“Si en realidad existiera voluntad política de hacer cambios sustanciales se logran hacer”
Desde la emisión de la Alerta de Violencia contra las Mujeres en Jalisco las autoridades locales tenían conocimiento de la falta de sensibilidad y perspectiva de género en la mayoría del personal de procuración de justicia.
A un año del mecanismo local, la capacitación ha sido uno de los mayores retos, con deficiencias en sus mecanismos, espacios, entendimiento entre teoría y práctica, así como el rezago para que el grueso de la burocracia gubernamental tenga los elementos para poder atender los procesos derivados de la alerta.
Tras una serie de capacitaciones presumidas por las autoridades, parece que este rubro sigue estancándose pese la relevancia.
“La que va más atrasada es la mesa del programa de Formación y de Capacitación. Se nos ha atrasado un poco porque hay muchas académicas, muchas personas que participan, y los debates se vuelven interminables en lo que hay que incorporar o no”, admitió Erika Loyo Beristáin, titular del Instituto Jalisciense de las Mujeres, en octubre pasado.
Luego de un largo periodo en donde se presume un trabajo integral de acuerdo a la alerta, el nuevo documento oficial, titulado “Diagnóstico sobre Necesidades de Capacitación, Profesionalización y Especialización para el Funcionariado Público que brinda atención a mujeres receptoras de violencia en la administración pública estatal y municipal”, publicado a finales de diciembre pasado, reconoce:
“En la mayoría del personal que labora en la procuración de justicia se identifica poca sensibilidad y casi nula perspectiva de género en su actuar. En consecuencia, se propuso la realización en primer término de un diagnóstico (…) para el personal de atención, procuración e impartición de justicia”.
Sin perfil de atención
Algunas de las deficiencias encontradas eran respecto al persistente desconocimiento de un mandato institucional en las propias dependencias, así como un marco legal.
Se observó una ausencia referencial respecto del Programa Estatal de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, documento clave en el trabajo institucional.
Lo que se dificultaba respecto del déficit del personal de las áreas de atención especializada en las dependencias, es decir, una importante falta de personas encargadas del trabajo social, psicología, asistencia jurídica y reeducación. Pero un déficit no sólo por el número de personal, sino también por el perfil de profesionalización.
Además de que los procesos de atención se han estancado en la burocratización de la Alerta, pues el documento refiere que la información que se produce sobre las mujeres atendidas sólo se remiten a la sistematización de registros administrativos, que sirven para fines estadísticos o de informes a otras instancias.
Violencia oficial
El reporte reconoce que no se documentan las experiencias y contextos de violencia de género que viven las mujeres que se acercan a las dependencias de procuración de justicia.
El diagnóstico documenta que hay funcionarios que generan violencia para las víctimas, particularmente los policías.
Y se reconoce que en algunas dependencias se ha enviado a capacitación a personal que no está inmerso en el proceso de justicia para las mujeres.
“No hay criterios de selección del personal operativo que se envía a que participe en las capacitaciones disponibles. Las razones que atribuyen a las instancias es que sólo pueden enviar a personal de base y no pueden incluir en las mismas a personal por honorarios”, señala el documento oficial.
Gobierno sin voluntad
El tema de la capacitación es neurálgico para los contextos de políticas públicas respecto de la atención de violencia contra las mujeres, sin embargo Guadalupe Ramos, Ponce, académica y experta en temas de violencia contra las mujeres, reconoce que existen deficiencias en las capacitaciones por la falta de contenido.
“Inmediatamente comienzan a capacitar, pero sus capacitaciones son patito.
“No hay contenido y no hay medición de la capacitación, no hay indicadores de medición y de impacto de tal forma que tú puedas medir que esa capacitación se dio como resultado a algo y lo transformó”, explicó Ramos Ponce.
Un punto importante para entender el contexto de la fallida Alerta local ha sido la falta de voluntad por parte de las autoridades, como en semanas recientes ha apuntado Guadalupe Ramos.
Considera que los cambios sustanciales podrían hacerse si así lo quisieran los principales involucrados en el poder Ejecutivo.
“Lo que hace falta en todo esto es voluntad política, si en realidad existiera voluntad política de hacer cambios sustanciales se logran hacer, aquí es lo que ha faltado (…) han personalizado las problemáticas, no se han comunicado de manera adecuada entre gobiernos”.
Ramos lanza una pregunta que pone en evidencia la falta de interés por un tema que hace un año se proponía ser la bandera del Gobierno estatal.
“Yo quisiera saber cuántas reuniones ha habido entre presidentes municipales y el gobernador del estado, es decir, los principales ejecutores que tiene el poder de decisión en el estado y los municipios para tratar el tema de la Alerta de una manera seria. Esto lo han tratado de ver como un exhorto de mujeres y que lo trate el Instituto de las Mujeres. No es un asunto para que trate lo trate el instituto, es un asunto de Estado”, reprochó Ramos Ponce.
