Integrantes de partidos opositores al gobierno actual fueron foco de atención tras las primeras confesiones de Emilio Lozoya.
El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sostuvo en su conferencia matutina del 24 de julio que en el testimonio del exdirector de Pemex se encuentra la entrega de sobornos a fuerzas políticas a cambio de que avalaran la Reforma Energética entre 2013 y 2014.
Los políticos señalados de supuestamente recibir dinero para votar a favor, son los panistas Ricardo Anaya, Ernesto Cordero, Jorge Luis Lavalle, Francisco García Cabeza de Vaca y Francisco Domínguez, mismos que negaron las acusaciones
La dirigencia nacional blanquiazul hizo público un posicionamiento en el que pidió a la autoridad que respete el debido proceso y entregar las pruebas de sus dichos.
Mencionó también que el señalamiento viene de un “presunto criminal” que podría acusar a los adversarios del Gobierno federal para salvar su situación jurídica.
“Los dichos de Lozoya pretenden ser un distractor y la cortina de humo perfecta ante el fracaso del gobierno de López Obrador en materia económica, de empleo, ante la pésima gestión del COVID-19 y las muertes que pudieron evitarse, así como en el combate a la inseguridad”, difundió el PAN a través de un comunicado.
Para Juan Zepeda, presidente de la Comisión Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana en el Senado de la República, existen elementos suficientes para afirmar que hay sesgos en los procesos judiciales contra Rosario Robles y Emilio Lozoya, por lo que hace un llamado para que la información que surge de las declaraciones del extitular de Petróleos Mexicanos sean dadas a conocer de manera responsable.
“Lo deseable es que sean acusaciones públicas, que no se administre la información, que no se sesgue. Coincido con lo que algunos ya han dicho sobre que Lozoya es un rehén político, porque juegan con su libertad, con la de su mamá y la de su hermana, además viene coaccionado. Con esto no quiero decir que sea inocente, pero sí quiero decir que se está violando el debido proceso”, explica el senador de Movimiento Ciudadano.
El legislador añade que, en caso de que personajes políticos salgan a la luz por haber sido receptores de sobornos durante su labor legislativa, deberán enfrentar su responsabilidad.
Que se actúe de manera imparcial, objetiva, exhaustiva en las investigaciones y que no haya impunidad de ningún tipo, ni para el que acusa ni para el acusado. Que toda la extensión de la palabra justicia se pueda aplicar
Proceso de Lozoya a puerta cerrada
Desde la sociedad civil organizaciones como Transparencia Mexicana y Tojil levantan la voz para exigir que las audiencias de Emilio Lozoya sean públicas y que la ciudadanía pueda conocer todos los detalles sobre uno de los casos de corrupción más trascendentales del país.
En entrevista con Reporte Índigo, Eduardo Bohórquez, director general de Transparencia Mexicana, asegura que desde hace un mes le fue enviado un escrito al ministro Arturo Zaldívar, presidente del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), para que considerara el acceso público a las audiencias por causas penales.
El CJF acordó limitar el aforo a tribunales y permitir que para procedimientos judiciales fueran utilizadas herramientas digitales como videoconferencias.
Sin embargo, en el caso de Emilio Lozoya, el Consejo determinó mantener a puerta cerrada las audiencias sobre los delitos que se le imputan e informa mediante una conversación de WhatsApp lo más relevante que ocurre en los procesos que se están llevando a cabo.
Desde el punto de vista de salud se entiende que no haya un grupo muy grande de personas al interior del tribunal, desde mi punto de vista, lo que marca la Constitución para las audiencias penales se está incumpliendo, las audiencias penales son abiertas para cualquier persona
“Si en este caso por motivos de la pandemia no se puede dar una concentración de personas en un solo punto hay que explorar alternativas, así como el imputado está declarando desde un hospital, eso quiere decir que lo puede hacer por vía remota y medios electrónicos; la audiencia también podría seguirse por medios digitales como ocurrió en Brasil y Perú”, comenta Bohórquez.
El experto en temas de derecho a la información agrega que el CJF debe aplicar el criterio de su acuerdo de manera general, de lo contrario se violan principios constitucionales como la máxima publicidad.
“Hay un antecedente, las audiencias de Javier Duarte, donde era muy evidente que el Ministerio Público no estaba a la altura de lo que estaba enfrentando, también es un mecanismo de control de calidad de ambas partes (…) Se busca que no haya excepciones en la aplicación del criterio, no creo que lo hayan pensado necesariamente para este caso”, expresa.
El director de Transparencia Mexicana concluye que el hecho de que no se permita observar de manera directa el proceso contra el exdirector de Pemex compromete el acceso a la información de la ciudadanía.
Afirma también que esta investigación puede ser emblemática para el combate a la corrupción si se desmantelan las redes completas involucradas en los delitos, si estos procesos llevan a sancionar a los responsables y si se recuperan los activos desviados.
El PAN presentó un posicionamiento en el que pide a la autoridad federal que respete el debido proceso en el caso de Lozoya y entregue las pruebas de sus acusaciones
