Quienes hayan sufrido violación a sus derechos por parte del Estado, no hay límite en la compensación y el proceso puede ser más corto
En su informe ‘En el Desamparo’, El Colegio de México señala que ‘el trabajo de la CEAV es ineficiente y quienes resultan afectadas son las víctimas’
La Comisión ha servido para solapar a los delincuentes y a esa bola de señores que, dicen, defienden los derechos humanos”
Es un hecho. El fracaso de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) la llevó a su propia extinción tal cual opera hoy.
La transformación de la CEAV, que se gesta en el Congreso, obedece a la operación ineficaz de la Comisión que no permite cumplir con el objetivo de atender a quienes han sido víctimas del crimen o de violaciones a derechos humanos.
Los tres comisionados que restan serán cesados y ahora se pretende que quede al frente un Comisionado Ejecutivo, propuesto desde el Ejecutivo y ratificado por el Senado, propuesta cuestionada desde la sociedad civil.
Organizaciones civiles y defensores de derechos humanos han insistido en que la CEAV se ha convertido en un elefante blanco, inoperante.
El cambio en la Comisión fue el primer tema que se acordó en la reforma a la Ley General De Víctimas, que se discute en el Senado de la República.
La CEAV tiene que cambiar para poder funcionar.
Desde la sociedad civil el reclamo es que el exceso de burocratismo ha provocado la parálisis de la Comisión.
El ejemplo más claro de la ineficacia de la CEAV se aprecia en el ejercicio del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI), donde radican los recursos destinados a auxiliar y reparar el daño a las víctimas.
A septiembre de este año, la CEAV solo había ejercido el 7 por ciento del Fondo para ayuda y
reparación del daño. De mil 575 millones de pesos, solo se han usado 111 para esos fines.
Es decir, en medio de la crisis de seguridad y derechos humanos que ha golpeado al país desde hace una década, la CEAV mantiene mil 464 millones de pesos, el 93 por ciento del patrimonio del Fondo, en el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi); el dinero crea intereses en lugar de entregarse a las víctimas.
De los 111 millones utilizados, 88.8 se han entregado por reparación del daño a víctimas de delincuencia o de violaciones de derechos humanos.
Los montos más cuantiosos se han entregado a personas que han sufrido violaciones a sus derechos humanos cometidas, principalmente, por fuerzas del orden.
Tortura, detenciones ilegales o abuso sexual por parte de alguna autoridad, son las conductas más comunes que han provocado que el Estado deba pagar una reparación del daño a los afectados.
Esta situación ha provocado la división en la sociedad civil que atiende a las víctimas, pues hay quienes consideran que el dinero debería destinarse exclusivamente a quienes son tocados por el crimen, mientras otros defienden que el Estado debe responsabilizarse también de sus propias fallas.
Inoperante, burocrática y lenta
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas comenzó a operar en enero del 2014 y desde el primer día, sobre ella fue depositada la esperanza de miles de personas que buscaban justicia.
Aunque el modelo legal era ambicioso y respondía a las peticiones de muchos organismos que habían acompañado a las víctimas, las expectativas fueron cumplidas solo en el papel.
Los problemas comenzaron a surgir en cuanto comenzó la operación del organismo. El burocratismo y la falta de sensibilidad de quienes formaban parte de la Comisión influyeron para que la CEAV se
convirtiera en una institución inoperante, que no cumplió con los objetivos que se tenían en la Ley.
Para Juan Carlos Gutiérrez, coordinador de IDHEAS Litigio Estratégico en Derechos Humanos, la CEAV se ha convertido en una institución insensible e ineficiente.
“Es ineficiente, burocrática, que ha desnaturalizado la Ley General de Víctimas y los derechos de las víctimas (…) Hay insensibilidad por parte de los comisionados, de las personas que trabajan ahí”, acusó.
Silvano Cantú, defensor de derechos humanos, sostuvo que la Ley General de Víctimas vigente naufragó presa de “las letras chiquitas, la operación”.
“En las interpretaciones y los sesgos políticos que ha habido de los casos que litiga la propia Comisión Ejecutiva, no se avanza en el reconocimiento del derecho que tienen las víctimas a la reparación.
“Se está oxidando el dinero, se está revictimizando a las víctimas, y los comisionados no han terminado de establecer criterios que realmente reflejen las demandas y las necesidades que las víctimas les exigen todos los días, y esto ha provocado un deterioro entre los comisionados y las víctimas. La interlocución está rota”, criticó Silvano Cantú, defensor de derechos humanos.
En su reciente informe “En el Desamparo”, el equipo de investigación de El Colegio de México coordinado por Sergio Aguayo, señala que “el trabajo de la CEAV es ineficiente y quienes resultan afectadas son las víctimas”.
El informe destaca que los procesos de atención en la Comisión son lentos e ineficientes, y ponen cargas innecesarias a las víctimas, que no saben el procedimiento que deben seguir, la ayuda a la que pueden acceder o el tiempo que les llevará ver resultados.
“En estos años, la CEAV ha operado, en el mejor de los casos, como ventanilla de atención a víctimas, cumpliendo un trabajo burocrático de reparaciones centradas en la indemnización individual, así como medidas de ayuda provisional, asistencia y atención, y ha dejado a un lado las grandes responsabilidades que le han sido asignadas”, expone el documento.
Esto ha traído no solo las críticas de amplios sectores sociales, sino la pérdida de credibilidad de la institución entre la ciudadanía y entre las propias víctimas.
Isabel Miranda de Wallace, presidenta de Alto al Secuestro, lanzó uno de los cuestionamientos más fuertes contra la CEAV.
“La Comisión ha servido para solapar a los delincuentes y a esa bola de señores que, dicen, defienden los derechos humanos”, acusó.
