El proceso de selección de la nueva presidenta del Instituto de Transparencia de Jalisco (ITEI), que está desahogando el Congreso del Estado, se ha complicado aún más ahora que se ha confirmado la interposición de una segunda demanda de amparo contra el mismo, en esta ocasión por parte del exconsejero de ese organismo, Héctor Ontiveros Delgadillo.

Si ya de por sí la demanda de amparo que había presentado la aspirante a llegar a ese cargo, Natalia Mendoza Servín, había sumido en la incertidumbre jurídica el procedimiento que están siguiendo los legisladores con esta nueva acción legal, quien llegue finalmente al puesto tendrá que estar consciente de que, en un momento u otro, podría ser removida del cargo (por cuestiones de equidad de género, debe ser obligadamente mujer).

Evidentemente el exconsejero Ontiveros Delgadillo no forma parte directa de la segunda convocatoria; sin embargo, el juzgado ante el que presentó su demanda, la aceptó, al considerar que el derecho de acceso a la información es una garantía colectiva –y no solo individual– que podría ser vulnerada con la elección que cocinan los legisladores, repleta de irregularidades, según los expertos.

Por cierto, ha llamado la atención que, a pesar de que universidades, especialistas y organismos empresariales, han solicitado que se cancele esta segunda convocatoria por las violaciones que presenta al marco legal del Estado, la misma esté siendo legitimada por uno de los miembros “ciudadanos” del Sistema Anticorrupción: Vicente Viveros Reyes.

Resulta que Viveros Reyes, quien forma parte del Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción, aceptó fungir como uno de los “especialistas” que evaluarán a las aspirantes a la titularidad del ITEI.

Denuncia contra Lemus Navar

Pues la regidora de Morena en Guadalajara, Candelaria Ochoa Ávalos, y quien formó parte del Gabinete de López Obrador, presentó una denuncia contra el alcalde tapatío, Pablo Lemus Navarro, por haber cometido presuntamente violencia política en razón de género, según lo expuso la fracción morenista.

Lo anterior, debido a que “el primer edil declaró en una entrevista, ante un periodista, que los regidores de Morena quizá pertenecían a un grupo del crimen organizado; esto, en respuesta a que nuevamente los miembros la fracción edilicia cuestionaron que la empresa proveedora del equipamiento policiaco había incumplido el contrato”.