[kaltura-widget uiconfid=”38728022″ entryid=”0_4m1ja5qx” responsive=”true” hoveringControls=”false” width=”100%” height=”75%” /] Una vez más, el Instituto Nacional Electoral dejó en claro que la fiscalización es su Talón de Aquiles.
Ni el sistema para registrar el gasto de los candidatos en tiempo real, ni el marcaje personal a los aspirantes para observar sus actos de campaña y asegurar que se limitaran al tope de gastos establecido, ni la exigencia de que se presentaran informes parciales del dinero utilizado a lo largo del proceso electoral fueron suficientes para que el INE cumpliera con su obligación de fiscalizar a detalle las elecciones del 1 de julio.
Esta realidad provocó que partidos políticos y candidatos optaran por pagar multas simbólicas a cambio de gastar más y de romper las reglas.
Hoy el INE dará a conocer los dictámenes de los resultados de fiscalización de los 17 mil 699 candidatos que compitieron en los comicios del pasado 1 de julio y adelantó que las multas por las faltas a los reglamentos fiscales para la elección ascienden a 329.5 millones de pesos
La profunda revisión de la utilización de recursos es muy complicada para el INE, y aunque éste cuenta con mecanismos para registrar los desembolsos que se dan en campañas como la publicidad exterior o el pago de promociónes en redes sociales, esto sólo ocurre en ciertos casos, comenta Luis Carlos Ugalde, exconsejero presidente del IFE, hoy INE.
“Cualquier organización, incluido el INE, es incapaz de fiscalizar de manera comprensiva y profunda 17 mil informes de campaña. Entonces lo que ocurre es que el INE revisa los informes que en general están subrepresentados, es decir, que se informa parte de lo que se gasta por razones de no rebasar el tope”
Los partidos políticos y sus candidatos simplemente no entienden la necesidad de reportar sus gastos en tiempo y forma al árbitro electoral, pues en toda elección, ya sea federal o local, existen impugnaciones entre adversarios en torno al rebase en el tope de gastos de campaña, en la compra del voto o por irregularidades en la manera de entregar sus reportes del dinero utilizado.
La simulación por parte de los partidos que entregan cuentas incompletas es una práctica recurrente debido a la impunidad que impera cuando se cometen faltas a los códigos electorales del país
Pese a que la Constitución señala en su artículo 41, fracción 6, que una elección federal o local debe ser anulada cuando se determina que se excedió el tope de gastos de campaña en un 5 por ciento del monto total autorizado, los candidatos optan por retar tanto al INE como al TEPJF debido a que los casos de nulidad son mínimos en el país.
No obstante, se han dado situaciones en anteriores elecciones como la del gobernador de Coahuila, celebrada en el 2017, donde a pesar de que el ganador de la contienda, el priista Miguel Riquelme, superó el tope de gasto según el INE, la elección fue declarada como válida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien tiene la última palabra, aun cuando el Consejo General del INE enlistó los desembolsos y entregó el dictamen con los argumentos que demostraban el rebase.
Pero calificar y revisar la manera en la que candidatos y partidos utilizaron sus recursos no es el único reto que enfrenta el INE, pues apenas ha pasado un mes de que organizaron las elecciones más complejas de la historia del país y ya deben prepararse para garantizar que los próximos comicios se lleven a cabo correctamente.
Por este motivo, la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales (OPLEs) del Instituto Nacional Electoral aprobó el Plan Integral y los calendarios de coordinación de los procesos electorales locales 2018-2019.
En total se elegirán 142 cargos: 11 alcaldías en Aguascalientes y un gobernador, 5 alcaldías y 25 diputaciones en Baja California; 39 alcaldías en Durango; 25 diputaciones en Quintana Roo y 36 diputaciones en Tamaulipas.
Aunada a esta labor, el Instituto también tendrá que determinar qué papel jugará en las consultas populares que ha anunciado Andrés Manuel López Obrador con respecto a temas como la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México; si llevará a cabo reformas a la ley electoral, cómo abordaran el recorte de presupuestos y qué harán para garantizar una mayor participación por parte de los votantes que se encuentran en el extranjero.
Castigos blandos
Tras el proceso de revisión de los recursos gastados en las elecciones del pasado 1 de julio por parte de los candidatos, el INE informó mediante el Consejero Ciro Murayama, quien preside la Comisión de Fiscalización, que en 79 dictámenes hubo rebase de topes de campaña. De esos casos, 9 pertenecieron a cargos federales y 70 a locales.
El consejero también aseguró que ninguna elección en el país corría el riesgo de nulidad debido a que quienes rebasaron el tope de gastos no lo hicieron por más del 5 por ciento.
El INE decidió que para el proceso electoral del pasado 1 de julio reduciría en una tercera parte las multas por gastos no reportados y que las máximas sanciones a un partido sean del 25 por ciento de su presupuesto y no del 50 como era anteriormente
De igual manera señaló que del monitoreo en el territorio nacional en redes sociales y en prensa, así como de las visitas de verificación a actos y casas de campaña, el INE detectó gastos no reportados por 368 millones de pesos, de los cuales 203.5 millones corresponden a campañas federales y 164.5 millones a campañas locales.
