Durante el sexenio del hoy virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador se renovarán 45 cargos de mando en órganos autónomos y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La mayoría alcanzada por Morena y sus aliados el PT y el PES en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados, podría derivar en que los personajes propuestos por López Obrador no tengan mayores dificultades en ser colocados en los puestos, lo que hace cuestionar si el próximo Ejecutivo tendrá todo el poder.
México cuenta con siete órganos autónomos, instituciones a las que se les asignaron funciones del Estado pero que actúan con independencia de los otros poderes y sirven como contrapeso de las autoridades.
La historia podría cambiar ya que durante este sexenio los 45 cargos de dirigencias de la Fiscalía General, Banxico, INE, CNDH, INEGI, IFT, COFECE, INAI y SCJN, serán renovados.
Los procesos para elegir cada cargo de comisionado, presidente, consejero, gobernador, junta de gobierno y ministro son distintos, pero en todos ellos interviene la designación del presidente de la República y la ratificación del Senado o de la Cámara de Diputados
La bancada de Morena tendrá mayoría simple en la Cámara alta con 70 escaños y en la baja con 303 curules por lo que muchas de estas designaciones podrán pasar sin ningún problema de acuerdo a la predilección del presidente.
Si se trata de cargos elegidos mediante mayoría calificada los legisladores de Morena solo tendrían que convencer a 15 compañeros del Senado para poder ratificar los cargos, lo que garantizaría decenas de direcciones de órganos autónomos a modo, otorgándole al presidente de la República un amplio poder.
“Estaríamos regresando a los noventa. Ahorita los partidos que quedaron y los que servían antes como un contrapeso y que estuvieron en el poder están desechos, entonces va a tener que haber un replanteamiento de cada uno de ellos para ver qué papel van a jugar”, opinó al respecto José Antonio Ortega Sánchez, especialista en temas de derechos humanos, políticas públicas y seguridad.
Para el expresidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos y de la Comisión de Seguridad Pública el verdadero contrapeso de este gobierno no estará ni en los partidos políticos ni en los órganos autónomos, sino en la sociedad civil.
“Las decisiones que se vayan a tomar nos van a afectar a todos, hay que estar muy atentos, debemos de buscar formas de participar en la sociedad civil, es el único contrapeso fuerte que yo veo que pueda tener el nuevo presidencialismo absoluto”
Los órganos autónomos
En 1994, con la reforma del artículo 28 constitucional, el Banco de México se convirtió en el primer órgano constitucional autónomo.
La autonomía de Banxico tuvo como fin darle mayor credibilidad a la política monetaria del país, evitar que esta influyera en la política central y para impedir que se siguieran financiando los déficits presupuestarios del gobierno federal.
López Obrador legalmente no puede tener el control de Banxico, por ser el órgano autónomo, pero durante su gestión (2018-2024) serán renovados los integrantes de la Junta de Gobierno: el gobernador y los cuatro subgobernadores. El presidente de la República es quien designará o ratificará a los integrantes de la Junta, quienes deberán de ser aprobados por la mayoría del Senado.
Este año, el 31 de diciembre se deberá de ratificar o cambiar al subgobernador Manuel Ramos, en 2020 a Javier Guzmán, en 2021 al gobernador Alejandro Díaz de León, en 2022 a Roberto del Cueto y en 2024 a Irene Espinosa Castellano.
La autonomía del IFE (ahora INE) se logró en 1996 para garantizar la no intervención del gobierno en las elecciones. En 2014 con la creación del nuevo Instituto Nacional Electoral se designó a los 10 consejeros y al consejero presidente, para periodos de 3, 6 y 9 años respectivamente.
Para integrar el Consejo General del INE la Cámara de Diputados emite la convocatoria, la Junta de Coordinación Política integra las propuestas y en el pleno se designa a los consejeros.
Durante este sexenio, en 2023, se renovará la plaza de Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente. En el 2020 se suplirán las plazas de Benito Nacif, Marco Antonio Baños y Benito Nacif, consejeros electorales.
En el año que salga el consejero presidente, la Cámara de Diputados deberán de elegir a otros tres comisionados más para suplir a Adriana Favela, José Ruiz y a Ciro Murayama.
