Redes de poder GDL: El consenso tras el desafuero de magistrado

Aunque no es usual que las fuerzas políticas de Jalisco encuentren puntos de consenso, sin duda que el desafuero del magistrado José de Jesús Covarrubias, denunciado por un presunto abuso sexual infantil, se ha convertido en uno de ellos, al grado de que ha trascendido la actual disputa entre el Gobierno estatal y la Universidad […]

Aunque no es usual que las fuerzas políticas de Jalisco encuentren puntos de consenso, sin duda que el desafuero del magistrado José de Jesús Covarrubias, denunciado por un presunto abuso sexual infantil, se ha convertido en uno de ellos, al grado de que ha trascendido la actual disputa entre el Gobierno estatal y la Universidad de Guadalajara (UdeG).

El propio gobernador, Enrique Alfaro, saludó la determinación de los legisladores contra el magistrado al asegurar que el Congreso local “hizo lo correcto”.

“Por unanimidad, votaron a favor de quitarle el fuero al magistrado José de Jesús Covarrubias, señalado de presunto abuso sexual infantil, y quiero reconocer a cada diputada y diputado, de todos los partidos, por esta decisión”, escribió Alfaro Ramírez.

Y no obstante que a Covarrubias Dueñas se le considera una pieza del grupo político que está al frente de la UdeG, también se sumaron al desafuero los legisladores Mara Robles y Enrique Velázquez, ambos pertenecientes al partido político Hagamos, que fundó subrepticiamente la casa de estudios para defender sus intereses –o mejor dicho, los del exrector, Raúl Padilla, su jefe máximo-.

“Fue grave, doloroso, indignante, indefendible, abominable. Fue desgarrador escuchar ayer los elementos que la Fiscalía integró. Los diputados no somos jueces, solo damos paso a la justicia”, expresó Mara Robles tras la sesión en que fue desaforado el magistrado. Mientras que Enrique Velázquez dijo que el Congreso ya hizo su trabajo en el juicio de procedencia, “ahora sigue que el MP acuse y un juzgado determine la culpabilidad o no del funcionario”.

LA JUGADA DE LEMUS

Hablando de magistrados, el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus, sorprendió con su anuncio de que había promovido dos denuncias penales, una en el ámbito federal y otra en el local, contra el magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), Armando García Estrada, por otorgar una suspensión provisional contra el arrendamiento de vehículos para la Policía de Guadalajara (un arrendamiento con sobreprecio, según Morena).

El munícipe se le fue con todo al magistrado García Estrada al declararle a la prensa que “por el enriquecimiento ilícito que ha logrado este magistrado merece estar en la cárcel”, pues son demasiadas anomalías que ha cometido.

¿Será García Estrada el siguiente en la lista?

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