Emilio Botín, presidente del banco Santander, murió ayer de un infarto cardiaco a los 79 años, según informó la misma institución.

A unas cuantas horas en que se dio a conocer la noticia, el consejo de administración de la compañía designó como nueva presidenta a su hija, Ana Patricia Botín.

“Es la persona (Ana Patricia) más idónea dadas sus cualidades personales y profesionales, su experiencia, su trayectoria en el grupo y su unánime reconocimiento nacional e internacional”, declaró la compañía mediante un comunicado.

Si hubiera que definir a la política económica del 2015 en una palabra clave, esa sería déficit.  

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha decidido incurrir en un déficit fiscal de 1 por ciento en el 2015, medio punto porcentual menos que en 2014.

Para el economista Marco Antonio Durán, si el Gobierno Federal realmente quiere resarcir la pérdida del poder adquisitivo que de 1980 a la fecha rebasa el 70 por ciento, el salario mínimo debería establecerse en 150 pesos diarios.

Los 80 pesos al día que tabula en promedio el sueldo de un trabajador en nada resuelve el problema, asegura.

“Porque ni siquiera alcanza para adquirir una canasta de 33 alimentos básicos”, advierte.

El economista propone a los legisladores subir a debate un nuevo índice para establecer el ingreso mínimo.

En lo que va del actual sexenio, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ha enfatizado en el discurso oficial sus planes y logros en cuestiones económicas, mientras que busca cambiar las imágenes de violencia y desorden con las que muchos países aún asocian a México.

La polémica en torno al aumento del salario mínimo va más allá de la pobreza y la inflación. 

En México, a diferencia de otros países, la cantidad de ingresos mínimo que debe percibir un trabajador por mandato legal es utilizado para medir otros temas económicos sin relación.

Los tres principales conceptos que dependen del salario mínimo son las multas, los créditos hipotecarios y las pensiones.

Todos los procesos administrativos o judiciales que terminan en una sanción pecuniaria se miden en base al salario mínimo.