El Poder Judicial del Estado se desdibuja frente a los otros dos poderes. El Congreso determina los nombramiento de jueces y magistrados. El Poder Ejecutivo por su parte administra la Hacienda Judicial
Debe reorientar su presencia hacia la ciudadanía por medio de un sistema digital de consulta de juicios. Este servicio hoy está concesionado
El futuro del Poder Judicial no se determina con el simple cambio de presidente, considera el profesor investigador del ITESO, Jesús Ibarra Cárdenas, quien refiere que se necesita una reforma judicial a fondo.
“El Poder judicial es la clave para que el Estado de Derecho funcione, sin un poder judicial que no sea independiente e imparcial no hay un estado de derecho vigoroso”, considera el doctor en argumentación jurídica.
Para el especialista, el Poder Judicial de Jalisco no es contrapeso a los otros dos poderes.
“No tenemos un Poder Judicial, independiente, imparcial, que esté a la altura del cambio judicial en México”.
Y es que, según destaca el académico, el Poder Judicial de Jalisco no ha cumplido a cabalidad con la obligación de implementar juicios orales, a diferencia de otros estados.
Tampoco ha hecho adecuaciones para implementar la reforma constitucional que integra asuntos de derechos humanos y que, en lo local, implican nuevas formas de impartición de justicia y nuevos procedimientos.
“El Poder Judicial no tiene el diseño institucional ni las herramientas humanas para enfrentar estos retos. Es una institución obesa. Debe estar más enfocado en la defensa constitucional de los derechos”
Para Ibarra Cárdenas es urgente que el Poder Judicial deje de ser botín político de los otro dos poderes.
Para ello es necesario implementar un nuevo esquema laboral y favorecer el servicio civil de carrera, con el fin de profesionalizar los espacios de trabajo.
Además el Poder Judicial debe reorientar su presencia hacia la ciudadanía por medio de un sistema digital de consulta de juicios.
Hasta hoy, este servicio está concesionado a una empresa privada y los despachos deben pagar una cuota mensual para su consulta.
Poca seguridad jurídica
El sistema de justicia en Jalisco no salió bien parado en el último Índice de Competitividad Estatal que realizó el Instituto de Mexicano para la Competitividad (IMCO).
En éste se pone en entredicho los supuestos logros obtenidos por la administración de Celso Rodríguez al frente del Poder Judicial.
En Jalisco no hay confianza en los que imparten justicia.
En el documento también se destaca que Jalisco es el penúltimo lugar en el rubro de imparcialidad de los jueces. El primero es Nayarit, el último es Puebla.
La calidad institucional de la justicia es otro de los asuntos en los que Jalisco no obtiene buenas cifras, pues se coloca en el número 26, por debajo del promedio nacional. Nayarit es el primer lugar, Tlaxcala es el último.
En cuanto a la duración de los procedimientos mercantiles Jalisco se posiciona en el número 20 de 32 estados. El estado con menor tiempo de duración es Campeche, Tlaxcala es el último.
Tratándose de ejecución de las sentencias, Jalisco se mantiene por debajo de la media nacional y se ubica en el lugar 17 de 31 estados. La lista la encabeza Colima. Veracruz y Yucatán comparten el ultimo lugar.
Por su parte, ejecutar contratos en Jalisco es un asunto complicado y eso tiene implicaciones en las inversiones privadas que se puedan generar en el estado. De 32 entidades el territorio jalisciense se ubica en el 29.
La cuantificación de estos rubros, según refiere el documento, sirve para garantizar la inversión probada en los estados.
“La seguridad jurídica es determinante para la inversión, toda vez que brinda certeza a inversionistas y empresarios, además de reducir sus gastos en protección y seguridad privada. Ambos tipos de seguridad son detonantes de la competitividad”, refiere el texto.
Jalisco no es considerado como un estado competitivo en materia de justicia.
Sin autonomía
El Poder Judicial del Estado se desdibuja frente a los otros dos poderes.
Por un lado, las designaciones de nuevos magistrados y jueces las determina el Congreso; su presupuesto, también.
El Poder Ejecutivo administra los ingresos extraordinarios del Poder judicial -conocidos como Hacienda Judicial-.
Amarrado de manos, el Poder Judicial limita sus esfuerzos a la impartición de justicia que el IMCO cataloga de ineficiente.
Pero el Congreso tiene en sus manos la posibilidad de iniciar el proyecto de reformas estructurales del Poder Judicial.
Parte de la estrategia, según explica el presidente de la comisión de Justicia, Héctor Pizano Ramos, será recuperar la autonomía del Poder Judicial.
Pues desde la entrada de los gobiernos del PAN, la recaudación de la Hacienda Judicial, que corresponde al pago de copias certificadas y otras diligencias, ha quedado en manos del gobierno del estado a través de la Secretaría de Finanzas.
Según datos del Sindicato Independiente del Poder Judicial del Estado de Jalisco (NSIPJEJ), cada año los usuarios de los servicios judicial pagan alrededor de 100 millones de pesos; dinero que es administrado con absoluta discrecionalidad.
Reporte Indigo solicitó vía transparencia el monto total de lo recaudado por pago de copias certificadas del Poder Judicial, sin embargo fue negado argumentando que la Secretaría de Finanzas hacía el cobro en automático de todas las dependencias del Estado.
Por otra parte, en la agenda legislativa de la comisión de justicia también está contemplada la creación de un tribunal constitucional.
Para ello se organizarán foros y mesas de trabajo.
Se hará una revisión de la Ley Orgánica del Poder Judicial para la creación de salas regionales del Poder Judicial “que permitirán acercar la justicia a otros municipios”.
Además, se buscará crear un segunda instancia del Tribunal Administrativo.
El Congreso definirá el presupuesto del Poder Judicial, que deberá integrar más recursos para atender temas como el narcomenudeo.
Hoy los juzgados están obligados a resolver esos casos y no cuentan ni con el personal ni con la infraestructura necesaria, precisa el diputado.
No completan…
Los recursos económicos del Poder Judicial parecen insuficientes a las necesidades de justicia en el Estado.
No obstante, el presupuesto casi se ha duplicado en los últimos seis años.
Pasó de 537 mil 696 millones de pesos en 2006, a 919 mil 116 millones de pesos en 2012.
Para el año 2013, según el proyecto de presupuesto el Poder Judicial, podría ceder a mil 44 millones de pesos.
Cifra que representa apenas el 1.2 por ciento del presupuesto total del Estado.
El monto es insuficiente para las necesidades del Poder Judicial, alega el presidente del NSIPJE, Arturo Anaya.
Refiere que en otros estados, como Nayarit, el monto del presupuesto del poder es superior y ronda casi el cuatro por ciento del presupuesto total del estado.
“Eso sería excelente porque alcanzaríamos la autonomía del Poder Judicial. Mientras no tengamos eso, no vamos a poder crecer, porque en muchos rubros, como renta, se van muchos millones de pesos”, comenta Anaya.
Pero con todo y eso, el futuro de las finanzas del Poder Judicial no es del todo positivo.
La deuda pública que heredó Celso Rodríguez al nuevo presidente es de 375 millones de pesos, por el pago a proveedores y servicios que no fueron liquidados.
A eso hay que agregarle el pago de impuestos que no fueron retenidos a los trabajadores y que ahora se adeuda a Hacienda.
Al respecto, el NSIPJE informó que luego de negociaciones con el Consejo de la Judicatura y el Congreso se logró que en el próximo presupuesto haya un partida de 85 millones de pesos para el pago de dicho impuesto y que no sea grabado al trabajador.
