‘Welcome to USA’

Estados Unidos históricamente se ha convertido en el destino de los capos mexicanos del narcotráfico.

Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, detenido el viernes por la Marina en Los Mochis, parece que correrá con la misma suerte que algunos de los principales cabecillas de los cárteles mexicanos de la droga.

Las autoridades federales iniciaron este fin de semana el proceso para extraditar a “El Chapo” a una prisión norteamericana.

La extradición se ha arraigado en México principalmente cuando se trata de casos de líderes de las organizaciones criminales que se dedican al trasiego de la droga.

México concede el 69 por ciento de las solicitudes de extradiciones que recibe de los Estados Unidos, de acuerdo con las estadísticas de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). De acuerdo con una solicitud de información que considera los procedimientos internacionales efectuados de 2010 a 2014, de 699 procesos que se iniciaron, únicamente en 12 casos se negó la petición.

Del total, 474 casos se concedieron, 12 se rechazaron y las 213 restantes no se pudieron efectuar debido “a que en el procedimiento de extradición internacional intervienen diversas circunstancias para su culminación, como es la localización del fugitivo, su aprehensión, los medios de impugnación que haga valer, etc”.

En este último estatus también se consideran los casos en que la extradición está en trámite. 

Es decir, el gobierno no ha rechazado la petición, pero tampoco la ha resuelto.

De 2010 a la fecha México extraditó a Estados Unidos a cabecillas y otros integrantes acusados por narcotráfico como Sandra Ávila Beltrán, “La Reina del Pacífico”; Vicente Zambada Niebla, “El Vicentillo”; “Édgar Valdés Villarreal, “La Barbie”; Alfredo Beltrán Leyva, “El Mochomo”; y Jorge Eduardo Costilla, “El Coss”.

De ellos, la mayoría espera su sentencia por parte de un juez estadounidense y destaca el caso de “El Vicentillo”, quien está cooperando con la autoridad estadounidense y se prevé que gracias a ello consiga una pena mínima de una década en la cárcel. Sandra Ávila Beltrán alcanzó su libertad el año pasado.

Las prisiones de Estados Unidos hoy son el refugio de grandes jefes de los cárteles de la droga mexicanos como Héctor “El Güero” Palma, Juan García Abrego, Osiel Cárdenas Guillén y Benjamín Arellano Félix, que han sido condenados por la justicia estadounidense.

Las autoridades norteamericanas echan a andar los conductos diplomáticos para exigir al gobierno mexicano que le entregue a los capos de la droga ubicados de este lado de la frontera. 

Un informe de la PGR indica que desde 1994 -fecha en que se tiene registro de las extradiciones- hasta octubre pasado, se han reportado mil 42 envíos de criminales para ser juzgados en cortes de Estados Unidos.

En esta cifra están también los jefes de la droga como Osiel Cárdenas, extraditado en 2007 y sentenciado a 25 años de prisión por una Corte de San Diego. Héctor “El Güero” Palma, narcotraficante cofundador junto con Joaquín “El Chapo” Guzmán de la organización de Sinaloa, ya está a unos días de cumplir su condena de 16 años luego de haber sido extraditado en 2007.

El narcotraficante Juan García Ábrego, ubicado como jefe del cártel del Golfo, fue extraditado en 1996 –por tener la nacionalidad estadounidense- y fue sentenciado a 11 cadenas perpetuas.

Las últimas extradiciones

En México, “La Barbie” -quien es ciudadano estadounidense- fue detenido el 30 de agosto de 2010 y enfrentaba delitos de delincuencia organizada, privación ilegal de la libertad, posesión de cartuchos de uso exclusivo, delitos contra la salud y homicidio calificado.

Junto con “La Barbie”, en un grupo de 13 delincuentes, fue enviado también Jorge Eduardo Costilla Sánchez “El Coss” para enfrentar a la justicia en la Unión Americana.

Alfredo Beltrán Leyva “El Mochomo” fue entregado en extradición a Estados Unidos luego de que el 22 de diciembre de 2012 fue ejecutada una orden de detención para estos fines y con ello fuera llevado, según lo informó la PGR el 17 de noviembre de 2014, ante una Corte Federal de Distrito en el Distrito de Columbia, Estados Unidos.

“El Mochomo” enfrentó cargos por asociación delictuosa y contra la salud.

El 26 de noviembre de 2013 la Secretaria de Relaciones Exteriores dictó el acuerdo mediante el cual concedió al gobierno de Estados Unidos de América la extradición de Alfredo Beltrán Leyva, quien recurrió a dicho acuerdo en juicio de amparo, el cual, tras una revisión penal del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, decidió confirmar la negativa de la protección de la Justicia Federal a Beltrán Leyva.

Sandra Ávila Beltrán tardó alrededor de cinco años en ser extraditada, luego de que en septiembre del 2007 fue detenida por fuerzas federales en un restaurante de la zona sur del Distrito Federal y se le procesó penalmente por lavado de dinero en la causa penal 101/2003, en el Juzgado 18 de Distrito de Procedimiento Penales Federales en el Distrito Federal, en el cual fue absuelta.

