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En vísperas de la sucesión presidencial y en la puerta de arranque del proceso electoral más complejo en la historia de México, las instituciones responsables de la procuración e impartición de justicia del país se encuentran inmersas en una crisis cuyas consecuencias son imprevisibles.
Con la Procuraduría General de la República encabezada por un encargado de despacho, una Fiscalía Anticorrupción acéfala y un titular de la Fiscalía Electoral cesado intempestivamente el vacío institucional se agudiza, y lo peor es que no se vislumbra una pronta solución.
Tampoco hay claridad respecto al titular de la Fiscalía General de la República, uno de los debates que más encono ha generado entre las distintas fuerzas políticas y pieza fundamental para el futuro del Sistema Nacional Anticorrupción y para el cambio de paradigma de la procuración de justicia en el país.
“La combinación es lo que hace el momento gravísimo. No tenemos un aparato de procuración de justicia, están las leyes, están las instituciones, pero no tenemos a los titulares, no tenemos a las cabezas de ninguno de los órganos importantes de este tema”, señala Max Kaiser director de Anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad.
En este momento, no sólo la agenda legislativa del país -con pendientes tan urgentes como la Ley de Seguridad Interior- sino las propias instituciones son rehenes de los intereses políticos y partidistas.
Con una elección en donde se elegirá a un nuevo presidente de la República y se renovará en su totalidad el Congreso de la Unión, los equilibrios de poder podrían cambiar de forma drástica, por lo que la sospecha de un retraso deliberado con base al mero cálculo político se incrementa.
“El cálculo político es pernicioso para la democracia mexicana. No podemos soslayar nuestras necesidades urgentes y apremiantes como Estado-nación a un calendario electoral para ver quién gana o quién pierde”, afirma Darío Ramírez, director de Comunicación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.
Apenas ayer en la Cámara Alta se volvió a evidenciar la forma en que los legisladores ponen en riesgo la estabilidad institucional por sus diferencias políticas.
Debido a la decisión de la Junta de Coordinación Política de que sea mediante el método de votación secreta para decidir sobre la destitución del titular de la Fepade, senadores del PAN, PRD, Morena y PT tomaron la tribuna del Senado y orillaron a la suspensión de la discusión de la Ley de Ingresos para 2018.
La comparecencia de los subsecretarios Vanessa Rubio y Miguel Messmacher en las Comisiones Unidas de Hacienda y Estudios Legislativos estaba programada para las 5 de la tarde de ayer, sin embargo, los legisladores opositores no se presentaron por lo que no se pudo declarar quórum y algunos advirtieron que no se continuaría el análisis hasta que se resolviera la situación de la votación para determinar el futuro de Santiago Nieto.
A unos días de que arrancó formalmente el proceso electoral 2017-2018, diversas organizaciones de la sociedad civil alertan sobre el riesgo que representa la ausencia de titulares en instituciones sensibles cuyo funcionamiento está seriamente comprometido, e incluso advierten que la propia vida democrática de México está en juego.
Aunque las instituciones están por encima de los funcionarios, todas, o al menos la mayoría de las designaciones se han visto retrasadas por meras motivaciones políticas, lo que ha contaminado el proceso.
La renuncia de Raúl Cervantes Andrade como titular de la PGR -tercer procurador en el sexenio- no hizo más que aumentar la incertidumbre. Su salida, en sus propias palabras, habría sido para destrabar los acuerdos para el nombramiento del Fiscal General.
La eliminación del pase automático, exigencia de la sociedad civil que se convirtió en un instrumento político para los integrantes del Frente Ciudadano por México también está pendiente de dictaminar, aunque a la discusión habrá que sumar también el diseño de la propia fiscalía y el modelo de transición, que sigue siendo una incógnita.
El presidente Enrique Peña Nieto ha dicho que no hay condiciones adecuadas para nombrar en el corto plazo a un Fiscal Anticorrupción, por lo que la designación podría darse hasta después de las elecciones federales.
Andrés Manuel López Obrador, aspirante de Morena a la Presidencia de la República también ha señalado la conveniencia de esperar a los resultados de los comicios para nombrar al Fiscal transexenal.
Los comicios están marcando el ritmo de la agenda del país, dejando en un segundo término el fortalecimiento de las instituciones, la legitimidad de quienes las encabezan y su supuesta autonomía.
Larga lista de pendientes
La coyuntura político-electoral sumada a la dinámica instalada en el Poder Legislativo son un obstáculo que dificultan cualquier negociación que permita avanzar en una larga lista de pendientes de necesaria resolución
En cuanto al Fiscal Anticorrupción pasaron ya más de dos años desde que se aprobó en el Senado el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) sin que los legisladores puedan lograr un consenso para su nombramiento.
En julio de este año, entró en vigor el SNA sin su titular y sin los magistrados anticorrupción, los principales responsables de estudiar y en su caso sancionar los presuntos delitos de corrupción en la administración pública.
Si en este momento, por ejemplo, saliera a la luz un caso grave de corrupción de un funcionario público, no hay magistrados especializados para sancionar esta acción.
Más recientemente, la destitución del titular de la Fepade, Santiago Nieto, por supuesta violación a los procesos judiciales -y cuyo futuro al frente de la dependencia está aún en entredicho- ha venido a sumar a la combinación de factores que ahondan la crisis institucional.
La coyuntura político-electoral sumada a la dinámica hoy instalada en el Poder Legislativo son un obstáculo que dificulta cualquier negociación que permita avanzar en una larga lista de pendientes de necesaria resolución.
