La Audiencia Nacional de España confirmó la extradición de Alonso Ancira, propietario de Altos Hornos de México (AHMSA), a México, después de rechazar el recurso interpuesto por el empresario para evitarla.
En un auto con fecha del 11 de noviembre, el tribunal rechazó el recurso de súplica presentado por Ancira, contra el auto que acordaba su extradición por delitos de corrupción.
El empresario es acusado en México y España por delitos similares, lo que hace que concurra el principio de doble incriminación, los integrantes de la Audiencia Nacional de España decidieron entregar al acusado a la justicia de nuestro país.
Ancira está acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y uso indebido de atribuciones y facultades.
Estas acusaciones encajan en los delitos de cohecho, blanqueo de capitales, fraude e incluso en malversación de caudales públicos en España, por lo que el tribunal afirma que se refuerza la argumentación de la instancia de que no se vulnera el principio de doble incriminación.
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En el auto de la Audiencia Nacional se argumenta que Ancira participó en el blanqueo de capitales de Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), pagando por adelantado con transferencias desde Altos Hornos a las cuentas de Tochos Holdings, empresa ligada con Lozoya.
Este pago fue calificado por la justicia española como “dádiva de claro origen delictivo, pues el cohecho lo es, la contraprestación por la que espera y consigue el señor Lozoya, mediante la adquisición de una empresa obsoleta e inspirativa por un precio tres veces mayor de su valor en el mercado”.
También se descartó la prescripción alegada por la defensa, al considerar que tanto la Fiscalía como un juzgado mexicano entendieron que los hechos no han prescrito y por tanto no se debe quitar el rol de decidirlo a la justicia mexicana.
Otro de los argumentos de Ancira, quien acusa persecución política por parte del presidente Andrés López Obrador, también fue desechado por el tribunal español, que argumentó que se persigue un delito común de clara corrupción lo que produjo un enorme perjuicio económico a las arcas públicas mexicanas.
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— EL PAÍS México (@elpaismexico) November 13, 2020