El señalamiento viene a partir de la forma en que se han distribuido los recursos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, manejado por la CEAV.
Aunque se ha ejercido un pequeño porcentaje de ese Fondo, la mayor parte de los recursos destinados a reparación del daño se han entregado a personas que fueron señaladas por haber cometido un delito, pero que sufrieron alguna violación a sus derechos humanos.
Pero, ¿realmente se está compensando a delincuentes?
Polémica por desagravio
Hay dos formas de tener acceso a los recursos del FAARI. Se puede obtener una compensación económica siempre y cuando haya una resolución en firme por parte de una autoridad judicial o de un organismo público de derechos humanos.
En el artículo 12 de los Lineamientos para el Funcionamiento del FAARI, creados y aprobados por la propia CEAV, se establece que el tope que puede recibir una víctima de un delito federal “será de hasta 500 veces el salario mínimo mensual vigente en el país”. Es decir, lo máximo que puede recibir alguien que ha sufrido por un crimen, es alrededor de 1 millón 95 mil pesos.
En cambio, señala el artículo 13, “la compensación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos cometidas por autoridades federales será en los términos y montos que determine la resolución que emita” un órgano jurisdiccional nacional; uno internacional –reconocido por los tratados internacionales-; un organismo público de protección a los derechos humanos; o uno internacional de derechos humanos, reconocido por México.
Es decir, en el caso de quienes hayan sufrido violación a sus derechos por parte del Estado, no hay límite en la compensación y el proceso puede ser más corto.
Juan Carlos Gutiérrez, coordinador de IDHEAS Litigio Estratégico en Derechos Humanos, señaló que la desigualdad debe modificarse, para que no haya distinción entre las víctimas y se establezca un piso parejo para la reparación de los daños.
“Las víctimas son víctimas donde sea (…); todo lo que sea inequitativo para las víctimas, sean del delito o de violaciones a derechos humanos, tiene que ser revisado. La insistencia es que no puede haber una diferenciación en el tipo de víctima, ni para bien ni para mal.
“Todas aquellas personas que demuestren que han sido víctimas de una conducta que haya afectado sus derechos, el Estado está obligado a atenderlos sin que se categorice qué tipo de víctima es”, expuso Gutiérrez.
Esta desigualdad ha provocado que haya quien afirme que la legislación de víctimas beneficia solamente a delincuentes y deja desprotegidas a las verdaderas víctimas.
Isabel Miranda de Wallace, de Alto al Secuestro, ha propuesto sacar el tema de violaciones a los derechos humanos de la Ley General de Víctimas, y que la CEAV se convierta solo en un organismo que atienda solo a afectados por el delito, dejando fuera a los afectados por faltas del Estado.
“Ahora parece que los que defienden derechos humanos de los delincuentes o de los procesados, parece que son a rajatabla y no es así; los derechos humanos también tienen límites (…). (En
Francia, por ejemplo) con la época del terrorismo, los derechos humanos quedaron restringidos: se metieron a casas, hicieron cateos, intervinieron teléfonos, ¿por qué? Pues porque la gente tiene que entender que la prioridad es el bien común, no el de un delincuente.
“Entonces cuando a mí me hablan de los derechos de los imputados, perdón, reacciono de una manera con más volumen, porque yo les pregunto a esos delincuentes y a esos defensores de derechos humanos de estos procesados: ¿y dónde estaban ellos cuando mutilaron a una víctima de secuestro, cuando violaron a las mujeres que secuestran, cuando torturaron y mataron a cantidad de personas?”, dijo Miranda en un foro sobre secuestro y extorsión, la semana pasada.
La activista, incluso, acusó de “hipócritas” a los defensores de derechos humanos por defender a personas que han sido señaladas por tener vínculos con la delincuencia.
En marzo pasado, Miranda de Wallace acusó que algunas organizaciones –en específico la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH)- piden comisiones a las personas que reciben indemnizaciones por la reparación del daño, por lo que lucran con los recursos del FAARI.
La CMDPDH, fundada por la reconocida activista Marieclaire Acosta, negó las acusaciones y advirtió mala fe en los señalamientos.
“(Sus declaraciones) parecen tener como finalidad última desacreditar la labor de las organizaciones de defensa de derechos humanos, sean de índole nacional o internacional, en un contexto sumamente complejo de negación del diagnóstico por diversas autoridades”, señaló la Comisión en una misiva.
Otra ala de activistas, han defendido que el Estado debe hacerse responsable de las violaciones a derechos humanos cometidas por sus agentes.
Silvano Cantú, defensor de derechos humanos, sostiene que debe aplicarse un principio de igualdad a todas las víctimas, pues no considerar como tales a quienes han sufrido una violación a sus derechos humanos, sería una omisión del Estado para decir que la violencia solo es responsabilidad de los particulares.
“Decir que los derechos humanos solo sirven para proteger delincuentes es un prejuicio viejo, desgastado, que además es inconstitucional y no cabe en una democracia. Lo que debe garantizar una ley que sí funcione, es la protección de todo tipo de víctimas.
“Lo que Isabel Miranda ha intentado colocar en la agenda pública es que la Ley de antemano tiene ese sesgo (de proteger solo a una parte de las víctimas). Pero a mí me parece que ese no es el espíritu democrático, incluyente y garantista de la Ley General”, advirtió Cantú.
Para el activista, la solución es que todas las víctimas sean tratadas (y compensadas) bajo un mismo principio, pues la desigualdad que existe da la idea de que solo se atiende a un sector de las víctimas, mientras que el otro queda desprotegido.
Esto, consideró Cantú, impacta en la opinión pública y distorsiona la intención de construir una sociedad de derechos para todos, sobre todo en un país con un sistema de justicia tan endeble.
