Con el argumento de dar movilidad al Distrito Federal, una de las promesas de Miguel Ángel Mancera, la empresa Grupo IMU, que históricamente ha peleado el mercado del espacio urbano de la capital, se coló en el establecimiento de los nuevos corredores de transporte.

Sexenio tras sexenio, Grupo Imágenes y Muebles Urbanos (IMU) ha sostenido una constante batalla con la firma española Eumex, al disputarse la explotación de publicidad en los miles de parabuses y columnas de la Ciudad de México.

Primero los ciudadanos –y luego también las autoridades- se montaron sobre esta tendencia muy popular en países principalmente de Europa. La ciudad se “amsterdamizó”.

Chicos y chicas –que incluso nunca antes habían andando en bicicleta– se compraron la suya y salieron a las calles a conquistarlas.

Los políticos de izquierda dejaron el auto y posaron para la foto al lado de su velocípedo.

Hay en la Zona Metropolitana de Guadalajara un crecimiento desmedido en el número de automóviles: 2.4 habitantes por vehículo es lo que han señalado cifras como las del Colectivo Ecologista de Jalisco (CEJ).

El número de automóviles que circulan por la ZMG asciende al 1.8 millones, según la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet).

Los taxistas de la capital vuelven a poner el dedo en la llaga de lo que está ocurriendo en el Tribunal de lo Contencioso y Administrativo del Distrito Federal (TCADF) dirigido por Yazmín Esquivel Mossa, a quien acusan de servir a los intereses del Gobierno capitalino.

Primero fueron diferentes organizaciones vecinales del Distrito Federal quienes acusaron a la magistrada de actuar en contra de la queja vecinal y a favor de las autoridades capitalinas al desechar las quejas por la instalación de parquímetros en la delegación Benito Juárez.

La polémica por el servicio de transporte particular Uber arribó al Congreso local para ser regularizado, pero ya enfrenta cuestionamientos.

El diputado independiente Luis David Ortiz Salinas presentó el pasado 11 de junio una iniciativa en la que propone reformas a la Ley del Transporte para la Movilidad Sustentable del Estado de Nuevo León.