Después de más de dos meses y medio de desacatar una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), los diputados locales aprobaron la creación de los Tribunales de lo Contencioso Administrativo Municipal.
Ayer, el Congreso del Estado votó esta iniciativa promovida por el Ayuntamiento de San Pedro hace dos años, pero dejó pendiente la creación de un capítulo para definir el “daño patrimonial”, solicitado por el mismo Municipio en la controversia constitucional.
Con las reformas, la Ley de Justicia Administrativa del Estado se convirtió en la Ley de Justicia Administrativa del Estado y los Municipios, donde se reconoce a estos órganos jurisdiccionales.
El ex alcalde de San Pedro, Mauricio Fernández, promovió las iniciativas después de varios casos en los que magistrados estatales otorgaron amparos a casinos y posteriormente fueron cesados de sus cargos.
Fernández insistió en que fueran los propios municipios los que resolvieran los conflictos con los particulares, en lugar de la intervención del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, ahora Tribunal de Justicia Administrativa.
Los tribunales municipales contarán con tres magistrados que durarán tres años en el cargo y podrán presidir el órgano por un año.
Los legisladores definieron que el sueldo de estos funcionarios será el de dos terceras partes del salario que perciba el alcalde del Ayuntamiento.
Reporte Indigo publicó en febrero que la Suprema Corte abrió la puerta para que los municipios puedieran tener sus propios tribunales.
El fallo de los ministros, que data de junio de 2012, facultó a los ayuntamientos para que cuenten con estos órganos y obligó al Congreso local a crear una nueva ley para reglamentarlos.
Sin embargo, los diputados desacataron la sentencia y consideraron que las reformas a las leyes serían suficiente para atender las exigencias de la Suprema Corte.
El plazo que tenían para crear ese nuevo ordenamiento terminó el 23 de diciembre de 2012 y muy apenas ayer cumplieron parcialmente con la resolución.
Y es que la Suprema Corte fue clara: ordenó a los legisladores a expedir una nueva ley para la creación de estos órganos donde se solucionarán conflictos administrativos.
