Abuso, las cifras del rezago

Sara ya no sabe cuál es el sentimiento que embarga su cuerpo, si el amor que siente por su pareja o el miedo que le impone. Ella acaba de cumplir 13 y él tiene 25. Quería estar con él y lo dice a las autoridades, pero recuerda cómo cada noche la violaba, por eso fue con las autoridades.

En medio de la violencia se produjo su actual embarazo. Supo desde el primer momento que no quería tener a ese bebé. Por eso, de acuerdo con el Código Penal, decidió que se haría una interrupción legal.

Buscando justicia para ya no ser violentada por su pareja llegó la violencia psicológica de la burocracia de Salud.

Los funcionarios de la Secretaría de Salud Jalisco argumentaban que la niña había declarado que quería estar con su violador que le doblaba la edad.

Finalmente logró su proceso, pero el dolor y la violencia psicológica tras su violación pasaron a segundo plano.

“Ese es el chiste, que le duela para saber que está haciendo efecto”, le contestan los funcionarios que le administran el procedimiento. Sara pudo interrumpir su embarazo por violación, tras un largo camino de revictimización.

Los funcionarios alegaron una lección, aún a costa de contravenir la Norma Oficial Mexicana (NOM) 046 sobre la prestación de servicios de salud para casos de violencia familiar, sexual y contra mujeres que otorga criterios para la prevención y atención; la ley de víctimas y lo estipulado en la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo Adolescente (ENAPEA).

Denuncias sin avance

La violencia inherente de un embarazo producto de la violación no es el único problema. El andamiaje institucional que deben atravesar las víctimas hace que sean cada vez más victimizadas.

El panorama desalentador para las víctimas también se reflejó en el Diagnóstico de Necesidades de Capacitación del Funcionariado Público, que elaboró el Instituto Jalisciense de las Mujeres (IJM) y que señala: “en la mayoría del personal que labora en la procuración de justicia se identifica poca sensibilidad y casi nula perspectiva de género en su actuar”.

De acuerdo a datos del Programa Estatal para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en el estado de Jalisco, se reconoce que sólo el 3.9 por ciento de las víctimas agredidas por su pareja lo denuncian ante las autoridades de procuración de justicia.

“Aún cuando el número de mujeres que decide iniciar una acción legal en contra de su agresor es muy bajo, la cantidad de denuncias que prospera hasta lograr algún tipo de sanción se reduce sensiblemente”, señala el mismo documento oficial.

De las 491 denuncias por violación que trajeron consigo un embarazo, y 2 mil 344 por abuso sexual infantil, que abrieron una carpeta de investigación en la Fiscalía General del Estado en 2016, sólo se tuvieron sentencias condenatorias para 53 y 86 casos, respectivamente.

Las cifras demuestran un rezago en el acceso a la justicia que pueden tener las víctimas de violación, ya que en muchos de los casos en Jalisco se pide que antes de poder acceder a la interrupción legal se debe interponer la denuncia.

Esta información fue solicitada por Reporte Indigo durante el mes de noviembre, obteniendo una respuesta sobre cifras al corte de octubre de 2016, solicitando nuevamente la información en este año par actualizar los datos.

Esto permitió corroborar que entre el mes de octubre y diciembre de 2016 el contraste entre los casos de abuso contra mujeres violadas y con embarazo, respecto a las sentencias condenatorias, abre una enorme brecha.

Mientras las víctimas de violación y abuso sexual infantil incrementó 533 casos individuales, el número de sentencias condenatorias apenas y fueron siete, sólo en el caso del abuso sexual infantil. Además de que en ese mismo periodo las sentencias absolutorias fueron 5, dos en violación y tres en abuso infantil.

Expuestas y vulnerables

Las sentencias en el proceso de procuración de justicia son importantes, pues en la búsqueda de evitar los embarazos por violación o abuso infantil, las víctimas deben someterse a un proceso penal que las pone en peligro, en caso de que sus agresores no sean castigados.

Toda vez que los principales agresores resultan ser personas cercanas al entorno familiar y laboral, sin contar con que algunos agresores sexuales que quedan impunes tienen cercanía con el crimen organizado, lo que pone en un nivel de extrema vulnerabilidad a la víctima.

Pero el grueso de los procesos de procuración de justicia están cargados de una violencia simbólica que desincentiva las denuncias, y pone en vulnerabilidad a las víctimas.

Así también lo reconoce el diagnóstico del IJM al remarcar que “la experiencia en la mayoría de las ocasiones está lejos de ser amable, positiva y diligente para con las y los ciudadanos”.

En el programa estatal se reconoce que las autoridades no han querido hacer declaraciones respecto al sometimiento de una nueva violencia para las víctimas desde las instituciones.

El argumento es que no existe información suficiente sobre denuncias por violencia institucional a raíz de la negación de servicios médicos, jurídicos o sociales.

“El desconocimiento de la ley y las implicaciones que tiene está ampliamente extendido entre funcionarios de las distintas instituciones y escasamente se han puesto en marcha programas para prevenir, atender y sancionar la violencia en sus ámbitos de actuación”, se lee en el Programa Estatal.

Así queda en evidencia que no sólo para el acceso a la interrupción legal del embarazo es que las mujeres quedan vulneradas frente a las autoridades, sino también en los procesos penales que las mismas autoridades les obligan y cuyos andamiajes burocráticos dejan impunes.

Castigos a cuentagotas

Las cifras oficiales del 2016 reflejan la enorme brecha entre los casos denunciados de violencia sexual y las sentencias condenatorias:

>> 533

Casos individuales incrementó el número de víctimas de violación y abuso sexual infantil

>> 7

Sentencias condenatorias en casos de abuso sexual infantil en ese periodo

>> 5

Sentencias absolutorias, dos en violación y tres en abuso infantil