Tolerancia cero: daño irreversible

[kaltura-widget uiconfid=”38728022″ entryid=”0_cyepjxlb” responsive=”true” hoveringControls=”false” width=”100%” height=”75%” /] La política de tolerancia cero de Estados Unidos no sólo provoca la separación de familias migrantes.

Las repercusiones más recientes por la implementación de esta orden del primer mandatario estadounidense son abuso sexual a niños en centros de detención, la medicación de menores de edad sin la autorización de sus progenitores y la categorización de más de 700 padres como ”inelegibles” para cuidar de sus hijos.

“Todas estas expresiones podrían catalogarse como tortura porque ocurren con la responsabilidad del Estado”, asegura Juan Martín Pérez García, secretario ejecutivo de la Red latinoamericana y caribeña por la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes (Redlamyc).

Organizaciones que atienden a migrantes denuncian que la categorización de los progenitores como “inelegibles” es un pretexto del gobierno de EU porque no logró reunificar en el tiempo estipulado a todas las víctimas.

“Debieron unir a todas las familias antes del 26 de julio sin importar la edad del niño o la niña. Sabemos que usaron estas justificaciones para no reunificar a un buen número de personas migrantes”, afirma Molly Goss, gestora de casos de familias transnacionales del Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi).

Pérez García coincide y denuncia que esta decisión fue tomada por el gobierno estadounidense porque no pretende reunir a todas las familias.

“La decisión de decir que son inelegibles es tramposa porque no tiene intención de devolverlos en el tiempo legal del marco estadounidense”.

La política de tolerancia cero también ocasionó que dos menores de edad fueran víctimas de agresiones sexuales en los centros de detención.

De acuerdo a una especialista en psicología que atiende familias de migrantes, los infantes que sufren abusos sexuales tienen problemas de concentración en la escuela y conflictos para desarrollar vínculos afectivos cuando son adultos.

“En un futuro el niño no va a poder mantenerse adecuadamente en la escuela porque va a tener sentimientos de desesperanza, enojo y hará berrinches que los profesores no van a poder controlar porque hay una irrupción en el niño, hay un antes y un después del abuso”, describe Valeria Scalisse García, psicóloga de acompañamiento psicosocial en Sin Fronteras, organización que ayuda a migrantes.

Por otra parte, los menores de edad que son retenidos en centros de detención debido a las órdenes del presidente Donald Trump también son obligados a consumir medicamentos sin autorización de sus padres.

Un niño citado en estos documentos describió que tomó hasta nueve pastillas por la mañana y otras siete por la noche, sin saber cuál era el medicamento.

Scalisse García comenta que la medicación provoca que los menores de edad generen dependencia a las sustancias, así como alteraciones en el sueño y la motricidad.

Documentos que demuestran que el personal de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados de EU dio medicamentos a niños migrantes retenidos en los centros de detención sin la autorización de sus padres.

Familias divididas

Hasta hace un par de semanas parecía que el gobierno estadounidense iba a reunificar a la totalidad de familias migrantes que fueron separadas.

Trump firmó un decreto en el que se comprometía a frenar la separación de migrantes y el juez Dana Sabraw ordenó que se reuniera a los menores de edad con sus padres en un periodo de 30 días.

El gobierno de Estados Unidos comunicó que estos menores no fueron devueltos a sus familias porque sus padres no cumplen con los requisitos para una entrega en condiciones seguras.

Los motivos son que los vínculos parentales no se pudieron comprobar, los padres tienen antecedentes criminales o una enfermedad contagiosa; no pudieron ser localizados o fueron deportados tras ser separados de sus hijos –caso de al menos 431 padres–.

El secretario ejecutivo de Redlamyc comenta que la Convención sobre los Derechos del Niño establece que el mejor lugar para poder ejercer las garantías fundamentales de los menores de edad es la familia. Y agrega que sólo cuando estos núcleos sociales tienen dificultades para poder garantizar buenas condiciones a sus hijos e hijas es necesario que el Estado intervenga.

La crisis de los menores es producto de la política de tolerancia cero que anunció en abril la administración de Trump y que llevó entre mayo y junio a la masiva separación de padres e hijos inmigrantes en la frontera.

Muchos niños llevan más de un mes en los centros de detención alejados de sus padres y esto provoca diferentes reacciones psicológicas. Los padres que son calificados por el gobierno como inelegibles también presentan problemas.

La especialista afirma que entre más tiempo pasa un niño en detención aumentan sus sentimientos de culpa y eso puede ocasionar en el futuro, en algunos menores de edad, la falta de una identidad psicosocial adecuada porque debido a este antecedente será una persona insegura y tendrá problemas con la autoridad.

