El incremento de la inseguridad y la tensión por la operación de nuevos rudos pareciera no importarle al alcalde de San Pedro, Mauricio Fernández.

Y es que el alcalde panista está disfrutando de una aventura por la selva del Amazonas en Perú, mientras los sampetrinos están sufriendo por la falta de una estrategia de seguridad en este municipio, uno de los más prósperos de México.

Cada fin de semana, la vida nocturna de los sampetrinos es trastocada por un nuevo Grupo Rudo del Municipio de San Pedro, que encabeza el alcalde Mauricio Fernández.

El equipo, integrado por policías con carrera militar y encubiertos, irrumpe en los antros con personal fuertemente armado en busca de detectar la venta de droga al menudeo.

Pero de manera inusual, inspeccionan las bolsas de las mujeres y hacen revisión corporal a los hombres.

Esto ha sido considerado por la clientela como denigrante, pues sienten que están violando sus derechos humanos.

El equipo del exalcalde de San Pedro, Ugo Ruiz, asegura haber reducido la deuda pública que recibió de su antecesor en el cargo, Mauricio Fernández, actual alcalde sampetrino.

Según información enviada a Reporte Indigo, los pasivos totales que recibió en su administración -incluyendo Asociaciones Público Privadas (APP)- ascendieron a mil 327 millones de pesos, un monto que se logró reducir por la renegociación de los contratos a 741 millones de pesos.

Regidores y líderes de opinión cuestionaron la decisión del alcalde de San Pedro, Mauricio Fernández de enviar a la Secretaría de Desarrollo Sustentable más de 100 expedientes de desarrollos.

Y es que para que un proyecto inmobiliario adquiera un permiso de construcción, primero deberá de obtener el visto bueno de la Secretaría, posteriormente por el Consejo Ciudadano, después el de la Comisión de Desarrollo Urbano, y por último el del Cabildo del Ayuntamiento que encabeza Fernández.

Un grupo de vecinos de San Pedro acudió ayer al Ayuntamiento para solicitar al alcalde Mauricio Fernández extender de siete a 30 días la consulta pública para realizar modificaciones al Reglamento Orgánico de la Administración Pública municipal.

Entre las reformas que contempla dicho reglamento están las de consolidar la figura de secretario General del municipio, además de desaparecer el Implan (Instituto Municipal de Planeación Urbana), que tiene como objetivo asesorar al Ayuntamiento en el tema de planeación urbana.