El ex superdelegado federal de Jalisco, Carlos Lomelí Bolaños, reveló que sus empresas Lomedic y Laboratorios Solfran obtuvieron amparos a su favor para dejar sin efectos las sanciones que les fueron impuestas por la Secretaría de la Función Pública (SFP) , que encabeza Irma Eréndira Sandoval Ballesteros.
El 13 de septiembre pasado, esa dependencia federal había comunicado las siguientes penas contras las firmas de Lomelí Bolaños: ‘La Secretaría de la Función Pública, a cargo de Sandoval Ballesteros, máxima instancia administrativa del Gobierno de México en la lucha contra la corrupción y la impunidad, ha resuelto imponer tanto a Lomedic, S.A de C.V como a Laboratorios Solfrán una multa por 1 millón 51 mil 500 pesos, además de inhabilitar a ambas empresas por 2 años y 6 meses’.
Ahora, sin embargo, Lomelí Bolaños asegura que sus empresas podrán seguir funcionando con regularidad, sin estar restringidas en sus funciones por la inhabilitación que les había impuesto la SFP:
“En su momento les vamos a hacer llegar todos los amparos que ya fueron dados a las empresas; las empresas van a poder seguir trabajando, pero era importante que todo esto se transparentara y se pusiera a disposición de los ciudadanos para que se vea que era una verdadera calumnia”, así lo expresó el ex superdelegado federal de Jalisco.
A Lomelí Bolaños se le ha señalado porque empresas con las que presuntamente tendría vínculos recibieron contratos de gobiernos de la 4T, incluyendo el Gobierno Federal; sin embargo, él asegura que se trata de una ‘calumnia’ que fue ‘impulsada y originada por Mexicanos Contra la Corrupción, originada en Jalisco’.
El también empresario farmacéutico aún no descarta la posibilidad de retornar al puesto que tenía como coordinador estatal de Programas para el Desarrollo en Jalisco, y el cual tuvo que dejar ante los señalamientos en su contra por presunto conflicto de interés, aunque precisa que acatará lo que determine finalmente el presidente, Andrés Manuel López Obrador:
“Vamos a seguir apoyando al Presidente, a la Cuarta Transformación y (estaremos) donde nos pida la gente que estemos”.
Cuando la Secretaría de la Función Pública emitió sus sanciones contra las empresas de Lomelí Bolaños, aseveró que estas habían sido “resultado de minuciosas investigaciones en las que se identificó que ambas firmas falsearon información al participar en contrataciones públicas”.
Y agregó: “Las dos empresas manifestaron que no contaban con ningún integrante que fuera servidor público, cuando en realidad una persona que en ese momento era diputado federal era integrante de las mismas, lo que incumple con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público”.