Los adolescentes son afectados de forma distinta cuando son detenidos y separados de sus padres o tutores. La experta menciona que cuando una persona está en detención durante la adolescencia puede tener repercusiones en su forma de relacionarse en el futuro y en la formación de una identidad propia.

“Si hay un ambiente constante de violencia, agresiones físicas, sexuales o verbales y si hay una ambivalencia de parte de los cuidadores o una ausencia de autoridad, el adolescente no podrá establecer relaciones de confianza adecuadas en el futuro”, asegura Scalisse García.

La psicóloga añade que los adolescentes tienen problemas para generar vínculos afectivos cuando están en detención. Esto, de acuerdo a la psicóloga, provoca que la identidad psicosexual del menor de edad sea afectada y que cuando sea adulto tenga problemas para fomentar relaciones de confianza.

Además, la integrante de Sin Fronteras comenta que debido a la detención, los adolescentes después tienen problemas para identificarse con los valores sociales o culturales del país de acogida, de origen o tránsito.

“El adolescente nunca sentirá que tiene un lugar en esa sociedad porque su lugar es la exclusión”, advierte la psicóloga.

Los padres también son afectados por la política de tolerancia cero. Los adultos migrantes pueden desarrollar problemas de seguridad después de ser calificados como ”inelegibles” por el gobierno estadounidense.

“Para los padres sí existe un duelo porque piensan que la sociedad los está categorizando como malos papás… Esto repercutirá cuando se reúnan con sus hijos porque tendrán problemas para brindar vínculos afectivos debido a que pensarán que todo lo están haciendo mal”, dijo la especialista en psicología.

Violencia y abusos en reclusión

Otra de las consecuencias que ha dejado la política de tolerancia cero es el abuso sexual contra dos menores de edad.

Una niña guatemalteca de 6 años, separada de su madre, presuntamente fue agredida por otro niño en un centro de detención de inmigrantes del estado de Arizona.

Tras lo ocurrido, obligaron a la niña abusada a firmar un documento en el que declara que le advirtieron que mantuviera distancia de las otras personas del lugar.

Además, el acta subraya que recibió “instrucciones” que incluían un curso de “contacto físico, bueno y malo” para informar a supervisores sobre posibles comportamientos inapropiados.

La niña y su madre entraron a Estados Unidos en los últimos días de mayo. Dos días después, las autoridades separaron a la familia y colocaron a la menor en Casa Glendale, un centro de detención a las afueras de Phoenix. Allí la niña presuntamente fue abusada en diversas ocasiones durante el mes de junio.

La menor finalmente logró reunirse con su familia gracias a la organización Families Belong Together, sin embargo, la madre de la niña afirmó que el comportamiento de su hija ahora es diferente.

La niña guatemalteca no es la única que ha sufrido este tipo de agresiones. El martes pasado se arrestó a Fernando Magaz Negrete, un trabajador de un asilo migratorio de la organización Southwest Key tras denuncias de una menor de 14 años que lo acusó de “tocamientos inapropiados”.

El hombre fue visto por otro menor asilado cuando abusó de la adolescente, informó el Departamento de Policía de Phoenix, Arizona. Además, videos de seguridad del recinto muestran cuando el trabajador entró en múltiples ocasiones al cuarto de la adolescente durante la noche del 27 de junio.

El acusado fue enviado a la cárcel por los delitos de acoso, abuso sexual y asalto agravado.

“Cuando un adulto permite, ve o comete violencia sexual contra un niño le transmite mensajes que perturban su concepción de la jerarquía de los vínculos. Al final el adulto cuando abusa de un niño manipula y desequilibra las referencias que el menor va a tener de las interacciones sociales”, explica la psicóloga de Sin Fronteras.

Y añade que estas experiencias pueden fomentar relaciones con abuso de poder para las víctimas.

Medicación peligrosa

Entre los estragos que ha provocado la política de cero tolerancia se encuentra la medicación de niños sin autorización de sus padres en los centros de detención.

El personal que trabaja en la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) da pastillas de forma rutinaria a niños migrantes sin el consentimiento de sus padres, según archivos que pertenecen a una demanda presentada el 16 de abril en tribunales federales. 

La mayoría de los casos que componen la demanda atañen al Centro de Tratamiento Residencial Shiloh, en Manvel, Texas. Los testimonios corresponden a 2016, 2017 y 2018, es decir, algunos casos son previos a la política de tolerancia cero impuesta por Trump, no obstante, este espacio de detención aún recibe infantes. 

