Diputados de Morena presentaron una iniciativa para revisar las cuentas del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) y transparentar quiénes fueron los beneficiados del rescate financiero de la década de los 90.
La iniciativa señala que los pagos a este Fondo se incrementaron un 350 por ciento en solo tres años, pues en el 2015 se erogaron 10 mil 950 millones de pesos y en el 2018 se pagaron 38 mil 168 millones de pesos.
La propuesta es modificar la Ley de Protección al Ahorro Bancario para obligar a que el Instituto de Protección al Ahorro Bancario transparente el destino de los recursos y procurar cobrar los créditos que se hayan pagado indebidamente.
“Esta iniciativa, de aprobarse, permitirá y establecerá como obligación del instituto la transparencia de los expedientes en que se sustentan el Fobaproa y el IPAB, además, establece la facultad a la Cámara de Diputados para en la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, se revisen los cálculos enviados por el IPAB a fin de que no se paguen adeudos de particulares y se inicien los procedimientos tendientes a la recuperación de aquellos créditos que no debieron pagarse”, establece la iniciativa presentada por Juan Carlos Loera de la Rosa.
La iniciativa del diputado Juan Carlos Loera busca que los documentos del Fobaproa sean puestos a disposición de todo público
En 1990, bajo la presidencia de Carlos Salinas de Gortari, fue creado el Fobaproa por el gobierno federal para constituir un fondo de contingencias económicas que ayudará al país a superar problemas extraordinarios.
En 1994, la crisis producida por el llamado “error de diciembre”, ya en el mandato de Ernesto Zedillo, trajo como consecuencia el incremento desmedido en las tasas de interés, lo que provocó que las deudas empresariales, familiares e individuales fueran impagables; miles de personas dejaron de pagar a los bancos. Las tasas de interés llegaron al 150 por ciento.
“Las personas tuvieron que devolver casas, vehículos. El Estado pagó los adeudos de los bancos, asumiendo las pérdidas y adeudos, sin transparentar el origen de los mismos ni explicar los motivos de los créditos que se estaban cubriendo; mucho menos se justificó el sentido social de la medida adoptada”, indica el documento.
Esta situación de insolvencia en los pagos fue calificada como un peligro para el país, por lo que el Gobierno federal decidió tomar el dinero del Fobaproa para absorber las deudas, capitalizar al sistema financiero y garantizar el dinero de los ahorradores.
En un inicio, señala la iniciativa, los pasivos del Fobaproa se calcularon en 552 mil millones de dólares.
“El Fobaproa se asumió como deuda pública a partir de 1999. Ese año se estimó que las obligaciones se pagarían en 30 años, pero un cálculo hecho por los economistas en 2006 pronosticó que serían 70 años, en el entendido de que el país tuviera un crecimiento económico anual de 4 por ciento anual.
“Pero el crecimiento promedio del PIB mexicano en la última década ha sido de tan sólo 2.3 por ciento; por ello el pronóstico de los economistas está desfasado y la deuda podría tardar en pagarse aproximadamente en los siguientes 80 años”, expone la iniciativa.
El problema, comenta Loera, es que muchos de estos créditos que fueron absorbidos por el gobierno tenían como origen las malas prácticas de los bancos, el otorgamiento desmedido de créditos o el autopréstamo de los bancos.
El Fobaproa se asumió como deuda pública a partir de 1999, en 2006 se calculó que la obligaciones se pagarían en 70 años
En ese momento, la cantidad de dinero del Fobaproa representaba el 40 por ciento del PIB en 1997, las dos terceras partes del Presupuesto de Egresos de 1998 y el doble de la deuda pública interna.
En 1998, cuando el Congreso aprobó la Ley del Ahorro Bancario, el monto de la deuda que absorbió el Gobierno federal era de 1 billón de pesos
En 1996, indica la iniciativa, se creó la Unidad Coordinadora para el Acuerdo Bancario Empresarial, a través de la que se dio el aval para el supuesto rescate bancario. Con este mecanismo se benefició a 54 empresas por un monto de 9 mil 700 millones de dólares.
“En ese momento se incluyen en el Fobaproa, adeudos que no tenían justificación jurídica ni económica, ya que solo se benefició a ciertos grupos empresariales, sin que se diera ningún sentido de rescate social”, expone el texto.
En opacidad
Loera de la Rosa argumenta en su iniciativa que el gran problema es que esta deuda que fue adquirida por el Gobierno federal sigue representando un problema para México, además de que se mantiene en total opacidad los nombres de quiénes fueron los beneficiarios de este rescate.
El monto destinado al pago de esta deuda ha ido en aumento en los últimos años. En el 2015, se otorgaron para ello 10 mil 950 millones de pesos; en 2016 fueron 20 mil 566 millones; en 2017, 35 mil 848 millones; y en 2018, 38 mil 168 millones de pesos. Esto representa un aumento del 350 por ciento en solo cuatro ejercicios fiscales.
“Siempre fueron ocultados los expedientes de los que derivan los pasivos del Fobaproa heredados al IPAB.
“Esta iniciativa tiene como fin aclarar la deuda histórica que existe al pueblo de México, ya que nunca se transparentaron los expedientes en los que se basan el pago de los adeudos para el saneamiento de la deuda pública contenida en el Fobaproa e IPAB”, expone.
De cumplirse el pronóstico de que la deuda del Fobaproa se pagará en 80 años, será hasta el año 2076 cuando se culmine con estos pagos.
Por ello es que el legislador propuso que se deberá poner a disposición de todo público toda la información y los documentos de operaciones y programas de apoyo a los ahorradores y deudores de la banca, para saber a quiénes beneficia la erogación de estos miles de millones de pesos al año.
