Por la desaparición de siete policías federales y un civil en 2009 durante 2009, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a diversas autoridades de procuración de justicia por presuntas violaciones a derechos humanos.
Durante la cuarta sesión extraordinaria del Consejo Estatal de Seguridad Pública de Michoacán celebrada en 2009, se acordó que en diversos municipios de la entidad se nombraría a mandos de la Policía Federal como titulares de las áreas de seguridad pública municipal, incluido el municipio de Ciudad Hidalgo.
El mando de la Policía Federal designado, en compañía de otros seis elementos que cumplirían funciones de seguridad pública, se trasladaron en un vehículo presentado por un tercero y conducido por un civil, que llevaría a los agentes a su destino.
Durante el trayecto, los policías se comunicaron telefónicamente con sus familiares y posteriormente no se supo más del personal de la Policía Federal y del civil quienes hasta el momento se encuentran oficialmente desaparecidos.
“En el Centro de Mando de la Policía Federal se informó a los familiares que los servidores públicos estaban bien y que al lugar que llegaron no tenían señal telefónica, así como que no habían recibido alerta roja o informe de enfrentamiento alguno”, señaló la CNDH en un boletín.
La Comisión señaló aunque el estatus de los policías es el de desaparecidos, integrantes detenidos del grupo delictivo ‘La Familia Michoacana’ declararon ante el Ministerio Público que privaron de la libertad a las ocho personas.
“Privaron ilegalmente de la libertad a los siete policías federales y un civil, y posteriormente los mataron, para ello utilizaron armas de fuego, después lo quemaron, recogieron las cenizas y las tiraron a una presa”, indicó la Comisión.
La CNDH evidenció violaciones a derechos humanos en la investigación de los hechos, no se procuro la seguridad de los elementos de policía, además que los familiares de las víctimas fueron tratadas de manera déspota e insensible.
“Ellos tomaron sus decisiones, se fueron como quisieron y desobedecieron órdenes, ellos ya no pertenecían a la PF y que ya no era responsabilidad de esa institución lo que les pasara y que la responsabilidad era del presidente municipal”, fue la respuesta de las autoridades a los familiares.
La CNDH solicitó a la Procuraduría General de la República continuar la integración y perfeccionamiento de las averiguaciones previas para conocer el paradero de las personas desaparecidas, así como colaborar en la queja y denuncia que se formule en contra de los servidores públicos involucrados.
De igual forma, deberá capacitar a peritos y agentes del Ministerio Público de la Federación sobre derechos humanos y aplicación de diversos protocolos.
A la Comisión Nacional de Seguridad le solicitó reparar el daño a las víctimas, que incluya compensación y atención psicológica, así como inscribir a los policías federales desaparecidos en el Registro Nacional de Víctimas, además de colocar una placa visible al público en sus instalaciones en la que se destaque que dichos servidores estaban en ejercicio de sus funciones.
A la Secretaría de la Función Pública le solicitó capacitar al personal del Órgano Interno de Control en la Policía Federal que investiga irregularidades administrativas, para que sus resoluciones se apeguen a la legalidad y exacta aplicación de la ley.
También, colaborar con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la queja que presente ante esta dependencia contra autoridades responsables y se deje constancia de esta Recomendación en su expediente.