Sin embargo, aunque al Instituto Nacional Electoral le compete definir los castigos para los candidatos que cometen faltas a las leyes electorales, la Comisión de Fiscalización perteneciente al órgano aprobó reducir las multas o dar comodidades para su pago a los infractores.
Los criterios para imponer sanciones por parte de la Comisión de Fiscalización tuvieron una reducción de una tercera parte en las multas por gastos no reportados, y también consideraron que las multas máximas a un partido sean del 25 por ciento de su presupuesto y no del 50 como era anteriormente.
Al respecto, Jaime Cárdenas, exconsejero del antes llamado Instituto Federal Electoral (IFE), dijo que es muy importante que exista en el INE mucha claridad sobre los criterios de sanción a los partidos políticos en los procesos de fiscalización.
“En otros años y en otros casos el INE ha aplicado otro tipo de medidas, entonces es importante que en materia de fiscalización tenga criterios imparciales que respondan al principio de tratar casos análogos de manera igual y no diferenciada”, comenta.
Cabe destacar que de los cuatro consejeros que conforman la Comisión encargada de fiscalizar, la consejera Pamela San Martín fue la única en votar en contra de los descuentos en castigos, tras argumentar que eso no incentiva a que los candidatos reporten debidamente y en tiempo sus desembolsos.
El lunes estos criterios serán dados a conocer al Consejo General del INE cuando se presenten también los 17 mil 699 dictámenes de fiscalización.
La simulación del gasto
Para el exconsejero presidente del INE, Luis Carlos Ugalde, el hecho de que los partidos políticos escondan el dinero que gastan es un acto de simulación que en diversas ocasiones puede superar lo permitido en el tope impuesto por el Instituto hasta en 10 veces.
“Buena parte de lo que realmente se gasta en una campaña queda debajo de la mesa, no se ve. Esa es la realidad. Y este sistema de tiempo real no te permite detectar esos gastos”, dice el también director de Integralia Consultores.
En mayo pasado, la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad en conjunto con Integralia Consultores presentaron el estudio “Dinero Bajo la Mesa”, el cual estimó que en el caso de las 15 elecciones a gobernadores organizadas entre el 2016 y 2017, en promedio hubo un gasto de 15 pesos por cada peso que se reportó al INE.
“En esta elección de 9 gubernaturas, es probable que el gasto promedio de candidatos exitosos y competitivos haya sido en promedio entre 300 y 500 millones de pesos, cuando el tope es de 30 a 40 millones, esos candidatos si tú revisas sus informes de gastos de campaña te darás cuenta que fueron hechas para cumplir con la norma y el INE difícilmente será capaz de saber cuándo ocurrió”, advierte Ugalde.
En el caso de las elecciones a gobernador, el INE anunció que en ningún caso se superó el tope de gastos de campaña
Para el caso de la Presidencia, no existió ningún rebase y el tope de gastos fue de 429.6 millones de pesos; mientras que para diputaciones fue de 1.4 millones de pesos.
En las elecciones para las senadurías el tope máximo se determinó por entidad de la República y rondó entre los 2.8 y 28.6 millones de pesos.
Los próximos comicios
Apenas ha pasado un mes de que el INE tuvo que organizar las elecciones más complejas en la historia de México y ya se están preparando para repetir el proceso a finales de esta año y a principios del próximo.
De acuerdo con la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales (OPL) del Instituto Nacional Electoral ya se aprobó el Plan Integral y los calendarios de coordinación de los procesos electorales locales 2018-2019.
Las siguientes elecciones que le corresponderá organizar al INE se llevarán a cabo a finales de 2018 y principios de 2019 en los estados de Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas
En total se elegirán 142 cargos: 11 alcaldías y un gobernador en Aguascalientes; 5 alcaldías y 25 diputaciones en Baja California; 39 alcaldías en Durango; 25 diputaciones en Quintana Roo y 36 diputaciones en Tamaulipas.
La Comisión determinó por unanimidad aprobar el Plan y Calendario de actividades debido a que las disposiciones establecidas en las legislaciones electorales de estas entidades y de acuerdo con las determinaciones adoptadas por los OPL, los procesos electorales locales iniciarán con Baja California y Tamaulipas a más tardar el 9 de septiembre, Aguascalientes y Durango el 7 de octubre y 1 de noviembre de 2018, respectivamente. Mientras que Quintana Roo comenzará su proceso electoral el 6 de enero de 2019.
En el documento de aprobación emitido se estableció que el número de actividades electorales en total que se llevaran a cabo será de aproximadamente 907.
“Aguascalientes tendrá 176 actividades, Baja California 200, Durango 179, Quintana Roo 172 y Tamaulipas 175; todas se encuentran sustentadas en las legislaciones locales en materia electoral, compuesta por la respectiva Constitución Estatal y las leyes secundarias”, señaló el INE a través de un comunicado.
