Tiempo de regulaciones

La iniciativa de reforma a las leyes secundarias que acompañan la reforma de telecomunicaciones será presentada por los senadores este jueves. 

Esta ley se enfocará en satisfacer los derechos a la información, libertad de expresión y acceso a las tecnologías de la información.

Abordará asuntos relacionados con el derecho de réplica y las audiencias, y establecerá sanciones a los concesionarios de radio y televisión que incumplan con la nueva norma, las cuales podrán ascender hasta por un millón de salarios mínimos.

Se propone también definir los usos del espectro radioeléctrico -comercial, social, político y privado- así como establecer horarios de contenidos y regular la publicidad.

La legislación prevé la existencia de horarios, especialmente orientados a la protección de los contenidos que para la infancia y adolescencia que se ofrecen en los medios electrónicos.

Se establece que los temas aptos para todo público pueden ser transmitidos en cualquier horario y los que son dirigidos únicamente para adultos solo de las 22:00 a las 06:00 horas.

También obliga a concesionarios que prestan servicios de televisión restringida a reservar el uso gratuito por concepto de tiempo de Estado.

La propuesta también regula la publicidad y prevé reformar las leyes federales de las Entidades Paraestatales, del Derecho de Autor y de Inversión Extranjera, del Impuesto sobre la Renta. Además, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de Vías Generales de Comunicación, y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Para los concesionarios con fines de lucro, no podrán exceder de 12 minutos por cada hora de programación en televisión y 24 minutos por cada hora en radio.

Y para los concesionarios sin fines de lucro no será mayor de seis minutos por hora en televisión y de 12 por cada hora en radio.

En el caso de la radiodifusión, la obligación será transmitir contenidos nacionales en un porcentaje no menor a 50 por ciento del tiempo total de la programación diaria, salvo en las emisoras con formato eminentemente musical.

Esta ley consta de 20 títulos, 391 artículos y 45 transitorios.

Reafirma la naturaleza de las telecomunicaciones y la radiodifusión como servicios públicos que deberán prestarse en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, continuidad, acceso libre y sin injerencias indebidas.

En el caso concreto de la radiodifusión, la iniciativa indica que debe brindar beneficios culturales, preservan la pluralidad y la veracidad de la información, además de fomentar los valores de la identidad nacional.

Propuesta de Nextel

La empresa Nextel, propuso que el Ifetel cambie o rescate una frecuencia o una banda de frecuencias concesionadas cuando: 

Lo exija el interés público; por razones de seguridad nacional; para la introducción de nuevas tecnologías; para solucionar problemas de interferencia perjudicial, o para dar cumplimiento a los tratados internacionales.

Que no sea rehén

Las leyes secundarias de la reforma de telecomunicaciones aun no están listas, y los ya peligros están latentes.

El reto, juzga Irene Levy, es cómo aterrizar los preceptos concretos que aplicará el Ifetel para tener mejores servicios, menores precios y mayor competencia.

La presidenta de Observatel indica que se tiene que reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones, la de Vías Generales de Comunicaciones y la de Radio y Televisión, las cuales deben abrogarse para construir una sola convergente.

Pero además, agrega, se de debe modificar Ley Orgánica de la Administración Pública, la General de Derechos de Autor y la de Competencia Económica.

En entrevista con Reporte Indigo Levy admite que la banda de 700 MHz es un tema que “ha levantado ámpula” en la industria de telecomunicaciones.

El espectro radioeléctrico es un insumo para que las empresas se expandan y den servicios, dice, si se acaba, se limita el crecimiento de una empresa.

Esta banda -considerada ya como “la joya de la corona”- no se va a licitar.

Se utilizarán 90 MHz para crear una red compartida que operará el Estado junto con la iniciativa privada, para construir una gran red troncal y de acceso, usando también la fibra óptica de la CFE.

En resumen, precisa Levy, la banda de 700 MHz se utilizaría como mayorista, a través de carriers que proveerán servicio a las telefónicas y a las que quieran comprarle los servicios.

Pero las definiciones aún no se aterrizan. 

“Hay muchas preguntas en el aire”, asegura  “porque no sabemos todavía quién fijará las tarifas de esos servicios y si se hará a través de una asociación pública privada”.

La presidenta de Observatel desconoce también quién entrará a la licitación y cuánto tiempo va a durar esa alianza, cuánto invertirá el Estado y cuánto el sector privado.

El tiempo se agota, admite, porque en 2014 se tiene que iniciar la construcción de esta red troncal,  diseñar las bases de licitación y el esquema financiero.

Sobre todo, porque el costo de la nueva red será de 10 a 12 mil millones de dólares, más la ampliación de la fibra óptica de la CFE.

Y de este monto, precisa Levy, el Estado solo aportará entre 3 y 4 mil millones de dólares.

Los temas torales para la conformación de las leyes secundarias, dice, se deben ventilar con especialistas, porque no se vale hacer una ley “tras bambalinas” y tratar de aprobarla en “Fast track”.

No hay riesgo para el Estado

Para la presidenta de Observatel, no hay riesgo de perder la rectoría del Estado en este sector, con la apertura del 100 por ciento de inversión extranjera en telefonía.

Lo que se califica como inversión extranjera directa es la que proceda de otro país. No significa que estén bajo el resguardo de su ley.

“Tendrán que constituir una empresa con domicilio en México, sujeta a toda la legislación nacional, a los poderes del Estado y a su rectoría”, explicó.

En radiodifusión, la inversión quedó en 49 por ciento con la reciprocidad.

“Si viene un inversionista a este sector, México podrá aceptarla siempre y cuando el país de origen nos permita el mismo porcentaje de inversión”, indicó Levy.

En materia de telefonía, ya se abrió al 100 por ciento “sin ningún tipo de reciprocidad” en fija, móvil, Internet, satelital.

Ahora dependerá de la certidumbre jurídica que le den a los nuevos actores, con un régimen jurídico fortalecido y acciones concretas, aseguró Levy.

No es obligatorio

El tema de desinversión  y desincorporación de activos, es una herramienta que le otorga la Constitución al Ifetel y a la Cofece para que puedan, en un momento dado, pedírselo a las empresas.

Pero hay que aclarar que “ni es obligatorio ni estamos seguros de que vaya a pasar”, indicó Irene Levy.

La presidenta de Observatel recalco que la escala de las normas o herramientas que tiene el Ifetel para hacer un ambiente más competitivo, este es el último.