"No deben nombrarte un abogado o hacerte pruebas para saber si necesitas un tutor, un abogado especial o nada por el estilo”
Una resolución que se votará hoy en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podría determinar si cualquier ciudadano tiene derecho o no a decidir su propia representación jurídica.
Un grupo de 138 personas con discapacidad –intelectual, en su mayoría– presentaron en junio del 2015 un recurso de queja contra el artículo 8 de la Ley de Amparo, donde se establece que el Estado debe asignarles un representante legal.
Este miércoles, la Segunda Sala de la SCJN votará el recurso con número 57/2016, en el que se pretende que se deban aplicar exámenes médicos y psicológicos para decidir si una persona con discapacidad intelectual está en condiciones de nombrar a sus propios representantes o el Estado debe decidir por ellos.
A decir de los quejosos, el proyecto de resolución que estuvo a cargo del ministro Eduardo Medina Mora, representa un retroceso en los derechos de las personas con discapacidad intelectual y psicosocial, pues no se les permite ejercer su derecho de acceso a la justicia al tener que practicárseles pruebas que cualquier otra persona no requeriría.
Su principal queja es que no son tomados en cuenta, aun cuando la decisión del camino a seguir debería estar en sus manos, como las de cualquier ciudadano en el país.
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece que todas las personas gozan de los mismos derechos que los demás y debe tratárseles con igualdad, sin discriminación.
‘Nada de nosotros, sin nosotros’
Varias organizaciones se unieron en la defensa de este grupo de personas, pues la decisión de la SCJN tendrá repercusiones para todas las personas con discapacidad en el país.
Juntos, lanzaron la campaña #NadaDeNosotrosSinNosotros, con la que buscan concientizar que todos los ciudadanos debemos tener los mismos derechos, independientemente si se tiene o no una discapacidad.
“La discapacidad no es una enfermedad, sino una condición de vida; por lo tanto, no deben nombrarte un abogado o hacerte pruebas para saber si necesitas un tutor, un abogado especial o nada por el estilo”, afirmó Ricardo Coronel, uno de los demandantes.
Coronel padece síndrome de Asperger y trabaja como auxiliar de la biblioteca y almacén en el Museo Soumaya.
Para Guadalupe Barrena, directora de la Clínica de Derechos Humanos de la UNAM y una de las acompañantes en el proceso, el que se deban aplicar pruebas a las personas con discapacidad es lesivo para su dignidad y dificulta más su acceso a la justicia.
“El efecto de lo que está proponiendo Medina Mora es terrible, porque si ya de por sí las personas con discapacidad intelectual están muy aisladas del entorno, ahora van a tener que hacerles exámenes si se animan a poner una demanda.
“Si usted y yo hiciéramos lo mismo, de poner una demanda, nosotros podemos nombrar a nuestro abogado y nunca tendríamos que ir al juicio a nada, en general. Ellos, por tener una discapacidad, deben pasar un paso extra antes de que los escuche el juez; es tremendo para ellos, tendrán más obstáculos para acceder a la justicia que los demás ciudadanos”, criticó Barrena.
De aprobarse por la Segunda Sala de la SCJN, la interpretación de la ley deberá ser aplicada por todos los jueces federales del país y sería aplicable a todas las personas con alguna discapacidad intelectual o psicosocial.
