¿Una masacre oficial? Lo que sabemos de los policías implicados en asesinatos de Camargo
12 policías estatales participaron en la masacre de Camargo, donde 19 personas fueron asesinadas el 22 de enero, entre ellos, migrantes guatemaltecos
Indigo StaffEl 22 de enero, los vecinos del poblado de Santa Anita en Camargo, Tamaulipas, denunciaron el descubrimiento de dos vehículos incendiados cerca de sus casas. Al interior de uno había 19 cadáveres baleados y calcinados.
Los 19 cuerpos se encontraban al interior de una pick up abandonada en una zona deshabitada cerca de la frontera con Estados Unidos: dos en la cabina uno en el asiento del piloto, otro junto a la puerta del copiloto y los 15 restantes en la caja de la camioneta.
Este martes, el fiscal General del Estado, Irving Barrios Mojica, informó que en la masacre participaron, por lo menos, 12 elementos de la policía estatal.
Contra ellos ya existen órdenes de aprehensión por los delitos de homicidio calificado, abuso de autoridad y del desempeño de funciones administrativas y falsedad de declaraciones a la autoridad.
Dijo que la masacre pudo ser obra de grupos criminales, coludidos con las autoridades estatales, quienes controlan el tráfico de migrantes en la región.
Apuntó que es muy probable que se haya alterado la escena del crimen, pues en la zona no habían registros de los balazos con que asesinaron a las víctimas; aunado a las contradicciones de los policías que reportaron los hechos.
“Cobra fuerza la teoría de la alteración de la escena del crimen, debido a la ausencia de casquillos y municiones en concordancia con los disparos que presentaba la unidad vehículo tipo pick up; así como la contradicción entre lo reportado en el informe policial homologado del día de los hechos y las entrevistas de los elementos policiales que tuvieron conocimiento de los mismos”.
Los policías estatales podrían alcanzar una pena de 20 a 50 años por el homicidio de cada una de las víctimas. En tanto a los delitos cometidos como servidores públicos, podrían obtener hasta 7 años de cárcel.
El diario The Guardian calificó el episodio como “el más reciente capítulo de la historia de corrupción policial en Tamaulipas”.
“La mayoría de los pueblos y ciudades en el estado vieron disolverse a sus fuerzas policiales municipales desde años atrás, porque los oficiales eran pagados por los cárteles. Se suponía que una fuerza policial estatal más profesional sería la respuesta, una creencia que se vino abajo con los arrestos anunciados el martes”.
El Consejo de Relaciones Exteriores (CFR, por sus siglas en inglés) documentó en 2019 que en México los cárteles del crimen organizado han crecido porque sus miembros pagan a los jueces, policías y políticos utilizando las ganancias recibidas por la venta de drogas y otros delitos.
Ante la comunidad internacional, México ha sido reconocido por tener una fuerza pública que, en alianza con los grupos delictivos, colabora con el ejercicio de terrorismo contra la población.
¿Quiénes son las víctimas?
Hasta ahora se conoce la identidad de cuatro víctimas del multihomicidio: el mexicano Jesús “M”, dueño de una camioneta encontrada en Escobedo, Nuevo León, durante el rescate de 66 migrantes en diciembre del año pasado.
El segundo es Daniel “P”, originario de San Luis Potosí y relacionado también con el tráfico de migrantes.
Las otras víctimas son Elfego “R” y Marvin “A”, ambos de nacionalidad guatemalteca.
El resto de los cadáveres continúan siendo analizados por los servicios forenses y la Comisión Nacional de Búsqueda.
En días pasados, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) comparó las masacres de San Fernando y Cadereyta, en 2010 y 2012, con los recientes hechos de Tamaulipas.
En un comunicado, la Oficina en México para el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos acusó al gobierno mexicano de no ofrecer alternativas para una migración segura y ordenada.
“Estos hechos recuerdan a las masacres ocurridas en San Fernando, Tamaulipas, en 2010, y Cadereyta, Nuevo León, en 2012, donde los familiares de las víctimas siguen en búsqueda de verdad, justicia y reparación”.
Tanto en los recientes descubrimientos, como en las masacres ocurridas hace poco más de una década, todas las víctimas fueron migrantes que buscaban alcanzar una mejor vida para ellos y sus familias a través de la utopía del sueño americano.
