¿Una ley ‘fumada’?

Tras la despenalización del aborto y la aprobación de los matrimonios entre personas del mismo sexo, “la ciudad de las libertades” impulsa descriminalizar el consumo de la mariguana.

Se trata de una iniciativa de ley que ya generó polémica. 

Una propuesta que presenta múltiples contradicciones en su redacción, pero que es mediáticamente atractiva.

Y es que el proyecto fue presentado por la fracción parlamentaria del PRD en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) con la finalidad de reducir el número de reos y detenciones por delitos de impacto menor.

Así como de evitar que quienes compran cannabis se expongan a otro tipo de drogas, a productos de mala calidad y al derecho de información sobre los efectos y consecuencias que genera. 

Sin embargo, esta es una iniciativa que no contempla la despenalización del delito de narcomenudeo, pero sí una invitación para que las autoridades dejen de perseguir ese tipo de faltas.

Además, el proyecto de reforma no profundiza en el tratamiento o rehabilitación de los consumidores, a pesar de que la capital del país cuenta con un Instituto de Atención y Prevención de las Adicciones (IAPA).

Incluso, las labores de este órgano creado hace casi tres años están en el olvido, ya que no hay una coordinación con los demás entes de gobierno para la difusión de sus programas.

Y tampoco cuenta con la información sobre cuántos pacientes atienden las  instituciones públicas dedicadas a la previsión de servicios de atención integral, a personas con consumo de sustancias psicoactivas y a la población en general.

Sin embargo, lo atractivo de la propuesta está en el apoyo que mostró el expresidente Ernesto Zedillo y los exmandatarios de Colombia, Chile y Brasil a una posible despenalización de la mariguana.

Así como las posturas de especialistas que consideran que se trata de una realidad innegable que requiere de una aceptación y elaboración de planes a largo plazo para controlar la droga en todo el país.

En tanto que la mayor oposición a la propuesta está en una fracción del propio PRD y del Gobierno del Distrito Federal, pues consideran que se trata de un tema que les puede reducir adeptos. Eso, sin contar con las complicaciones legales.

La propuesta  

La iniciativa de ley que se dio a conocer el jueves pasado viene en dos partes. Una dirigida al Congreso de la Unión y otra para la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

La primera busca aumentar la dosis permitida que puede traer consigo un consumidor; el texto propone reformar tanto la ley de General de Salud como el Código Penal Federal.

En el caso de la cannabis se propone ampliar el rango de 5 a 30 gramos; de cocaína, de 500 miligramos a 2 gramos; de opio, de 2 a 4 gramos; y metanfetaminas, de 40 a 80 miligramos.

En cuanto a la iniciativa que se ingresará a la ALDF, la propuesta contempla que los 

presos sentenciados o quienes estén acusados por el delito de narcomenudeo simple entren a un programa de preliberación.

En la presentación del proyecto, el especialista en Políticas de Drogas, Alejandro Madrazo, dijo que en el país el 60 por ciento de los reos purgan una condena por delitos contra la salud.

“La encuesta de población carcelaria federal nos dice que el 60 por ciento de las personas sentenciadas tiene que ver por delitos contra la salud. De esos el 40 por ciento es por posesión simple, es decir, consumidores”.

Por eso la iniciativa señala que las autoridades darán la prioridad más baja a la oportunidad de acción penal en materia de delitos contra la salud, siempre y cuando se trate exclusivamente de mariguana.

Al tratarse de una ley federal la iniciativa de reforma será presentada en el Senado y en la Cámara de Diputados, de la mano de Mario Delgado y Fernando Belauzarán, respectivamente.

Ahí se propone:

1.- La creación de espacios de abastecimiento seguro en donde los interesados podrán comprar hasta cinco gramos de mariguana para consumo personal.

Los proveedores deberán solicitar permiso al Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones (IAPA).

2.- La venta de hasta 5 kilos de mariguana en estos espacios, sin que se les persiga, una vez que cumplan con ciertos requisitos, como controles de calidad y no comercializar otras drogas.

3.- La instalación de semáforos para la reducción de riesgos y daños, que indicarán si los proveedores de mariguana cumplen con los requisitos mínimos para la venta.

Políticas al vapor

Una de las políticas de esta propuesta, según los especialistas, es que a la par debe concretarse un programa de respeto a los derechos de los consumidores y a la información de qué consumen.

Así como a promover políticas de rehabilitación. Este objetivo ya se cumple, al menos en el membrete con la creación del Instituto para la Prevención y la Atención de las Adicciones.

En el 2010, la administración de Marcelo Ebrard creó el IAPA, que en términos reales se ha convertido en un elefante blanco que al año cuesta cerca de 100 millones de pesos al año.

Según consta en una solicitud de información identificada con el número 0312300009813, el Instituto tiene conocimiento somero de la labor de las delegaciones en cuanto a esta materia.

Lo anterior, debido a que no conoce cuánto invierte cada demarcación política en difundir sus proyectos, pues afirma que con base en la Ley para la Atención Integral del Consumo de Sustancias Psicoactiva en el DF, las demarcaciones deben destinar el diez por ciento de su presupuesto en comunicación social para implementar campañas orientadas a la prevención y detección del consumo de sustancias psicoactivas.

Para el especialista en leyes Édgar Eduardo Martínez, en términos generales la propuesta es buena ya que no se puede negar una realidad del país, pero es necesario combatir el estigma que hay sobre las personas que consumen mariguana.

“Se debe garantizar el derecho de los consumidores. El derecho a la información de lo que consumen y a no ser discriminado. Históricamente se les ha descalificado y el hecho de que se les venda públicamente, los hace vulnerables.

“Deben tener políticas también que acompañe el GDF y la ALDF para escenarios de largo alcance. No podemos permitir que solo se saquen políticas al vapor, donde también se garantice el acceso y la despenalización”.

Por su parte, algunos perredistas se resisten y aseguran que esta propuesta será violatoria a la Ley de Salud, por lo cual no la acompañarán. Mientras que la Secretaría de Salud se sumó a la negativa. 

El tema ya genera debate y en los próximos meses se verá quién tiene mayores argumentos y aceptación entre la sociedad.