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Por un lado, Amnistía Internacional (AI) propone legalizar la prostitución. Lo hace en un documento titulado “Borrador de la política sobre trabajo sexual”, cuyo planteamiento será sometido a votación por cerca de 500 delegados de más de 80 países.
Los votantes pertenecen a la influyente organización mundial de derechos humanos, quienes tomarán la decisión en su anual Reunión del Consejo Internacional, que se llevará a cabo este mes en Dublín.
Por otro lado, Hollywood y organizaciones defensoras de los derechos humanos manifestaron públicamente su rechazo contra la propuesta de la ONG de “adoptar una política que llama a la despenalización de los proxenetas, propietarios de burdeles y consumidores de sexo —los pilares de una industria sexual de 99 mil millones de dólares a escala global”.
Así lee la carta dirigida a AI, que entre sus 400 firmas se incluyen las de actrices como Meryl Streep, Emily Blunt, Kate Winslet y Emma Thompson.
Pero Amnistía Internacional argumenta “el deseo y la actividad asexual son una necesidad humana fundamental. Penalizar a aquellos que no son capaces o no quieren satisfacer esa necesidad a través de medios más tradicionalmente reconocidos y por consiguiente compran sexo, puede equivaler a una violación del derecho a la intimidad y socavar los derechos a la libertad de expresión y la salud”, señala un documento filtrado de 2014 sobre la intención de AI de adoptar una política que legalice el trabajo sexual.
Francis A. Boyle, profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Illinois y ex miembro de la junta directiva de AI en Estados Unidos, comentó a The New York Times que “la prostitución siempre ha sido considerada como un asunto interno y ahora Amnistía podría elevar al mismo a una cuestión de derecho internacional de los derechos humanos”.
“¿Por qué la resolución es tan amplia? Todo debería organizarse en torno a ese principio básico de la protección de las mujeres y niñas. Deberíamos estar protegiendo a los derechos humanos, y no el trabajo sexual”, agregó.
“Los trabajadores de sexo son particularmente vulnerables a las violaciones de los derechos humanos”, dijo este lunes un portavoz de AI a The Hollywood Reporter. “Este es un asunto importante que provoca una amplia variedad de respuestas. Aún estamos en el proceso de consulta y no hay decisiones que se hayan tomado”.
Si es ilegal, discrimina
AI plantear la adopción de una “política que busque el logro de la mayor protección posible de los derechos humanos de los trabajadoras sexuales, a través de medidas que incluyen la despenalización del trabajo sexual…”, señala el borrador.
Su justificación: “la evidencia disponible indica que la penalización del trabajo sexual es más probable que refuerce la discriminación contra aquellos que venden sexo, poniéndolos en un mayor riesgo de acoso y violencia, incluyendo el maltrata a manos de la policía”.
“Esto, a su vez, interfiere con y socava el derecho de los trabajadores del sexo a las intervenciones de salud y de salud pública, en particular la prevención del VIH, y sirve como un factor que contribuye a la denegación de acceso a la justicia, protección policial y el debido proceso legal, así como la la exclusión de las trabajadoras sexuales de las protecciones sociales como los servicios de salud, vivienda, educación y estatus migratorio”.
AI expuso evidencia de una reciente investigación sobre el impacto que tiene la penalización del trabajo sexual en los derechos humanos realizada entre septiembre de 2014 y el pasado mes de junio en países ricos, pobres y en desarrollo como Argentina, Hong Kong, Noruega y Papua Nueva Guinea.
De las entrevistas realizadas a más de 80 trabajadores sexuales, AI obtuvo cuatro hallazgos clave.
La criminalización del trabajo sexual
Agrava el estigma y la discriminación contra las trabajadoras sexuales.
Confiere impunidad a la policía para abusar de las trabajadoras sexuales y actúa como una barrera importante para la protección de las víctimas.
Los trabajadores sexuales
Más marginados suelen reportar los mayores niveles y las peores experiencias de la criminalización.
Son penalizados y negativamente afectados por una serie de leyes de trabajo sexual—no sólo aquellas en la venta directa de sexo.
No a los ‘pimps’
Entre las personas que firman la carta abierta que figuras públicas y organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos dirigen a AI están “sobrevivientes valientes del comercio sexual cuya autoridad de experiencia nos informa sobre los daños inevitables que el comercio sexual infligió sobre ellos (…)”.
La misiva reconoce a AI como la primera y más destacada organización de llevar el concepto de derechos humanos a la comunidad global.
“Aunque Amnistía tardó en entender que los derechos de la mujeres son derechos humanos y en incorporar este concepto a su misión, fue vista como un modelo para la movilización del público para asegurar que los gobiernos implementan los principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos”.
Sin embargo, señala el texto, el “‘Borrador de la política de trabajo sexual’ daña esta reputación histórica”, al proponer la “total despenalización de la industria del sexo, que en efecto legaliza el proxenetismo, la posesión de burdeles y la compra de sexo”.
La carta cita ejemplos de la “creciente evidencia” que muestra los “efectos catastróficos de la penalización del comercio sexual”, como el del gobierno alemán que eliminó la regulación de la industria de la prostitución en 2002. ¿El resultado? La industria del sexo no se hizo más segura para las mujeres. Al contrario, “el crecimiento explosivo de burdeles legales en Alemania ha detonado un aumento en el tráfico sexual”.
Otro caso reportado es el de Países Bajos, donde se ha visto un “aumento exponencial” en el tráfico de sexo que está directamente vinculado con la legalización de la prostitución hace 15 años.
Hasta el 90 por ciento de las mujeres en los burdeles de Ámsterdam son de Europa del Este, africanas y asiáticas que en su mayoría son frecuentadas por hombres de raza blanca.
“Sin una industria del sexo vibrante, no habría tráfico sexual”, sentenciaron.
Petición en change.org
La Coalición contra el Tráfico de Mujeres (CATW, por sus siglas en inglés) lanzó una petición en Change.org para invitar al mundo a firmar la carta abierta para votar en contra de la despenalización de proxenetas, propietarios de burdeles y compradores de sexo.
> La prostitución no debe legalizarse
La carta completa
> A legalizar la prostitución
Borrador de AI
