‘Un proceso de construcción colectiva’

08 de Ago, 2013

A partir de que la Ley General de Víctimas se publicó en enero pasado se estableció la obligación de que las entidades federativas adecuaran su marco normativo local.

Hasta la fecha, de los 32 estados de la República mexicana, el único que ha armonizado su legislación es Morelos. 

Otros tres estados ya han presentado iniciativas de ley de víctimas a nivel local. Se trata de Nuevo León, Baja California y Jalisco. Mientras que Tlaxcala y Puebla siguen avanzando en la composición de sus iniciativas locales.

En varias entidades la concepción respecto al grado de obligatoriedad que emana de la Ley General ha sido distinta, pese a que se estipula que los derechos, mecanismos y obligaciones que de ésta se desprenden deben ser efectivos. 

La creación de instituciones como la Asesoría Jurídica Victimal, el Fondo de Reparaciones y el Registro de Víctimas es indispensable para tener existencia plena y apegada a derecho. 

De ahí la importancia de formular leyes locales respetuosas, que conformen un andamiaje órganico-institucional para aplicar lo previsto en la Ley General y no a través de sistemas de víctimas distintos, como los circunscritos al proceso penal que cuentan “una fuerte impronta asistencialista”. 

Eso ocurre ahora en Nuevo León donde la iniciativa presentada previamente a la publicación de la Ley General refiere de forma “muy pobre” las obligaciones planteadas por la nueva legislación. Se trata de una calca del modelo planteado por el expresidente Felipe Calderón en 2012.

En ese estado norteño la propuesta albiazul se quedó suspendida en el conflicto entre la administración anterior y los movimientos que impulsaron la ley que al final salió avante. Por ello los expertos consideran se debe reestructurar tal iniciativa. 

El caso neoleonés ejemplifica las discusiones por las que ahora atraviesan los procesos locales para lograr una óptima armonización: no se logra trascender el conflicto de perspectivas de la atención victimal; persiste el enfoque penalista-asistencialista anterior a la reforma constitucional en derechos humanos y a las demandas de los movimientos de las víctimas de la violencia.

El nuevo enfoque, por el contrario, contempla a las víctimas como sujetos de derechos que deben empoderarse y participar plenamente en los órganos que van a instrumentar una política de atención a víctimas y de prevención de la violencia.

Estas dos tendencias muestran las enormes diferencias y dificultades de comprensión del espíritu de la Ley General, según Silvano Cantú. En opinión del miembro del comité redactor de la Ley de Víctimas solo contribuyen a distorsionar las discusiones que, en la actualidad, tiene lugar en el ámbito local.

De incógnitas y 
protagonismos

Así como en Nuevo León hay un conflicto entre lo penal y los derechos humanos, herencia del enfrentamiento entre Calderón y los movimientos de víctimas gestados en su sexenio, en Baja California ocurre otra cosa. 

Ahí se cuenta con una propuesta más parecida a la Ley General pero que no ha incorporado ninguna de las reformas del pasado 3 de mayo. Es necesario que se actualice la iniciativa presentada por legisladores del PRI, el PVEM y el PT.

Jalisco, por su parte, constituye una incógnita. El 31 de julio pasado los partidos verde y tricolor presentaron una iniciativa de ley cuyo contenido aún no conocen las organizaciones que defiende de los derechos de las víctimas pese a que los legisladores se comprometieron a enviárselas.

La nota en común de estas entidades es que “notamos un tono de protagonismo político en la presentación de las iniciativas que no parte de las propuestas hechas por un grupo plural y abierto que (debe contar) con la participación de todos los partidos representados en los congresos, en todos los momentos del proceso legislativo”, sostiene Cantú.

La Ley General de Víctimas, como iniciativa y como reforma, la firmaron todos los partidos representados en el Senado para así “atajar que el tema se preste a populismos victimales, a cálculos o intereses político-electorales, a mesianismos políticos tan comunes en México”, comenta en entrevista con Reporte Indigo.