El INE estableció que el número de actividades electorales en total que se llevaran a cabo será de 907 en las 5 entidades
En este sentido, el Consejero Jaime Rivera Velázquez, presidente de la Comisión de Vinculación, dijo que el instituto aprovechó la experiencia de los procesos electorales recientes con el objetivo de mejorar el acompañamiento a los OPLEs y fortalecer las atribuciones del INE durante las elecciones locales 2019.
En relación a la situación por la que atraviesa cada Órgano Electoral Estatal, Jaime Cárdenas, asegura que es fundamental que se establezcan normas claras para determinar cómo se fijarán los topes de campaña en cada entidad.
“Actualmente cada órgano electoral estatal (OPLE) fija el tope de gastos de campaña y se dan diferencias muy grandes como lo vimos en 2017, por ejemplo, en Coahuila el tope de gastos para la elección a gobernador era de 19 millones de pesos, mientras que en Colima, que es un estado mucho más pequeño territorialmente, el tope fue de aproximadamente 100 millones.
Entonces debe de haber una regla clara que dé homogeneidad a esta cuestión para que no sea un criterio tan absurdamente diferenciado”, explica el exconsejero del IFE.
Ante la situación por la que atraviesa cada OPLE es fundamental que se establezcan normas claras para determinar cómo se fijarán los topes de campaña en cada entidad
Los retos a enfrentar
Más allá de la responsabilidad de organizar las elecciones tanto locales como federales en todo el país, el Instituto Nacional Electoral tiene por delate un sinfín de retos más por cumplir y de obstáculos por superar.
Para Jaime Cárdenas, exconsejero del IFE, la primera prueba que llegará para el INE con la entrada de la nueva administración será en el tema de la austeridad.
“Lo primero que el INE va a enfrentar es la cuestión de la austeridad que ya va a estar incluida en el presupuesto del próximo año, y no me refiero solamente a la posible disminución de los salarios de los consejeros electorales, sino también a otras medidas que puedan impactar significativamente en el dinero que se le asigne al INE”, indicó Cárdenas.
El INE también tendrá que involucrarse en temas que no le competen de manera directa como lo es el caso de la violencia política y la compra y coacción del voto
En segundo lugar, el Instituto que preside Lorenzo Córdova, también tendrá que determinar cuál será su papel en el empleo de herramientas de democracia participativa como las consultas populares que pretende implementar el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para temas como la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y la revocación de mandato a la mitad de su gestión.
En un principio, los consejeros se negaron a formar parte de estas actividades argumentando que legalmente para ellos era imposible coordinar dicho esfuerzo debido a que el INE sólo puede organizar consultas populares cuando hay elección federal, sin embargo, terminaron por cambiar de opinión y dijeron que están dispuestos a escuchar las propuestas de Obrador siempre y cuando se hagan también las modificaciones legales requeridas.
Otro de los retos que tendrá por delante el INE de acuerdo con Jaime Cárdenas será el de revisar los mecanismos mediante los cuales se nombran a los consejeros electorales y magistrados.
“Todos los consejeros electorales que están hoy vigentes han sido designados por los tres partidos que antes eran mayoritarios: PRI, PAN y PRD; y los magistrados electorales por el PAN y por el PRI, entonces debe de haber otro mecanismo que les dé realmente independencia para que no sean correas de transmisión de los partidos que los nombraron”, dice el exconsejero.
La promesa de mejorar el sistema para que los mexicanos que radican en el extranjero puedan ejercer su derecho ciudadano y la pérdida de registro de los partidos que no alcanzaron el 3 por ciento de los apoyos en cualquiera de las elecciones también son pendientes que el INE aún tiene que resolver.
Aunado a todas estas cuestiones, el órgano autónomo también tendrá que involucrarse en otros temas que no le competen de manera directa pero que afectan gravemente a la democracia del país como lo es el caso de la violencia política en contra de los candidatos, la compra y coacción del voto y el uso de programas sociales con fines electorales.
“El INE debe tener una actitud mucho más abierta para colaborar con otras instituciones y generar convenios con la Auditoría Superior de la Federación, con las auditorías superiores de los estados, con la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, con las contralorías estatales y con la Secretaría de la Función Pública para verdaderamente salvaguardar la democracia en el país”
Por último, el exconsejero del IFE dice que el INE en este momento atraviesa por un problema de legitimidad muy grave a pesar de los resultados electorales del pasado 1 de julio porque no tiene una adecuada cercanía con la sociedad.
“El Instituto tiene que plantearse un esquema de cómo acercarse a la sociedad, a las ONG´s, a los grupos sociales y a los sectores más pobres para recuperar la credibilidad perdida.
Tuvieron suerte con el resultado electoral pero es importante que replanteen su relación no solamente con otros órganos del poder público sino con la sociedad. Igualmente hace falta una labor pedagógica con los ciudadanos para que éstos sepan qué le toca a cada órgano electoral del país”, finaliza.
El órgano encargado de organizar los comicios en el país aún tiene muchos obstáculos que superar como el tema de la austeridad que busca implementar el gobierno entrante, la violencia política y las consultas populares
