La muerte de dos niñas y su madre así como daño a otras tres personas fue el saldo que se obtuvo luego de un ataque perpetrado contra civiles por elementos de la Secretaría de Marina (Semar).
De acuerdo con la Recomendación 4/2019 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el pasado 25 de marzo de 2018, elementos de la Marina dispararon contra una familia que viajaba en un automóvil en Nuevo Laredo, Tamaulipas, desde un helicóptero de la dependencia, incurriendo no solo en el uso arbitrario de la fuerza sino en violaciones al derecho a la vida, integridad personal y a la seguridad jurídica.
El ataque se da, según la versión de la Marina, durante un enfrentamiento contra presuntos integrantes de la delincuencia organizada; sin embargo, los disparos se dirigieron hacia vehículos y personas que no representaban peligro para el personal naval.
Además, el organismo señala que de acuerdo a entrevistas con testigos, una vez terminado el ataque, los marinos descendieron del helicóptero y se acercaron a ellos para luego retirarse del lugar sin brindarles auxilio, esto a pesar que el Manual del Uso de la Fuerza para las Fuerzas Armadas establece la obligación de procurar o permitir a las personas lesionadas atención médica o su traslado a la instalación sanitaria más cercana.
Contradicciones de Semar
De acuerdo con la investigación, los elementos de la Marina argumentaron que habían sido atacados con disparos de arma de fuego por lo que respondieron a la agresión, pero la CDNH constató que el helicóptero no presentaba daño alguno, por lo que el uso de la fuerza letal no cumplió con las características de legalidad, estricta necesidad y proporcionalidad.
También se explica que las autoridades de Semar argumentaron que la agresión a las víctimas fue producto de fuego cruzado en tierra aunque la investigación demuestra como los disparos se dieron de arriba hacia abajo.
Recomendaciones
La CNDH solicita a Semar que, en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), repare el daño a las víctimas sobrevivientes, incluya medidas de rehabilitación y se les inscriba en el Registro Nacional de Víctimas; mientras que para el personal naval se sugiere formar y capacitar al personal de la Unidad de Operaciones Especiales sobre los principios del uso de la fuerza, respeto a los derechos humanos, así como en materia de proximidad con la población civil.
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