La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, señaló que se trabaja para fortalecer las instituciones de procuración e impartición de justicia para reducir los niveles de impunidad y lograr una justicia plena para todos.
En la conferencia de prensa matutina, indicó que también se busca evitar la reincidencia delictiva a través de la reincorporación social.
“El camino hacia el Estado de derecho pasa por este fortalecimiento de las instancias que procuran y que imparten justicia, el presidente López Obrador nos ha instruido para que este fortalecimiento del sistema pueda llegar avanzar para que todos tengamos una plena justicia”, dijo.
“Trabajar en la unidad todos los días para este fortalecimiento y que este sistema de justicia sea eficiente, asequible, confiable para todos los mexicanos y tengamos un sistema de justicia que contribuya en la disminución de los niveles de impunidad y de reincidencia delictiva a través de la reincorporación social”, expuso.
La secretaria de Gobernación comentó que si se logra dar una imagen fiel de la realidad se podrá apoyar a que se transforme el sistema de justicia en el país.
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Preliberan a 3 mil por COVID
Por la pandemia de COVID-19 se preliberó a 3 mil 322 internos de centros penitenciarios estatales, informó Paulina Téllez Martínez, titular de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia de la Secretaría de Gobernación.
En la conferencia de prensa matutina que encabeza Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, Téllez Martínez dijo que las preliberaciones fueron de abril de 2020 a enero de este año.
Manifestó que ha sido un esfuerzo de los gobiernos estatales, de los centros penitenciarios, de los tribunales y de las defensorías.
Téllez Martínez dijo que a través de análisis de casos en mesas de justicia de julio de 2019 a diciembre de 2020 se recibieron 2 mil 140 solicitudes y se logró la liberación de 96.
Los casos concluidos fueron 753 y se otorgaron 90 atenciones médicas en centros penitenciarios.
También se informó que han recibido mil 115 solicitudes de amnistía, de las cuales 942 son hombres, 173 mujeres y 67 son personas indígenas.
Explicó que son 750 casos relacionados con delitos contra la salud, 175 son delitos no procedentes y 769 se está en espera de información