014’, elaborado por la Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional de las Mujeres y ONU Mujeres.
“La violencia contra las mujeres es una realidad que como sociedad no podemos tolerar ni mucho menos consentir”, así lo señaló el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el martes pasado durante la presentación de la Alianza contra la Violencia hacia las Mujeres y el citado estudio.
En el mismo Guadalajara aparece como una de las ciudades que mayores defunciones femeninas con presunción de homicidio registró durante 2014. Con una tasa de 2.83 homicidios por cada 100 mil mujeres, posicionándola en el noveno lugar de las diez ciudades con mayores defunciones.
El funcionario federal centró su discurso en la importancia del ámbito local para estudiar las dinámicas sociales y las soluciones específicas a la realidad de la violencia.
En ese mismo tenor ahondó en que se debe trabajar para “terminar con la impunidad” para que los casos de violencia contra la mujer sean investigados, juzgados y sancionados.
Esto como una advertencia que raya en la falta de acceso a la justicia para Jalisco.
Ya que durante 2015 la Fiscalía General del Estado tipificó sólo 56 feminicidios de entre los 150 homicidios de mujeres que registró el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, de los cuales únicamente cuatro tuvieron una sentencia, que fue condenatoria.
Problema profundo
Sin embargo en la entidad la problemática es más profunda, como ha evidenciado el Diagnóstico de Percepción sobre Derechos Humanos de las Mujeres, elaborado por el Instituto Jalisciense de las Mujeres (IJM).
En este trabajo, un 26.3 por ciento de los encuestados en la Zona Metropolitana de Guadalajara reconoció que los hombres tienen más derechos que las mujeres, al tener mejores trabajos, mejores sueldos, más libertad y menos obligaciones en la casa.
Aunado a esto los encuestados señalaron que las mujeres están por debajo a los hombres en derechos al no tener participación en la política, en los cargos públicos, mejor educación y una mayor aceptación social sobre las actividades que realiza el género masculino.
También se agrega el hecho de que para los tapatíos los derechos que “son más específicos para las mujeres” son a una vida libre de violencia, a la igualdad, al trabajo, a la salud, sobre su vida reproductiva, a la educación y sobre su vida sexual.
Para expertos como Sergio Omar Salazar, el diagnóstico da luz sobre los problemas en la vida social, familiar, la política y la discriminación en Jalisco.
Y abona para abordar los elementos cotidianos de la condición de vida entre hombres y mujeres para revertir las lógicas que nos ponen en diferencia.
“(Es importante) trabajar en los actos cotidianos donde se presentan las disparidades, como en los salarios y satisfacción de la vida diaria, teniendo mayor impacto en las mujeres y muy menor en los hombres. Esto nos habla de que la educación nos lleva a la igualdad”, expresó el académico al presentar el documento.
Capacitación sin resultados
En el contexto de la Alerta de Violencia Contra las Mujeres, si la problemática se aborda desde la educación, entonces las capacitaciones que ha dado el Instituto Jalisciense de las Mujeres quedan a deber, pues se ha limitado a los funcionarios, y en su mayoría mujeres.
En el mes de marzo, de acuerdo a información de transparencia, el IJM llevó a cabo sólo ocho capacitaciones, de las cuales ocho fueron impartidas a gobierno y una al público en general. De los asistentes, 84 por ciento eran mujeres, mientras que hombres sólo participó el 16 por ciento.
Las capacitaciones se dieron en el Sindicato del DIF, el INEGI, Diconsa, la Auditoría Superior del Estado, en la Secretaría de Educación y en Relaciones Exteriores, mientras que la mencionada capacitación al público fue sólo una mesa redonda referente a derechos humanos que se llevó a cabo el 8 de marzo pasado.
Para expertas en derechos de la mujer, como la académica Guadalupe Ramos Ponce, el tema de las capacitaciones debe ir más allá de su realización y debe proyectarse a crear indicadores de resultados, como una demanda del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario de la AVCM.
“No basta con la generación de un programa, por ejemplo, de prevención o con un curso de capacitación equis. No con lo que tradicionalmente se ha tratado de atender esta problemática.
“Se tienen que generar indicadores de resultados de tal manera que puedan permitir hacer una evaluación sobre de qué manera la política pública está impactando para una reducción o una disminución de la violencia contra las mujeres”, señaló la también integrante del GIM en entrevista con Reporte Indigo.
El tema de los indicadores es fundamental, al poner sobre la mesa los factores reales por encima de las cifras y los números respecto al número de funcionarios públicos que se han capacitado.
El indicador tendría que abocarse al tema, por ejemplo, de las sentencias con perspectiva de género en los jueces que deliberan temas que involucran a mujeres como víctimas, más que el porcentaje de jueces que acudieron o recibieron una charla del IJM.
“Ahí yo estaría hablando de un indicador de resultados, si en las sentencias siguen sus resoluciones sin perspectiva de género, entonces de nada sirve esa capacitación. Igual en todos los ámbitos, depende de cuál sea el objetivo que esté pretendiendo.
“En el acceso a la justicia, yo tendría que ver si esa capacitación tuvo un impacto de resultado, ahí, en las sentencias. Tanto de jueces como de Ministerio Público o a quien le toque la administración o la procuración de justicia”, expresó.