El 15 de febrero de 2011, el Juzgado Séptimo de Distrito de Procesos Penales Federales en Jalisco libró orden de aprehensión por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita a solicitud del Ministerio Público de la Federación en contra de “La Reina del Pacífico”, dando inicio a la causa penal 46/2011, el 23 de febrero de 2011 se cumplimentó a esta última orden.

En agosto del 2012, Sandra Ávila fue entregada por el gobierno mexicano a Estados Unidos en cumplimiento al acuerdo de extradición del 12 de junio del 2012 y fue juzgada el 25 de julio del 2013 por la Corte Federal para el Distrito Sur de Florida, que dictó sentencia condenándola a una prisión de 70 meses, tras declarársele culpable.

Como resultado de su extradición, en septiembre del 2012 se suspendió el procedimiento de Ávila Beltrán dentro de la causa penal 46/2011.

El 7 de agosto del 2013 un juez federal de Jalisco dictó orden de reaprehensión y el 20 de agosto del mismo año Ávila Beltrán fue repatriada a México y le fue cumplimentada la orden de reaprehensión para continuar con el proceso penal dentro de la causa 46/2011, y fue recluida en el Centro Federal de Readaptación Social en el estado de Nayarit.

El 5 de septiembre del 2014, Ávila Beltrán fue condenada a cinco años de prisión y mil días de multa por ser penalmente responsable en la comisión del delito de operaciones de procedencia ilícita.

Derivado del recurso de apelación interpuesto por Ávila Beltrán en contra de esta sentencia, el 6 de febrero de 2015 la magistrada del Segundo Tribunal Unitario del Tercer Circuito revocó la sentencia dictada por el Juez Séptimo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Jalisco, ordenando su inmediata libertad con el argumento de que Ávila Beltrán ya había sido juzgada por el mismo delito, en México y el extranjero, resolución que no admite recurso alguno, de acuerdo con lo publicado por la PGR.

Pelea ‘El Chapo’ extradición

La defensa legal de Joaquín “El Chapo” Guzmán se resiste a la justicia estadounidense.

El abogado de Guzmán, Juan Pablo Badillo, en declaraciones a la AP dijo que el equipo de la defensa presentó seis mociones para impugnar las solicitudes de extradición.

El abogado refirió que “El Chapo” Guzmán Loera no debe ser extraditado a Estados Unidos porque México debe respetar “la soberanía nacional” y la autoridad de sus instituciones de justicia.

La actual disposición del gobierno de México para extraditar a Guzmán representa un cambio radical en comparación a lo que ocurrió la última vez que fue capturado en 2014, cuando el entonces procurador general Jesús Murillo Karam dijo que la extradición solo podría ocurrir después de que el capo terminara su condena en México en “300 o 400 años”.

México comenzó el proceso para la extradición a Estados Unidos al capo del cártel de Sinaloa dos días después de que el fugitivo fue recapturado tras un operativo de las fuerzas de élite de la Armada de México del que fue detenido en su huida.

Acerca del proceso de extradición, el proceso probablemente tomará “un año o más”, consideró José Manuel Merino, director general de Procesos Internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR), área encargada de las extradiciones, en entrevista con Radio Fórmula.

El funcionario federal refirió que ha habido algunos procesos que tardan hasta seis años.

Una vez extraditado, se prevé que el capo sea enviado a alguna de las seis fiscalías federales de diversas ciudades del país, entre ellas Chicago, San Diego, Nueva York, New Hampshire, Miami y Texas, que tienen acusaciones formales contra Guzmán presentadas en ausencia.

En Chicago, Guzmán es señalado como el “Enemigo Público Número 1” y los fiscales afirman que la ciudad es un importante centro de operaciones del cártel de Sinaloa, dirigido por Guzmán Loera.

En México, son al menos dos órdenes de aprehensión con fines de extradición y las que la PGR ha dado a conocer desde que el capo escapó del Penal de Altiplano.

El gobierno de Estados Unidos realizó a través de los conductos diplomáticos la solicitud de extradición contra Joaquín Guzmán Loera, de acuerdo con el comunicado 331/15 de la Procuraduría General de la República (PGR), publicado el 30 de julio de 2015.

El 23 de septiembre la PGR indicó que a partir de una solicitud del gobierno de Texas se concedió una segunda orden de arresto con fines de extradición por asociación delictuosa, delincuencia organizada, delitos contra la salud, lavado de dinero y posesión de armas de fuego.

En tanto, ayer el portavoz del Departamento de Estado, John Kirby, subrayó la necesidad de que el capo de Sinaloa permanezca en una prisión.

“Podemos asumir que (las autoridades mexicanas) entienden que el mundo está mirando cómo avanza este caso, y que este individuo precisa permanecer tras las rejas”, señaló.

“(México) sabe qué debe hacer para asegurarse que este señor permanezca detenido. Nosotros queremos verlo tras las rejas”, dijo Kirby.

“Nuestra esperanza y nuestra expectativa es que Guzmán permanezca en la cárcel”, añadió.