La presidenta argentina Cristina Fernández se encuentra cumpliendo un mes de reposo por su problema de salud, lo que pone en duda si dejará el ejercicio del poder en manos del vicepresidente

El senador oficialista Aníbal Fernández, quien actúa habitualmente de portavoz del gobierno, admitió que desconoce si la mandataria pedirá licencia en el cargo para delegar las funciones de gobierno en el vicepresidente Amado Boudou, uno de los políticos con peor imagen en las encuestas por estar investigado por supuesta corrupción y enriquecimiento ilícito. 

Un nuevo escenario político se abre en Argentina tras las primarias del domingo, previas a las elecciones legislativas de octubre, al haber retrocedido el apoyo al partido de Cristina Fernández de Kirchner y surgido un disidente peronista como posible aspirante a la presidencia en 2015.

La organización humanitaria Abuelas de Plaza de Mayo anunció ayer la restitución de la identidad de Pablo Germán Athanasiu Laschan, secuestrado junto a sus padres el 15 de abril de 1976 en Buenos Aires, cuando solo tenía cinco meses y medio. 

Esto lo convierte en el nieto 109 encontrado por dicho grupo, dedicado a buscar a los desaparecidos durante la dictadura militar argentina (1976-1983).

Yo en 2015 quiero ser jueza. ¿Para qué presidenta?”, afirmó Cristina Fernández días atrás al ironizar sobre una hipotética candidatura para un tercer mandato. 

“No pagas impuesto a las ganancias, nadie te conoce, viajas sin explicar nada, las ventajas son innumerables”.

No es común que un mandatario cuestione públicamente a algún juez, pero el comentario no sorprendió a nadie en Argentina, donde Fernández se ha enfrascado en una feroz batalla con el Poder Judicial y, en particular, con la Corte Suprema.

La Cámara de Diputados argentina convirtió ayer en ley parte de la polémica reforma del Poder Judicial que según la oposición vulnera la independencia de la justicia y garantiza la impunidad del gobierno.

Por su parte, la presidenta Fernández sostiene que la reforma busca transparentar el sistema de justicia y eliminar lo que a su entender son magistrados que protegen sus intereses o los de empresas y corporaciones en contra del Estado.