El Congreso de la Unión está inmerso hoy en el caso de la remoción de Santiago Nieto de la Fepade, sin embargo tiene pendientes una larga lista de nombramientos y designaciones como los relacionados con el Sistema Nacional Anticorrupción y los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa
Están en proceso también el Fiscal General de la Nación, el Fiscal Anticorrupción, el nuevo gobernador de Banxico, además de los contralores del INAI, Cofeco e Ifetel.
También están pendientes los nombramientos de dos integrantes de la Comisión Reguladora de Energía y uno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos.
La principal preocupación es que las instituciones encargadas de la impartición de justicia se encuentran acéfalas, todo ello a menos de nueve meses de las elecciones y en medio de un grave problema de impunidad y corrupción.
Los demás nombramientos pendientes son también sumamente importantes para la estabilidad institucional del país y podrían tener graves repercusión en áreas fundamentales como la economía, la transparencia y las telecomunicaciones, por ejemplo.
Uno de los casos más emblemáticos es el relevo de Agustín Carstens en el Banco de México, que en noviembre dejará el cargo para asumir la dirección del Banco de Pagos Internacionales, en medio de un contexto económico adverso para el país.
Los responsables de los órganos de control interno de los organismos autónomos como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones se han venido postergando desde diciembre de 2016.
La principal preocupación es que las instituciones encargadas de la impartición de justicia se encuentran acéfalas a menos de nueve meses de las elecciones
Ataque a la democracia
El director de Comunicación de MCCI sostiene que sectores del Gobierno federal y de partidos políticos están arrodillando la procuración de justicia de México
El vacío institucional agravado con el cese de Santiago Nieto de la Fepade, sumado a la parálisis legislativa para agilizar los nombramientos pendientes del Sistema Nacional Anticorrupción es un ataque directo a la democracia y a las instituciones mexicanas, sostiene Darío Ramírez, director de Comunicación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
“El ataque directo es porque se llega ya a un nivel de cinismo en nuestras instituciones que dejan en ciernes la esperanza de tener un país democrático y con estado de derecho.
“No es casualidad, no es un acto de la naturaleza que no puede ser planeado o previsto, esto es con alevosía y ventaja en sectores del Gobierno federal y son sectores de partidos políticos los que están arrodillando la procuración de justicia de nuestro país”.
Darío Ramírez asegura que además hay un doble discurso sobre la conformación de las instituciones, ya que por un lado se trabaja en la elaboración de leyes y la creación de un andamiaje para que funcionen las instituciones, pero por el otro no se avanza en su verdadera implementación.
“Creamos instituciones que esperemos maduren y salvaguarden ciertos derechos de la población mexicana. Lo que estamos viendo es que somos muy buenos en el diseño institucional, pero tenemos una carencia evidente al llevarlos a la práctica.
“Hoy por hoy lo que vemos en el Congreso de la Unión es una falta de voluntad política para verdaderamente generar los cambios institucionales de los que estamos hablando”.
Darío Ramírez asegura que hay un doble discurso sobre la conformación de las instituciones, ya que por un lado se trabaja en la elaboración de leyes para que funcionen las instituciones, y por el otro no se avanza en su implementación
Es un problema sistémico
Otro problema de gravedad es la incertidumbre de qué pasará con la Procuraduría General una vez que comience a operar la Fiscalía General, asegura Max Kaiser
Para Max Kaiser, director de Anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), la combinación de factores sumado a la coyuntura político electoral es lo que convierte en grave el problema de la falta de rumbo en las instituciones de procuración de justicia en el país.
“Si fuera sólo un nombramiento el que falta no podríamos hablar de algo sistémico, pero estamos hablando de todo el aparato de procuración de justicia, persecución de corrupción y persecución de delitos electorales.
“La combinación es lo que hace el momento gravísimo. No tenemos un aparato de procuración de justicia, están las leyes, están las instituciones, pero no tenemos a los titulares, no tenemos a las cabezas de ninguno de los órganos importantes de este tema”.
Para el investigador del IMCO hay otro problema de igual gravedad que es la incertidumbre de qué pasará con la Procuraduría General una vez que comience a operar la Fiscalía General, un debate que ya no se puede postergar.
“No tenemos claro qué vamos a hacer con una institución tan compleja y con tantos problemas como la PGR, no tenemos una ley orgánica de la Fiscalía General, no tenemos una visión de qué pasaría en el momento en que tengamos ya una Fiscalía General, todavía no tenemos un modelo de transición”.
A pesar del complicado momento, Max Kaiser está convencido de que estos temas fundamentales ya no pueden pasar desapercibidos debido a la presión de la sociedad civil organizada, que ha tomado un papel relevante en cuanto a la participación en los grandes debates nacionales.
“Cada una de las malas acciones del gobierno tiene una respuesta sólida y concreta y en positivo casi siempre viene la reclamación, viene el señalamiento, pero también normalmente ponemos sobre la mesa lo que debería de suceder”.
“Si fuera sólo un nombramiento el que falta no podríamos hablar de algo sistémico, pero estamos hablando de todo el aparato de procuración de justicia, persecución de corrupción y persecución de delitos electorales”
Cargos pendientes
1 Procurador General de la República
2 Fiscal general de la república
3 Fiscal Anticorrupción
4 Fiscal Electoral
5 Magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa
6 Gobernador del Banco de México
6 Contralores del INAI, IFT y Cofece
7 Integrantes de la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos
