Tan malo el pinto como el colorado, reza el refrán.
No importa el color, el partido político, la camiseta que se traiga puesta o las promesas de campaña.
Todos son iguales.
Llegan al poder y antes de ver cuáles son las necesidades de su comunidad, buscan la forma de obtener recursos a costa del erario.
No importa si para ello tienen que endeudar a su estado e hipotecarlo por varias generaciones, o desviar recursos destinados a obra pública.
Incluso, dejar sin medicamentos a los hospitales, con tal de utilizar los recursos etiquetados para sectores prioritarios.
Ahí están los casos de Andrés Granier y Luis Armando Reynoso Femat, exgobernadores de Tabasco y Aguascalientes, respectivamente.
Ambos, acusados de enriquecimiento ilícito, peculado y desvío de recursos.
Granier tendrá que responder por el desfalco, en su gobierno de más de mil 900 millones de pesos.
Y quien fuera su secretario de Finanzas, José Manuel Saíz Pineda, ya se encuentra en el penal de Tabasco desde el 10 de junio pasado.
Reynoso Femat, por su parte, tendrá que aclarar la compra simulada de un tomógafo que costó más de 13 millones de pesos. El dinero se gastó, pero el aparato nunca apareció.
Además, deberá esclarecer la riqueza sospechosa de su hijo Luis Armando Reynoso López, a quien durante el gobierno de su padre se le depositaron, en varias cuentas bancarias, 58 millones de pesos.
Los que siguen
A la lista de los funcionarios públicos que se han visto involucrados en desfalcos y malversación de recursos, se suman los casos de los recientes exgobernadores de Oaxaca, Chiapas, Morelos, Michoacán, Jalisco y Guanajuato, entre otros.
Pese a las denuncias públicas y acusaciones en su contra, la mayoría de los implicados disfruta de su libertad plena y muchos, con la gracia que les da el fuero, se placean por los pasillos del Congreso.
A pesar de las acusaciones, siguen en funciones
El actual gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle ha sido señalado por otorgar obras sin licitación a la empresa AyPP Constructores, propiedad de su amigo Armando Prida Huerta.
Primero, le dio 400 millones de pesos para la construcción de una enorme rueda de la fortuna, y luego, 200 millones más para un teleférico.
Hay documentos que avalan los beneficios que ha otorgado a muchos empresarios poblanos, entre ellos, el candidato de Puebla Unida, Antonio Gali Fayad a quien Manuel Espino, exdirigente del PAN, denunció penalmente por enriquecimiento inexplicable.
Otro que también ha sido señalado públicamente por hacer mal uso de los recursos públicos es el exsecretario de Hacienda, Ernesto Cordero, hoy senador.
A él se la acusa de utilizar empresas gestoras como Golfmex, Garocia, Global Consulting y Consorcio R&G para defraudar a mil 200 municipios.
Cuando todavía era secretario de Hacienda, y con miras a ser el candidato oficial del PAN a la presidencia de la República, Cordero ofreció “a diestra y siniestra” recursos para obra pública, como lo denunció en su oportunidad Reporte Indigo.
A los alcaldes les pedía dinero, y a los constructores el 1.1 por ciento del valor total de cada una de las obras.
En la lista también aparece Carlos Romero Deschamps, actual líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), quien tiene una averiguación previa de la PGR.
A Romero Deschamps se le imputa el delito de fraude por 3 mil millones de pesos, correspondientes a las cuotas de los sindicalizados
Algunos ya pisaron la cárcel
Son pocos los funcionarios que, a pesar de ser acusados públicamente por algún delito, llegan a pisar la cárcel.
Tal es el caso del exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva, quien después de permanecer seis años recluido en el penal federal de alta seguridad del Altiplano –antes La Palma-, fue extraditado a Estados Unidos.
El viernes, un juez de Nueva York condenó Villanueva a 131 meses de prisión. El exgobernador se convirtió en el más alto funcionario mexicano juzgado en el país vecino.
En cambio, los exgobernadores de Baja California, Narciso Agundez, y de Jalisco, Flavio Romero de Velasco, no pasaron ni tres años en la cárcel.
El primero enfrenta su proceso en libertad tras haber sido acusado por un desfalco mayor a los 55 millones de pesos, y el segundo resultó absuelto por falta de pruebas de su complicidad con el narcotráfico.
El exgobernador de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía, fue uno más de los que pisó la cárcel acusado de malversación de fondos por 104 millones de pesos, junto con 54 de sus colaboradores, pero salió del penal tras permanecer 15 meses ahí.
Elba Esther: caso resuelto
Enrique Peña Nieto apenas llevaba dos meses y 25 días como presidente, cuando se ejerció la primera acción penal de su gobierno. Fue un operativo discreto y sorpresivo para aprender a la lidereza vitalicia del Sindicato de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo.
Figura polémica de la que mucho se decía y poco se conocía. Semanas antes, Peña Nieto había anunciado su Reforma Educativa, fuertemente criticada por Gordillo.
El 26 de febrero pasado cuando el titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, anunció en los medios de comunicación la aprehensión de “la maestra” en el aeropuerto de Toluca.
El 5 de marzo, el juez sexto de Distrito de Procesos Penales Federales del DF, Alejandro Caballero Vértiz, dictó auto de formal prisión contra Elba Esther Gordillo, por operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
Hoy, la líder moral del SNTE se encuentra en el penal de Tepepan.
Las acusaciones en contra de Andrés Granier, de Tabasco, y Luis Armando Reynoso Femat, de Aguascalientes, podrían terminar en acciones penales similares a poco más de seis meses de iniciado el gobierno peñista.
De ser así, los demás exfuncionarios acusados y algunos en funciones, tendrán que poner “sus barbas a remojar”.
