"Yo no tengo conocimiento técnico de lo que pasa, porque yo no me metí al desarrollo, es decir, yo no estoy en el front: no soy desarrollador, yo no pido permisos, yo no hago absolutamente nada. “Soy simplemente un inversionista pasivo dentro de los 15 inversionistas...”
"Yo tengo la palabra y el dicho de los desarrolladores que está todo perfectamente en regla”
Aunque el proyecto inmobiliario Noble Morada viola la normativa municipal y carece de permiso federal, el diputado panista Arturo Salinas asegura que a él no le corresponde conocer el estatus jurídico de la torre porque sólo participa como inversionista.
El legislador federal afirma que invirtió 1 millón de pesos en la torre VIP, de casi 100 metros de altura, ubicada en la zona de Valle Oriente en San Pedro, que equivale al 2.85 porciento de las acciones en el fideicomiso creado para edificarla.
“Yo no tengo conocimiento técnico de lo que pasa, porque yo no me metí al desarrollo, es decir, yo no estoy en el front: no soy desarrollador, yo no pido permisos, yo no hago absolutamente nada”, expresa.
“Soy simplemente un inversionista pasivo dentro de los 15 inversionistas que formamos ese fideicomiso donde me invitaron a estar, yo nunca he estado de manera activa en el desarrollo, porque no es la función que yo tengo”.
Reporte Indigo publicó la semana pasada que el edificio de lujo, único en su tipo en el municipio sampetrino, posee un uso de suelo que contraviene el establecido en el Reglamento de Zonificación.
El exclusivo proyecto fue autorizado con un permiso irregular durante la administración del exalcalde Mauricio Fernández y construido en un área no compatible para usos mixtos y de doble densidad.
“Estoy esperando que los desarrolladores hagan su tarea, ellos son los que tienen la obligación legal de llevar todo en regla, para poder vender el edificio y poderle cumplir a los inversionistas”, dice.
Además de esta anomalía, la Noble Morada se edificó sin las autorizaciones federales ambientales que requieren estas obras.
Hace dos años, la Semarnat rechazó aprobar la Manifestación de Impacto Ambiental del desarrollo, que consta de 31 departamentos, debido a que el fideicomiso al que pertenece el diputado panista inició los trabajos de la torre antes de solicitar el permiso.
La entonces delegada de la dependencia en Nuevo León, Brenda Sánchez, firmó el 23 de abril de 2012 una resolución en la que rechazaba la torre.
El argumento de la Semarnat fue muy claro: se iniciaron las actividades de manera previa a la obtención de la Manifestación de Impacto Ambiental.
La decisión fue notificada a Rodolfo Correa Arroniz, representante legal del Fideicomiso 1451026577, conformado por Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria.
Esa persona moral fue la que presentó la solicitud, el 16 de diciembre de 2011, para obtener la manifestación que entrega la Semarnat.
Salinas, sin embargo, señala que la obra cumple con todas las especificaciones técnicas y regulatorias.
“En mi entender, todos los permisos que tiene ese edificio para elaborarse están en regla, tanto los municipales, como los federales.
“Yo tengo la palabra y el dicho de los desarrolladores que está todo perfectamente en regla”.
Cuando se iniciaron los trabajos la Semarnat notificó de la irregularidad a la Profepa, que clausuró las obras de la Noble Morada por la falta de permisos, pero los socios continuaron las obras gracias a un amparo.
A pesar de que la autoridad impuso la medida, el abogado albiauzl afirma que ésta sólo consistió en una inspección.
“Nunca hubo una clausura por parte de Profepa, hubo una visita y en esa visita se presentó un recurso, el cual se ganó, porque se tenía la razón de que se estaban cumpliendo con todos los lineamientos”.
El diputado advierte que la inversión forma parte de sus declaraciones patrimoniales.
Niega que la construcción del edificio haya derivado de negociaciones con el entonces secretario del Ayuntamiento de San Pedro, el alcalde Ugo Ruiz, ni con el extitular de Control Urbano, Aldo Decanini.
Y afirma que nunca actuó como intermediario entre las autoridades municipales y los demás socios del proyecto, con el objetivo de obtener la anuencia para levantar la torre.
“Este fideicomiso se hizo en el año 2010, mucho antes de que yo llegara a México como director jurídico del PAN, o que fuera diputado federal”, señala.
“No tendría ningún sentido, porque cuando el fideicomiso se hizo, pues yo ni siquiera estaba en México, en el PAN, entonces no creo que hubiera habido ningún tipo de negociación en ese sentido”.