Se aspira a que la agenda de cada proceso, incluida la realización de foros de consulta, conversatorios, talleres, etcétera, se concerte y organice con los grupos de víctimas congregados en distintos movimientos sociales. Algo que en Nuevo León, Baja California y Jalisco no está ocurriendo como tampoco en Tlaxcala y Puebla.

“Nos preocupa no se está dando la seriedad al tema de inclusión y participación (dado que) la ley no es un mero trámite sino un proceso de construcción colectiva”, indica el experto,

Y agrega: “ya es el momento de las víctimas… requieren ser visibilizadas y levantar la voz para decir qué quieren de una ley que los va a proteger”.

El abogado reconoce que si bien eso no se ve aún en dichas entidades los impulsores de las iniciativas ya han manifestado su disposición a recibir comentarios. La “desconfianza de origen está ahí” pero se puede replantear.

El imperativo de las leyes que se impulsen en los estados debe ser el trabajar en grupos plurales y garantizar siempre la participación de las víctimas.

Morelos, caso modelo

Desde el inicio en Morelos se acordó que el texto que se discutiría debía ser consensuado, validado y elaborado en su totalidad por un grupo de víctimas y expertos.

El gobierno morelense solicitó al Movimiento por la Paz, la Justicia y la Dignidad así como a la Fundación Garzón –que dirige el juez Baltasar Garzón– elaborar la armonización de la ley local respecto a la ley general. 

Luego de trabajar varios meses en conversatorios con víctimas y en talleres con expertos se arribó a un producto de gran legitimidad para lograr que la ley funcione y cuente con el respaldo y apropiación de la sociedad.

De hecho, la legislación publicada de Morelos alberga temas más estrictos pues se crearon mecanismos para reconocer derechos incluso más amplios que los reconocidos por la ley general.

“Eso es bastante positivo porque estamos ante otro tipo de discusión a la que se ha dado en otros procesos: vamos por una ley que retoma los derechos sustantivos contemplados en la general, enriquecidos con otros que institucional y legalmente refuerzan y le dan la característica local a las necesidades de las víctimas que la ley puede y debe satisfacer”, explica Cantú.

Las virtudes del modelo morelense es que precisa de forma más clara a qué instituciones les corresponde garantizar qué derechos y qué mecanismos contemplados en la ley general.

Otro punto es que se abre la posibilidad para que el propio estado cree instituciones similares al Sistema Nacional de Víctimas sin que se trastoque la comunicación y coordinación con este.

“Una conclusión que aparece en todos los casos –menos en el de Morelos– es que la Comisión Ejecutiva Estatal, el órgano operativo responsable de realizar los derechos y procesos contemplados la ley, aparecen desconectados del Sistema Nacional de Víctimas (SNV) y dependientes de los gobiernos de los estados”. 

Se considera ese es el peor de los aspectos de las iniciativas de ley locales. No es que haya una mala intención per se sino que se parte de una interpretación errónea de la Ley General. 

El SNV debe constituirse por un grupo de víctimas y expertos representativo que coordine a las diversas comisiones ejecutivas estatales que forman parte de un sistema nacional mas no federal. En Nuevo León se alega que todas las instituciones emanadas de la ley general son federales lo cual “no es cierto, es una instancia nacional donde todos los estados aportan algo pero que se rige y funciona con base a órganos, como en el Sistema Nacional de Seguridad Pública o modelos semejantes”.

El avance

> Morelos
Es el único estado que ha armonizado su marco normativo a la Ley General con los insumos del Movimiento por la Paz, la Justicia y la Dignidad y la Fundación Garzón.

> Nuevo León
Su modelo es una calca del planteado en la administración calderonista que persiste en el enfoque penalista-asistencialista anterior a la reforma constitucional en derechos humanos y a las demandas de los movimientos de víctimas de la violencia.

> Baja California
Cuenta con una propuesta más parecida a la Ley General pero que no incluyó ninguna de las reformas publicadas el 3 de mayo de 2013.

> Jalisco
Su propuesta de ley es aún una incógnita que desconocen los expertos y las organizaciones que representan y defienden a las víctimas. El 12 y 13 de agosto en Guadalajara habrá un encuentro con todos los coordinadores de las bancadas del Congreso local para hablar del modelo básico elaborado en consenso.