Una corrupción muy movida

Muy poco se combate a la corrupción al seno de la Secretaría de Movilidad (Semov) de Jalisco: las investigaciones existentes son escasas, lentas y por lo general terminan en la aplicación de sanciones menores, que no van más allá de algunos días de suspensión sin goce de sueldo.  

De todas las Policías, la suya es la que genera mayor desconfianza en los jaliscienses.

Recientemente su programa estrella de uso del alcoholímetro “Salvando Vidas”, fue expuesto en su vulnerabilidad en un video que revela el trato preferente para uno de sus funcionarios en un retén. 

La separación expedita de seis empleados por ese hecho –tres mujeres y tres hombres-, incluido a quien se eximió de la prueba -Jaime Martínez, coordinador de la Dirección de Investigación y Cultura Vial- es, en realidad, un garbanzo de a libra en los expedientes de la Semov. 

Esa indagatoria inició el 14 de agosto y tenía sus resultados listos tan sólo cuatro días después: el 18 de agosto; por supuesto, la premura se acompañaba de la difusión creciente del video. 

La imagen del operativo fue minada, igual que el discurso del gobernador Aristóteles Sandoval, que solía llamar a las policías viales que lo aplican “mujeres incorruptibles”.    

En la Semov hay tres instancias para combatir la corrupción, dos de ellas trabajan de manera mancomunada: la Comisión de Honor y Justicia y la Dirección de Asuntos Internos, creada a fines del 2012 y concentrada en la actuación de la Policía Vial. 

Y el Área de Responsabilidades, que vigila el resto de las instancias administrativas y exceptúa a la corporación desde el 2013. 

Según los archivos de Asuntos Internos, de 2013 a 2015 (agosto) abrió 954 procedimientos por hechos de corrupción contra los agentes viales: 330 en 2013, 414 en 2014, y 210 en el 2015, pero de todos estos únicamente ha concluido el 13 por ciento: 126. 

De los expedientes terminados, 107 datan de 2013 y 19 de 2014, esto significa que siguen sin resolución 223 de 2013, al igual que 395 de 2014, a este rezago se suman todos los expedientes de 2015, así que hay 828 casos totales sin cerrar.   

Ahora bien, en la gran mayoría de los expedientes concluidos la sanción impuesta fue tan sólo una suspensión de labores de tres a 10 días, así pasó con el 85 por ciento (107); en el resto fueron destituciones de los agentes señalados (19). 

El Área de Responsabilidades, por su parte, ha estado en un letargo durante la actual gestión que inició en marzo de 2013 con Mauricio Gudiño, quien fue sustituido por Servando Sepúlveda el 27 de julio pasado. 

De 2013 a 2015 esa área reporta apenas ocho procesos por hechos de corrupción: cinco en 2013, sólo uno en todo 2014, y dos en 2015. De 10 servidores públicos investigados, tres fueron cesados, pero el resto no recibió sanción alguna. 

Ello a pesar de la gravedad de algunos de los casos, como la liberación de vehículos con facturas falsas en 2014 –se sobreseyó-, o la emisión de permisos irregulares para circular sin placas en 2013, que fue archivado.   

El desempeño del Área de Responsabilidades en casi nueve años, de 2007 a hoy, arroja  sólo 52 investigaciones que involucraron a 73 empleados. 

La mitad de ellos terminaron sin sanción: son 35 cuyos casos ya están archivados o sobreseídos; 21 fueron suspendidos por algunos días (29 por ciento); nueve, destituidos (12 por ciento);  seis, amonestados (8 por ciento); uno, en trámite, y otro sin precisar. 

La corrupción en Semov aunque concentrada en la petición de dádivas, ha escalado al desvío de fondos. La Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas tiene abiertos cinco créditos fiscales para recuperar malversaciones por 769 mil 950 pesos.  

De estos, 379 mil 212 pesos se detectaron en 2010 en su Dirección de Administración, y los 390 mil 737 pesos restantes en 2013, en la contaduría de la Antigua Central Camionera.

Fuerza corrupta

Cuando el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza concluyó en 2014 los exámenes de la Policía Vial, encontró que mil 519 oficiales eran aptos, y no así 354, casi una cuarta parte de su fuerza. 

El rezago en la depuración de estos agentes es importante, la Semov sólo da cuenta del cese de 43 de ellos vía transparencia hasta agosto: el 12 por ciento de todos los que deben salir.   

En su reciente nombramiento, el gobernador le solicitó a Sepúlveda que: “en los primeros 30 días de su gestión ponga en marcha acciones concretas y contundentes para inhibir y así erradicar en el mediano plazo la corrupción entre los agentes viales”.

La Policía Vial es la institución de seguridad peor evaluada en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2014; si el 70.8 por ciento de los jaliscienses dicen tener mucha confianza en la Marina –la cúspide-, aquella está en el sótano con 10.5 por ciento. 

Pero ocupa dos primeros sitios: si se pregunta por la institución que no genera “nada de confianza”, un 21.1 por ciento; y como la más corrupta según el 77.5 por ciento de la población.

El 30 de julio, empero, asociaciones lideradas por la agrupación Ciudad para Todos, reprobaron la llegada de Sepúlveda por su perfil ajeno a la movilidad, y el que esa primera instrucción se centrara en la corrupción: 

“Si bien el combate a la corrupción es algo deseable en esta metrópoli, consideramos que no es la principal función que como encargado de la movilidad debe hacer; (esto) deja en evidencia lo separado de la realidad en la que se encuentra el titular del ejecutivo, priorizando el tema político sobre lo técnico”, fue la postura de Ciudad para Todos.

Sepúlveda llega en un momento con grandes rezagos en movilidad, como un reordenamiento de rutas que no se concreta, igual que el sistema de prepago unificado, la evolución a rutas-empresa, y otros cambios de fondo. 

El debate: certificarse

El Centro Estatal de Evaluación confirmó que aplicó una prueba de confianza al nuevo titular de Semov, el  25 de julio, dos días antes de que fuera designado, pero reservó sus resultados: si es apto o no.  

Sepúlveda había dejado a la Policía de Guadalajara en 2012 tras su reticencia a someterse a dicha prueba, entonces el Centro estaba en manos de un gobierno panista; hoy, del PRI. 

La Policía Vial perteneció a Semov hasta marzo del 2013 cuando pasó a Fiscalía, pero el Congreso aprobó este 4 de agosto su retorno a aquella. 

Estos cambios han despertado dudas sobre si el secretario de Movilidad está obligado a estar certificado o no, esto considera el Centro: 

“Del análisis de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, no se desprende obligación alguna para los secretarios de las dependencias que conforman el Poder Ejecutivo, o sea, la administración pública centralizada estatal”.

El Centro responde además que no cuenta con registros de que el extitular de Semov en la pasada gestión, Diego Monraz (hoy en el equipo de transición del alcalde tapatío electo, Enrique Alfaro), haya sido evaluado en su periodo, aunque tuvo a su mando la corporación. 

Causa en Común interpreta que todo funcionario con autoridad sobre una Policía debe certificarse. Para eliminar dudas, el decreto legislativo que retornó la Policía Vial a Semov añadió que todo mando suyo debe ser evaluado.