Tras destacar que por décadas ha alcanzado un grado de fortaleza institucional, el ministro presidente Arturo Zaldívar reconoció que el poder Judicial ha sido opacado por vicios y prácticas que lo debilitan ante la sociedad, lastimando su legitimidad.
“En estos años nos hemos anquilosado, ha aumentado la corrupción, y se ha arraigado un nocivo corporativismo judicial, lo que ha impedido un acceso efectivo a la justicia”.
Esto lo expresó en el marco de su primer informe de actividades al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, acto en el que el ministro señalo que el sistema de carrera judicial no ha sido eficaz para desterrar el nepotismo, a pesar de que la vocación por la judicatura se transmite en el seno familiar y que existen generaciones de jueces y magistrados intachables, esta práctica se recrudeció en años recientes.
“El nepotismo generalizado afecta negativamente el correcto desempeño de nuestras funciones e impide que los ascensos se obtengan en condiciones de igualdad, todo lo cual nos desacredita y deslegitima nuestra labor”.
Enfatizo que los cotos de corrupción, aunque aislados son lastimosos y dañan profundamente la impartición de justicia, mientras que la corrupción judicial genera desigualdad, impunidad y perpetúa el círculo vicioso del crimen y la violencia, la “Corrupción Judicial” es un flagelo que debilita a todas las instituciones públicas, porque erosiona la confianza en el sistema mismo.
“Un poder judicial percibido como corrupto pone en entredicho la capacidad misma del Estado para cumplir sus fines. Un poder judicial percibido como corrupto carece de la fuerza y legitimidad para desempeñar adecuadamente el rol equilibrador que constitucionalmente le corresponde”, añadió.
Además, destacó que el Poder Judicial de la Federación, es uno de los pilares fundamentales del sistema constitucional, para el adecuado funcionamiento del delicado engranaje republicano, es indispensable una rama judicial Fuerte, Autónoma, Independiente, y sobre todo que goce de la confianza social.
Grandes pendientes según Zaldívar
Como parte de su reporte anual, el ministro expresó que la SCJN no ha logrado construir con la ciudadanía una relación de confianza, por el cual la sociedad reconozca como suyos a los jueces federales y como valiosa la labor que desempeñan.
El ministro Zaldívar insistió en que seguirán trabajando para sacar de las filas de la SCJN a los servidores públicos corruptos, malos o mediocres
Ante los plenos de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, el ministro Zaldívar añadió que los juzgadores muchas veces son percibidos como miembros de una élite a la que protegen y preservan por lo que son vistos como personas que actúan sin tomar en cuenta la realidad social.
Agregó que se deben de desarticular las estructuras y la cultura del patrimonialismo judicial ya que no es posible juzgar desde una perspectiva del privilegio; para evolucionar con la sociedad a la que se le sirven se le debe rendir cuentas de su actuar.
“Queremos sacar de nuestras filas a los malos servidores públicos, a los corruptos por supuesto, pero también a los mediocres, a los que no están a la altura de la investidura que ostentan, así como a los que entienden esa investidura como privilegio y no como servicio”.
Muestra de ello, es la adopción de una política de “Cero Tolerancia”, ante un marcado aumento en las quejas recibidas, por lo que en 2019 se impusieron por parte del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), diversas sanciones por responsabilidades administrativas que van desde la inhabilitación hasta la destitución del cargo.
Dentro de los casos, hay 16 que tienen que ver con irregularidades patrimoniales, nombramientos que pretendieron encubrir posibles casos de Nepotismo o actuación tendiente a engañar a otras autoridades o a obtener beneficios de las partes en juicio.
Lo que llevó a la destitución de un Juez de Distrito por corrupción, tras haber actuado en contra de constancias, y haber incurrido en errores inexcusables en un caso de pederastia, (refiriéndose al Juez Anuar González Hemadi del Caso Porkis) así como las destituciones de dos Magistrados de Circuito por notoria ineptitud y graves irregularidades detectadas en sus declaraciones patrimoniales.
Tras implementar el “Programa Anual de Verificación de la Situación Patrimonial”, mediante el cual se da un seguimiento a la evolución patrimonial de los servidores del Poder Judicial, en materia de responsabilidad Penal.