En la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) tanto el presidente como los 10 miembros del Consejo Consultivo deberán de ser ratificados por mayoría calificada en el Senado, es decir dos terceras partes de los presentes.
Para el próximo año, Luis Raúl González Pérez, deja el cargo como ombudsman nacional. Además cada año dos de los consejeros de mayor antigüedad deben de ser sustituidos, a menos de que sean ratificados por un periodo más. Es decir que durante el sexenio de López Obrador se renovará por completo la dirigencia de la CNDH.
Para José Antonio Guevara, Director Ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) el nuevo ombudsman debería de tener un perfil alto y el proceso de selección tiene que ser vigilado por la sociedad civil.
“Tenemos que ver en esta nueva supuesta transformación del país, una transformación igualmente de la CNDH para tener una comisión cercana a la gente”, dijo el especialista.
El proceso de selección de la Junta de Gobierno del INEGI es similar al de Banxico, el presidente designa a los miembros, con la aprobación del Senado, y de estos el Ejecutivo designa al titular del organismo.
Julio Alfonso Santaella Castell, presidente del INEGI dejará el cargo en 2021, después de 6 años de estar al frente. En 2019, 2022 y 2024 se renovarán las otras vicepresidencias.
En el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) el proceso es similar. El Ejecutivo manda las propuestas y el Senado aprueba.
Gabriel Contreras, el comisionado presidente del IFT saldrá del cargo en 2020, luego de ser ratificado en 2017. En 2019, 2021 y 2022 se renovarán otros tres comisionados de los 7 que integran el pleno.
En la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) Alejandra Palacios Prieto ha sido la titular desde 2013, fue ratificada en 2017 y en 2021 dejará el cargo, aunque dejará de ser comisionada hasta el 2022.
La COFECE renovará comisionados en 2019, 2020 y 2021.
En el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el presidente Francisco Acuña Llamas, dejará el cargo en 2020 y dejará de ser comisionado en 2023. En 2020 y en 2022 se renovarán o ratificarán dos comisionados por año.
¿Y la Justicia?
Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación son electos por un periodo de 15 años. El presidente de la República propone al Senado la terna por cada uno de los puestos y previa comparecencia, el pleno elige a uno de ellos por mayoría calificada.
Cada cuatro años se elige entre los ministros presentes a un Presidente, el cual puede ser reelecto para el periodo inmediato posterior.
En 2024 vence el periodo como ministro del Presidente de la SCJN Luis María Aguilar Morales, el cargo de titular de la Suprema Corte vence el 31 de diciembre del 2018.
A finales de este año también se tendrá que renovar la plaza del ministro José Ramón Cossío Díaz, en 2019 la de Margarita Luna, en 2021 la de José Franco y en 2024 la del ministro Arturo Zaldívar.
El nombramiento que ha generado más polémica en los últimos años y que también ocasionará descontentos en este nuevo sexenio es la designación del Fiscal General.
Desde hace cuatro años la Constitución ordena que el país tenga un fiscal general para dirigir la Fiscalía General de la República, que investigará autónomamente delitos federales, ilícitos electorales y casos de corrupción de funcionarios.
Además de que se renovarán ministros de la SCJN, al gobierno de AMLO le corresponderá determinar quién será el nuevo titular de la Fiscalía General de la República
Andrés Manuel López Obrador dijo que entre sus primera acciones como Presidente será la de buscar un Fiscal General siguiendo el artículo 102 constitucional y no haciendo caso a las más de 300 organizaciones civiles que piden un Fiscal autónomo.
Senado integre una lista de al menos diez candidatos los cuales deberán de ser aprobados por mayoría calificada en el Senado y se mandarán al Presidente.
El Ejecutivo regresará una terna al Senado, de las cual será elegido con dos terceras partes de los legisladores.
Miembros del colectivo #FiscalíaQueSirva establecen además piden que la primer lista del Senado sea realizada previo concurso público y mediante una evaluación técnica de una Comisión de Designaciones compuesta por nueve ciudadanos elegidos por mayoría calificada en Senado. El resto del proceso propuesto es igual, solo que en el último punto la sociedad civil pide que la elección se realice en audiencia pública, es decir a la vista de todos.
