La Fiscalía Anticorrupción del Estado va ahora contra los amigos empresarios del exgobernador Rodrigo Medina que resultaron beneficiados con el proyecto Kia.
Se trata de los empresarios Bernardo Castillón Gómez y Juan Manuel García Cañamar, quienes han sido citados por la Fiscalía a una audiencia de imputación.
El subprocurador Anticorrupción estatal, Ernesto Canales, informó que esta segunda etapa de investigación se centrará en los propietarios o representantes legales de las empresas que participaron en conductas irregulares fuera de la ley.
“Te explico porqué hasta ahora y no antes, nosotros no tenemos el acceso a los datos financieros, solo cuando tengamos aprobación judicial, y la aprobación judicial solo nos la dan cuando nosotros tengamos un caso.
“Ya después de dos años tenemos un cúmulo de datos de diferentes investigaciones que van haciendo sentido y van conformando datos, ya pasamos esa etapa de que no implicamos a empresarios porque no teníamos esa información, y ya tenemos esa información y estamos en eso”, dijo Canales en entrevista con Reporte Indigo.
Aunque no confirmó que los empresarios Castillón Gómez y García Cañamar fueron citados por la Fiscalía, tampoco lo descartó.
“El problema que tengo de no dar información, es que se podría dar información que no está aún totalmente corroborada, y afectaría al inculpado… y no tenemos derecho a hacer daño. Eso sí te lo confirmo (vamos citar a empresarios)”, señaló el fiscal.
Detalló que después de dos años lograron conseguir información financeara de las empresas que podrían haber participado en actos de corrupción durante la administración de Rodrigo Medina.
A los empresarios también se les investigaría por su relación con la constructora subcontratada para limpiar los terrenos de Kia, que presuntamente simuló trabajos y cobró millones de pesos
“Y para hacer el caso necesitamos la información financiera, entonces se hace un círculo perverso y se nos dificulta la información financiera, podemos sacar un sobrecosto de una obra, pero no sabemos a dónde fue ese sobreprecio (dinero), pero ya tenemos esa información”, explicó.
Extraoficialmente una fuente confirmó a Reporte Indigo que Castillón Gómez y García Cañamar están citados en calidad de imputados para responder por la compra-venta del terreno que el Estado adquirió para la armadora coreana. También se les investigaría por su relación con la constructora subcontratada para limpiar los terrenos de Kia, que presuntamente simuló trabajos y cobró millones de pesos por ello.
Tiempo contado
El subprocurador Anticorrupción cree que probamente no alcance para conformar más expedientes en el siguiente año.
“Son decisiones que no están en mi alcance, un año es totalmente arbitrario para una contienda judicial, porque los plazos no dependen de la Fiscalía, depende de cómo se den las investigaciones, de la agenda judicial y cómo se lleve la defensa, entonces un año puede ser mucho o poco.
“Los diputados al dar un año, se me hace que se están brincando la cuestión de elección, que están más interesados en no hacer ruido en este época, que en realidad darle tiempo para conformar los expedientes”, dijo el funcionario.
“Ya pasamos esa etapa de que no implicamos a empresarios porque no teníamos esa información, y ya tenemos esa información y estamos en eso”
En días pasados, el gobernador interino, Manuel González, dijo que se continuará con los procesos por casos de probable corrupción en la pasada administración, y prevé que aumenten las cifras de personas imputadas.
Confían acreditar enriquecimiento
Tras dos años al frente de la Fiscalía Anticorrupción, Ernesto Canales confía que hay investigaciones sólidas para comprobar un enriquecimiento ilícito del exgobernador Rodrigo Medina.
“No implica mucho peso (los delitos imputados a Medina), porque no está el enriquecimiento ilícito, que es el más ‘sexy’, no implica por la dificultad de los estados financieros, pero, repito, con las investigaciones que hemos realizado en estos dos años.
“Ya tenemos muchas otras formas de acreditarlo, solo que la parte bancaria-financiera, es importante que se dé miles de millones de pesos para resarcir el daño”, explicó Canales.
