La filtración de audios entre jueces y magistrados con abogados relacionados con Juan José Rojas Cardona, ya cobró sus primeras víctimas.
El Consejo de la Judicatura Federal suspendió a dos magistrados de circuito y un juez por la presunta relación a los intereses del empresario de centros de apuestas.
Son los magistrados Eduardo Ochoa Torres, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil en Monterrey; José Manuel Rodríguez Puerto, del Tribunal Colegiado en Materia Penal y del Trabajo en Tamaulipas; y el juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa en Monterrey, Javier Rubén Lozano Martínez.
Desde la semana pasada, primero El Universal y después el diario Reforma publicaron los audios en donde abogados relacionados con Rojas Cardona presuntamente pactan acuerdos de beneficio para ambas partes.
Ayer por la tarde, el Consejo de la Judicatura Federal a través de un comunicado dio a conocer la sanción contra los juzgadores.
“Es convicción de los integrantes del Consejo la Judicatura Federal mantener los más altos estándares de rectitud, transparencia, imparcialidad y compromiso social de quienes tienen el mandato constitucional de impartir justicia.
“Asimismo, este cuerpo colegiado reafirma que la nueva investigación se suma a aquellas en las que se han instruido procedimientos disciplinarios contra servidores públicos judiciales involucrados con resoluciones irreguladotes referentes a casas de apuestas”, dice el comunicado.
No es la primera vez que se suspende a integrantes del Poder Judicial. Luego de una extensa investigación publicada por este diario se retiro de su cargo a Luís Armando Jerezano a quien se le investiga por la protección a las empresa Atracciones y Emociones Vallarta.
Sin embargo el Consejo de la Judictatura no informó nada con respecto al consejero Daniel Cabeza de Vaca con quien directamente –según establecen los audios- también habría vínculos.
El exprocurador General de la República es el único que no fue suspendido. No solo eso, el senador Roberto Gil, presidente de la Comisión de Justicia en el Senado, lo defendió.
Gil es otro político vinculado al escándalo de los casinos en México pues fue denunciado por la abogada, Talía Vázquez Alatorre, de recibir miles de dólares a cambio de gestionar –por su cercanía con el expresidente Felipe Calderón- la instalación de un casino en la Ciudad de Querétaro.
El presidente de la Comisión Especial de Casinos en la Cámara de Diputados, el perredista Fernando Zárate, presentó el miércoles un punto de acuerdo para que la Secretaría de Hacienda informe si existe lavado de dinero en el sector y que de evidencias de los casos que tienen detectados.
Señaló que de la misma forma en que se le ha aplicado la Ley a las empresas de Rojas Cardona se tiene que hacer con cualquier otro que esté cometiendo irregularidades.
