La crisis de violencia e inseguridad que vive México creció desde 2006, cuando el ex presidente Felipe Calderón declaró la guerra contra el narcotráfico. Sin embargo, 12 años después, y a pesar de que hubo alternancia de partido en el Ejecutivo, la situación no ha mejorado, informó la Comisión Internacional de Derechos Humanos.
Problemas como la inseguridad ciudadana y la militarización; las desapariciones forzadas, la tortura, el acceso a la justicia y la impunidad, así como el ejercicio de libertad de expresión, son los principales temas que la CIDH identificó como los problemas más graves que enfrenta México en relación con los derechos humanos.
De acuerdo con el Informe de País, el costo que han pagado los mexicanos ante la falta de medidas que garanticen sus derechos humanos se ve reflejado en las más de 27 mil desapariciones reconocidas por el Estado, las más de dos mil investigaciones de casos de tortura y un contexto que ha provocado el desplazamiento de miles de personas en el país.
Además, la Comisión asegura que las medidas implementadas para revertir la violencia y la inseguridad, como lo ha sido la incursión de las Fuerzas Armadas -incluyendo una política de confrontación contra el crimen organizado y el despliegue de operativos conjuntos entre las fuerzas armadas y las instituciones de seguridad estatales y municipales-, lo único que han provocado es que la violencia, de por sí grave, aumente aún más.
En su último informe, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también recordó y dio especial énfasis, al caso de los 43 estudiantes de la escuela rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, quienes desaparecieron a manos de cuerpos de seguridad y del crimen organizado en Guerrero entre el 26 y 27 de septiembre de 2014.
También recordaron la difícil situación que actualmente viven mujeres, niños, migrantes, defensores de derechos humanos y periodistas, quienes son víctimas de asesinatos, desapariciones, secuestros, tortura, amenazas y hostigamientos, motivo por el cual la CIDH enfatizó que el país sigue siendo considerado una de las naciones más peligrosas del mundo para ejercer el periodismo, exceptuando aquellos que están en guerra.
En relación a los elevados niveles de impunidad y corrupción que persisten en México, junto con una insuficiente e inadecuada política de atención a víctimas y de acceso a la justicia, la Comisión señaló que estas problemáticas han creado una situación de impunidad de carácter estructural que tiene el efecto de perpetuar y, en ciertos casos, de impulsar la repetición de las graves violaciones a los derechos humanos.
“Las amenazas, hostigamientos, asesinatos y desapariciones de personas que buscan verdad y justicia han generado un amedrentamiento en la sociedad mexicana, y las barreras en el acceso a la justicia y la inoperancia en muchos casos con la impunidad resultante, han debilitado el Estado de Derecho y constituyen desafíos urgentes”, indica el informe.
Por último, el informe valoró las medidas que el Estado ha tomado para hacer frente a lo señalado por la CIDH, y reconoció las importantes reformas en materia constitucional y legislativa que se han llevado a cabo a partir de 2011, incluyendo la reforma constitucional y los protocolos recientemente aprobados para la investigación de casos de tortura y desaparición forzada.
Sin embargo, la Comisión constató una profunda brecha entre el andamiaje legislativo y judicial y la realidad cotidiana que viven millones de personas en el país, con relación al acceso a la justicia, la prevención del delito, y otras iniciativas gubernamentales.