Aunque no se puede afirmar todavía que México ya cuenta con una Ley de Telecomunicaciones, el camino está más que asfaltado para lograrlo.
Si bien ambas cámaras, Diputados y Senadores, aprobaron con modificaciones la iniciativa presentada por el presidente Enrique Peña Nieto, aún falta la aprobación de 16 estados de la República.
En la actualidad, y tomando en cuenta que se registrarán elecciones en muchos estados y municipios del país para julio próximo, 21 estados son gobernados por el PRI, cuatro por el PAN, cuatro por el PRD y tres más por la coalición de estas dos últimas fuerzas políticas.
De ahí que el aval de la reforma en las entidades del país, a juicio de Jorge Fernández Negrete, director de Mediatelecom Policy & Law, es prácticamente una realidad.
Por lo pronto, explica, el Congreso de la Unión tendrá un plazo máximo de 180 días para redactar y aprobar un solo ordenamiento legal convergente de radiodifusión y telecomunicaciones.
Si la discusión y el debate fueron intensos durante la reforma constitucional, expone, lo será aún más durante la elaboración de la legislación secundaria.
A diferencia de la iniciativa de reforma constitucional, que requería de la aprobación de las dos terceras partes de la cámara en cuestión, para la ley reglamentaria sólo hará falta tener mayoría legislativa.
De 128 senadores, el PRI tiene 54, y de 500 diputados, el tricolor suma 213. El número de legisladores de otros partidos que tendría que sumar el PRI es menor que cuando se discutió la reforma constitucional, explica el especialista.
Fernández Negrete auguró que a finales de 2013 habrá ley convergente.
“Si los astros se alinean como hasta ahora ha ocurrido al procesar positivamente una reforma al marco jurídico de la radiodifusión y las telecomunicaciones”.
Y a partir de 2014 el presidente Enrique Peña Nieto podrá liderar el sector de las telecomunicaciones con las nuevas reglas del juego.
Es decir, explica, una legislación, un Instituto Fedral de Telecomunicaciones y una Cofeco con nuevos comisionados. Un organismo público de radiodifusión, tipos penales para castigar prácticas monopólicas, concesiones únicas, reglas de multiprogramación, inversión extranjera y declaración de agentes económicos preponderantes en el sector.
También, dice, se contará con una red local del operador dominante, políticas públicas de inclusión digital universal, convocatoria para licitación de nuevas frecuencias de televisión abierta y el inicio de la instalación de una red pública compartida de telecomunicaciones en la banda de 700 MHz.
La cereza del pastel
Fernández Negrete considera que la banda de 700 MHz constituye el bloque más importante y “apetitoso” del espectro para servicios avanzados de banda ancha móvil y que ahora se pretende colocar en manos de empresas públicas.
La Cofetel, en el documento “El espectro radioeléctrico en México. Estudio y acciones”, señala que la banda de 700 MHz “daría oportunidad a los operadores establecidos de ampliar la capacidad de sus redes”.
Con ello, se permitiría la provisión de servicios de telecomunicaciones de banda ancha sin afectar el desempeño actual de sus redes, agrega el documento de la CFE.
En la consulta pública realizada por la Cofetel en noviembre de 2010, fue unánime el interés de los operadores por participar en la licitación de la banda de 700 MHz.
La banda 700 MHz y sus bondades
La banda de 700 MHz es producto del llamado dividendo digital.
Idónea para servicios de banda ancha móvil porque transporta datos a alta velocidad y capacidad, y es una de las principales bandas para servicios avanzados de cuarta generación.
Por su ubicación baja entre las frecuencias del espectro radioeléctrico, permite una amplia cobertura, sobre todo en zonas rurales, lo que favorece el cumplimiento de objetivos sociales de inclusión digital.
En espacios urbanos penetra en la estructura de los inmuebles y por sus características, detalla Negrete, asegura economías de escala que benefician tanto a operadores como usuarios.
La armonización de la banda de 700 MHz, a través del esquema de canalización de la comunidad Asia-Pacífico (APT), permitiría abaratar el costo de terminales como smartphones y tablets.
“Todas estas ventajas se traducirían en más y mejores servicios para más personas, a precios más accesibles”, resume.