Un menor de edad afirma en su testimonio que estuvo en varios refugios donde le dieron medicamentos, pero cuando lo trasladaron a Shiloh fue cuando comenzó a recibir más fármacos. Declara que le daban nueve pastillas por la mañana y siete por la tarde. 

“No sé qué medicamentos estaba tomando; nadie me dijo eso. No sé cuál es mi diagnóstico o enfermedad. La medicina me hizo engordar. Solía ser muy delgado. Me provocaba mucha hambre; solía comer tres porciones a la vez”. 

El niño cuenta que el personal le daba medicamentos para tranquilizarlo cuando se enojaba o mostraba inconformidad. Las pastillas le provocaban sueño y pesadez. Después de la medicación, el menor dormía por tres o cuatro horas. También cuenta que pasaba lo mismo con otros niños .

En otro testimonio, Nicolás C., un adolescente de 16 años afirma que su hermano fue asesinado y que por eso estaba más triste de lo normal. Debido a su estado de ánimo le indicaron en el refugio que tomara dos pastillas distintas.

“Me dicen que ambos medicamentos son para la depresión. He dicho malas palabras a otros menores aquí. El personal aquí dice que necesito comportarme”.

Las siete píldoras nombradas en los documentos judiciales son Clonazepam, Duloxetina, Guanfacina, Geodon, Olanzapina, Latuda y Divalproex.

Estos medicamentos son utilizados para controlar la depresión, la ansiedad, el trastorno por déficit de atención, el trastorno bipolar, los trastornos del estado de ánimo, la esquizofrenia y las convulsiones. 

“Cuando nosotros agregamos medicamentos que los niños no necesitan lo único que estamos alterando es su crecimiento y motricidad”, expone la psicóloga de Sin Fronteras. 

La especialista agrega que un niño debe dormir 12 horas y en ese tiempo genera células nuevas y conexiones neuronales. Si se le brinda un medicamento que no necesita, el infante no va ser capaz de diferenciar entre lo que sueña y la realidad. 

“Los medicamentos tienen repercusiones porque al final son un químico que está alterando su cerebro y éste va a estar pidiendo más y más y eso implica que a los niños se les tenga que subir la dosis hasta que generen una dependencia”, menciona Scalisse García. 

¿Cómo detenerlo?

La situación de los niños es calificada por organizaciones civiles como tortura. Ante esta crisis humanitaria, es urgente que los menores de edad puedan reunirse con sus padres para evitar que continúen los abusos en albergues y centros de detención.

Molly Goss, gestora de casos de familias transnacionales del Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi), opina que los estadounidenses tendrían que presionar a los senadores y a sus representantes para que estos aboguen por la defensa de los derechos de los niños migrantes.

“Se tiene que ver desde diferentes luchas: una sería la parte legal y también es muy importante que la sociedad estadounidense no permita que esto siga pasando”, declara la especialista en migración.

Goss agrega que otro factor importante para cambiar la realidad de las familias migrantes es que las personas que se encuentran en Estados Unidos sigan manifestándose de forma pública en contra de las detenciones.

“Vimos el poder de la gente cuando Trump se retractó de su política poniendo la orden ejecutiva. Es una muestra de que si la población sale a las calles, llama a sus representantes y exige cambios, sí pueden lograrlos”, declaró la integrante de Imumi.

El secretario ejecutivo de Redlamyc, Juan Martín Pérez García considera que a esas exigencias se tiene que sumar la comunidad internacional.

“La comunidad internacional tendrá que intervenir nuevamente. La indignación que se logró para echar atrás esta decisión presidencial de Trump no es suficiente porque los actos de discriminación y xenofobia continúan”, menciona.

El secretario de la red de organizaciones agrega que tambiénes importante que los consulados de los países de donde provienen los niños intervengan en defensa de los menores de edad y sus familias para lograr la reintegración.

“Los consulados de Centroamérica ya tendrían que presentar las denuncias correspondientes y las organizaciones de derechos humanos tendríamos que retomar la campaña buscando que se logre la reunificación de estas familias y comenzar a documentar esto como crímenes internacionales”, considera Pérez García.

Agrega que tambiénse tiene que trabajar con urgencia en la creación de un mecanismo transnacional de protección especial para niños migrantes.

“Esto permitiría que las instituciones de la infancia tanto de Centroamérica como de México puedan atender de manera apropiada a estos niños y niñas víctimas y por supuesto necesitamos una política internacional mucho más contundente y menos dócil”.

Además, el especialista considera que es importante documentar lo que sucede con los niños migrantes para llevar a instancias internacionales los casos porque pueden constituirse como crímenes de Estado.