Una justicia que llega tarde

A pesar de que los subsidios para la implementación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio se duplicaron este año, entre las entidades más atrasadas se encuentran Guerrero y el Estado de México, protagonistas de los casos recientes de Tlatlaya y Ayotzinapa.

Todas las instituciones federales que deben participar en la implementación del sistema fueron reprobadas en el Reporte de hallazgos 2014 sobre los avances en la implementación y operación de la reforma penal en México, que elaboró el Centro de Investigación para el Desarrollo (Cidac).

El estudio de Cidac, publicado por segundo año consecutivo, dictaminó que la readaptación social tiene el peor avance, con 155 puntos obtenidos de un ideal de 1000 puntos.

En igual situación están la Policía Federal, el Poder Judicial de la Federación y la Procuraduría General de la República, de acuerdo con la metodología de la organización, en un proyecto apoyado por la Agencia estadounidense para el Desarrollo Internacional (Usaid, por sus siglas en inglés).

Los dos estados en los que se ha cumplido el calendario son Durango y Puebla. Pero éstos usaban el sistema en su ámbito local desde 2009 y 2013.

Muy lejos de la meta inicial

La instancia que rige la puesta en marcha del nuevo sistema de justicia penal acusatorio es la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (Setec), pertenece a la secretaría de Gobernación (Segob).

La información que divulga esta dependencia es un botón de muestra de todo el sistema: todos sus informes datan del sexenio anterior y ninguno presenta datos que sobrepasen el 2012.

A pesar de ello, Gobernación difundió un boletín la noche del domingo anunciando la puesta en marcha del sistema federal en estos dos estados.

El nuevo sistema busca, de acuerdo con este documento, acceso a la justicia, respeto a los derechos humanos, debido proceso, investigación científica del delito, reparación del daño y justicia alternativa.

En marzo de este año, se publicó el decreto que expidió el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales.

Gobernación anunció que “los operadores están capacitados para desempeñar profesional y éticamente las funciones y obligaciones que requiere el sistema de justicia penal acusatorio”.

La realidad en los estados dista de los anuncios que se divulgan desde las oficinas de Bucareli.

En Guerrero el año pasado hubo 744 mil 441 delitos no denunciados. En el estado se procesan solo el 52 por ciento de los delitos y reciben sentencia solo 4 de cada 10 personas sometidas a juicio.

La incidencia delictiva en el fuero común (que incluye los homicidios) es de 874 por cada 100 mil habitantes, similar a los municipios más violentos de Guatemala.

Sus 18 cárceles tienen una sobrepoblación de mil 971 personas.

De los 41 mil millones de pesos que recibió la entidad como presupuesto el año pasado, solo el dos por ciento fueron a la procuración de justicia y al poder judicial.

Durante el 2014, la entidad recibió tres veces su presupuesto del año pasado para implementar el nuevo sistema de justicia penal acusatorio: 27.3 millones de pesos.

La implementación del nuevo sistema, que busca una justicia más “imparcial y expedita”, según Gobernación, tiene un avance de implementación del dos por ciento.

Guerrero fue una de las instituciones que tuvo menor porcentaje de respuesta a las solicitudes de información de Cidac y es el estado que tiene menor correlación entre los subsidios otorgados por el gobierno y la implementación del nuevo sistema, que incluirá los juicios orales.

Retrasos recurrentes

“Hemos tenido bastantes retrasos en el proceso de modificación legislativa que se ha tenido que llevar a cabo este año a partir de la aprobación del nuevo Código”, explica en entrevista María Novoa, coordinadora del estudio.

El poder legislativo dictaminó en los artículos transitorios que se tenían 270 días naturales para que este sistema estuviera armonizado en todo el país.

“Este periodo se cumple en la primera semana de diciembre y no se ha logrado”, dice la especialista.

El ranking establecido por Cidac muestra que ninguna entidad federativa ha logrado tener los mínimos necesarios de implementación para que este nuevo sistema esté operando en junio de 2016.

Una de las causas principales, explica, es que las instituciones que participan en el proceso no están coordinadas entre sí.

Las más atrasadas son las policías preventivas y las defensorías públicas, integradas por los abogados que oficio que sirven a los detenidos que no tienen el dinero para contratar un abogado particular.

“No tenemos todas las instituciones con el mismo desarrollo de fortalecimiento institucional. Estos cambios estructurales se tienen que dar al interior como modelos de trabajo orientados a este nuevo sistema de justicia penal”, detalla.

Actualmente las dependencias en los estados no cuentan con la tecnología que se requiere para este sistema ni sus operadores tienen el perfil profesional requerido.

Muchos códigos

El estudio de Cidac muestra que actualmente existen 48 códigos procesales vigentes al mismo tiempo.

En Nuevo León hay ahora tres códigos vigentes; en otros 14 estados hay dos simultáneos.

Cidac anticipa que en 2016, luego de la entrada en vigor del nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, 14 estados tendrán tres códigos simultáneos, 17 tendrán dos códigos y Nuevo León tendrá cuatro.

Estos sistemas procesales activados de forma paralela traerán “una situación de mayor inseguridad y menor certeza jurídica”.

> Sinaloa, Guerrero y Tamaulipas recibieron recursos menores a los que se le habían aprobado para este año.

> Chihuahua, Zacatecas, Coahuila, Tabasco, Nayarit y Tamaulipas fueron las entidades que más disminuyeron este gasto.

> Puebla y Durango comenzaron este lunes con la implementación del sistema; Yucatán y Zacatecas lo harán en enero de 2015.

Las cenicientas del proceso

Ajuicio de esta institución, el retraso en las policías y los defensores es grave, porque son “los primeros intervinientes en una escena del crimen y ahí se activa todo el proceso penal.

“Estas instituciones todavía no tienen las capacidades y los perfiles necesarios y las condiciones para que estos procesos se lleven a cabo”.

La defensoría pública es, a consideración de Novoa, “la cenicienta del proceso”.

> Durango y Puebla
Son los únicos dos estados en los que se ha cumplido el calendario del nuevo sistema de justicia penal acusatorio

> Estado de México y Guerrero
Son los dos estados que presentan mayor atraso en la implementación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio