Y se ‘derrumbó’ la Mesa

El alcalde Ugo Ruiz anunció la posibilidad de derribar excedentes de construcción en obras irregulares en San Pedro y de judicializar el proceso que fracasó en la Mesa de la Justicia de Desarrollo Urbano.

El munícipe advirtió ayer que las medidas legales serán para los edificios que no fueron avalados por el programa, pero también al resto de los inmuebles con anomalías que rechazaron inscribierse a este instrumento.

Hasta el momento, de los 11 desarrollos analizados por el cuerpo ciudadano, 3 han sido aprobados por el Cabildo sampetrino para su regularización con sus respectivas multas, luego de que violaron la normativa municipal.

“Son 8 los expedientes que quedan pendientes y cada uno tiene una variante distinta, así que si en algunos casos estamos hablando de procedimientos para derrumbar o proceder con excedentes, pues lo habremos de hacer”, mencionó Ruiz.

El Ayuntamiento de San Pedro estimó al principio 40 proyectos susceptibles a regularización, pero sólo una decena de peticiones planteadas por los desarrolladores ingresaron al programa.

Tras la sesión ordinaria de Cabildo, el edil dejó entrever que las sanciones y litigios contra las obras irregulares abarcarán tanto a los desarrollos inscritos en la Mesa de la Justicia, como al universo de edificios que han infringido la ley.

“Los que no están legales habrán de formar parte de los más de 400 juicios que ya tenemos iniciados y, si algunos más se habrán de sumar, serán entonces más los juicios que enfrentaremos.

“Los desarrollos que hayan entrado y que, por cuestiones jurídicas no puedan dar esos pasos para regularizarse, habremos de enfrentarlos conforme los reglamentos indican”.

Ruiz prevé que las negociaciones terminen en no más de dos semanas, pero no aclaró qué recursos específicos podría promover el Municipio de San Pedro, como juicios de lesividad para nulificar derechos adquiridos mediante permisos ilegales.

“No vamos a regularizar nada que no se pueda regularizar. En ese sentido, aquello que no quepa en lo jurídicamente permitido, pues habremos de iniciar los procesos para llegar a las últimas consecuencias”, se limitó a decir.

“Cada uno de los juicios tiene su avance, tiene su grado de reto individual, donde lo que buscamos es que prevalezca un orden y que prevalezca también una justicia”.

Reporte Indigo publicó ayer que la Mesa de la Justicia llegó a una encrucijada legal entre imponer un castigo ejemplar a los constructores que quebrantaron la ley, u optar por clausurar su trabajo sin cumplir con los resultados prometidos.

Hace seis meses, fueron presentados los dictámenes técnicos-legales de las obras irregulares que accedieron a ser evaluadas en el Programa Temporal Único para la Restauración de la Legalidad y el Orden en el Desarrollo Urbano de San Pedro.

El despacho González, Ramos, Benavides y Asociados, fue contratado por el Ayuntamiento sampetrino para elaborar los análisis de los 11 desarrollos, que fueron entregados desde el pasado 18 de febrero a la Mesa de la Justicia.

La abogada Rina Arely Ramos, quien encabeza la firma externa, dijo a Reporte Indigo que presentó sus conclusiones a la exdirectora jurídica de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, Rosa Aída del Bosque.

Durante la elaboración de los peritajes, el despacho acudió a la mayoría de los inmuebles y elaboró tablas comparativas de los proyectos con la normatividad vigente, donde se especificaban las anomalías.

Por su cuenta, la Secretaría de Desarrollo Sustentable prepara un análisis en el que establece qué inmuebles podrán regularizarse, y cuáles no, con el apoyo del despacho Quintero y Quintero Abogados.

Al estudio legal se sumó la Dirección Jurídica de la Secretaría del Ayuntamiento de San Pedro, encabezada por Bernardo Bichara.

Un dilema se presenta en esta fase, pues algunos resolutivos vienen en sentido negativo y la posibilidad de regularizar ciertos desarrollos se contrapone a lo establecido por el Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo.

El grupo que hace el análisis revisa los expedientes de las obras inscritas en el programa y se espera que próximamente dé a conocer en sus conclusiones si cumplen con los requisitos para su aprobación.

La Mesa de la Justicia concluirá después de un calvario burocrático e intensas negociaciones entre desarrolladores y autoridades.

El Alear, Helicón y Lucena, son los tres únicos inmuebles que han sido aprobados por el Cabildo sampetrino para su regularización, a cambio de que realicen obras públicas en beneficio de la sociedad por un monto total de 37 millones 480 mil 600 pesos.

En un inicio, Ruiz esperaba recaudar 125 millones de pesos en indemnizaciones, sin embargo, sólo con las multas a las edificaciones que pasaron por todas las etapas suman casi una tercera parte de la cifra estimada.

“(La negociación) está concluyendo. 

“Yo no creo que tardemos mucho ya en definir si algún otro expediente entra en el proceso, o si cerramos en definitiva la mesa”, dijo ayer Ruiz.