Uno para todos
El presidente Enrique Peña Nieto promulgó este 4 de marzo el decreto por el cual se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP).
“Se trata de uno de los cambios jurídicos más relevantes de las últimas décadas”, afirmó el Ejecutivo federal.
Destacando además que de 33 códigos penales que hay en el país ahora se contará con un código único que se aplicará con las mismas reglas en todos los procesos penales a nivel nacional con el objetivo de fortalecer el Estado de derecho.
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De 33 códigos penales que hay en el país ahora se contará con un código único que se aplicará con las mismas reglas en todos los procesos penales a nivel nacional con el objetivo de fortalecer el Estado de derecho
El presidente Enrique Peña Nieto promulgó este 4 de marzo el decreto por el cual se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP).
“Se trata de uno de los cambios jurídicos más relevantes de las últimas décadas”, afirmó el Ejecutivo federal.
Destacando además que de 33 códigos penales que hay en el país ahora se contará con un código único que se aplicará con las mismas reglas en todos los procesos penales a nivel nacional con el objetivo de fortalecer el Estado de derecho.
Haciendo un reconocimiento a la labor legislativa, destacó que el CNPP –que incluso echó mano de “un simulador, para probar su funcionalidad técnica”– es producto de un consenso de las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión.
Entre otros puntos, el nuevo ordenamiento jurídico coloca como prioridades centrales la protección de la víctima, el respeto a sus derechos, la presunción de inocencia, la reparación del daño y el respeto al debido proceso.
En su discurso Peña Nieto subrayó que con la promulgación del Código Nacional de Procedimientos Penales iniciará una nueva etapa en la vida jurídica de México.
Más aún, confió en que el mismo dé pie para que todas las instituciones de procuración e impartición de justicia “se modernicen y recuperen la confianza ciudadana a partir de resultados”.
El reto no es minúsculo.
La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública de 2013 arrojó que un 65 por ciento de las personas mayores de 18 años cree que la policía judicial y los ministerios públicos son corruptos.
El estudio coordinado por el Inegi además reveló que más del 60 por ciento de la población considera que los jueces se vinculan con frecuencia a prácticas corruptas.
En este contexto, el mensaje principal del presidente de la República no fue casual:
“Respetuosamente invito al Poder Judicial de la Federación, a los tribunales superiores de justicia de las entidades federativas y a las procuradurías de justicia a emprender las medidas necesarias para transformar este código en una justicia a la altura de las demandas de todos los ciudadanos”.
La apuesta en el nuevo instrumento jurídico genera mucha expectativa. Se pretende “ponga al día al sistema de justicia penal mexicano” y que está acorde con los retos que el país enfrenta en áreas estratégicas como la seguridad y la justicia.
Logro histórico
Después de un año de trabajo legislativo que se acompañó de los aportes de diversos expertos en la materia, el nuevo ordenamiento jurídico fue catalogado “como un logro histórico” tanto por el Ejecutivo federal, como por integrantes de su gabinete y representantes de la sociedad civil.
Quizá por ello esta vez la foto del recuerdo en el Palacio Nacional no solo fue de funcionarios públicos sino que se vio sonrientes a varios activistas sociales celebrando la promulgación del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Las críticas
> Que se prohíba a periodistas y medios de comunicación grabar y transmitir por cualquier medio la audiencia de un juicio oral.
> Que exista la posibilidad de que la autoridad autorice la localización geográfica de una persona por medio de su teléfono móvil.
> Que se permita el ingreso de una autoridad a un lugar sin una autorización judicial lo que propiciaría excesos por parte de elementos militares y/o policiacos.
Reconocimientos
> Que se busque resolver hasta el 90% de los casos por medio de la justicia alternativa con lo que las penas para quienes cometan un delito no grave podrían tener otras salidas distintas a la cárcel.
> Que las disposiciones concernientes a la investigación se plantean desde una perspectiva de respeto a los derechos humanos.
> Que busca que los registros de las actuaciones en todo el procedimiento se realicen por escrito, audio o video.
